Polonia muestra que la descolonización de las instituciones siempre es sucia y dolorosa

Uno de los elementos más dañinos de la colonización de las instituciones es que revertir ese proceso es increíblemente complicado y normalmente alimenta la espiral de polarización que justifica la colonización en primer lugar, legitimando también una guerra total por el control de las instituciones como órganos del partido. Una vez un Gobierno ha corrompido las instituciones, llenándolas de sus fieles, cualquier operación para limpiarlas se convierte en increíblemente delicada. Y se está viendo en Polonia, donde el primer ministro, Donald Tusk, de Coalición Cívica, llegó al poder en diciembre con el objetivo de revertir los daños provocados al Estado de derecho por los ultraconservadores de Ley y Justicia (PiS) desde que llegaron al poder en 2015. El trabajo no está siendo sencillo.

Esa operación de Tusk, que se extiende desde los tribunales —donde las reformas judiciales del PiS pusieron en riesgo la independencia judicial, como consideró el Tribunal de Justicia de la Unión Europea— hasta la televisión pública —que se convirtió en un órgano de propaganda del Gobierno—, ha alcanzado su punto crítico esta semana, cuando dos diputados del PiS, sentenciados por abuso de poder, se escondieron en el palacio presidencial buscando la protección del presidente de la república, Andrzej Duda. La policía finalmente detuvo a los dos diputados y el presidente, un político del PiS que ha usado la plataforma de los ultraconservadores para su reciente reelección, ha cargado duramente contra Tusk, profundizando la crisis política que atraviesa el país.

Ahora las tornas han girado y es el primer ministro, que hasta hace pocos meses lideraba protestas en las calles polacas contra la deriva autoritaria del PiS, el que tiene que ver protestas contra lo que los ultraconservadores consideran una persecución política y un ataque a la democracia polaca. Duda asegura que la policía no debió detener a ambos diputados porque él había emitido un perdón presidencial a ambos políticos del PiS. El caso de los dos diputados es solamente el último y explosivo capítulo de la saga, pero muestra hasta qué punto ahora Ley y Justicia utiliza el argumento de la protección de la legalidad para evitar que Tusk deshaga el camino recorrido desde 2015. Ahora, Duda vuelve a utilizar la figura del perdón porque la vez anterior los perdonó antes de que fueran condenados, por lo que se dudaba de su legalidad.

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Hay otros ejemplos mucho más claros de la difícil tarea que el primer ministro polaco tiene por delante. Por un lado, en el plano político, porque una vez una institución es colonizada por fieles del partido del Gobierno, cualquier intento de sustituirlos o sacarlos de la misma es denunciada por el partido que antes estuvo en el poder como una politización de dicho organismo. Y, por otro lado, desde el plano técnico: la colonización permite un proceso mucho más lento y gradual, mientras que la descolonización es mucho más traumática y agresiva, encontrándose normalmente con una serie de garantías y límites que fueron diseñados para evitar una toma de control repentina y rápida de las instituciones, pero que curiosamente en muchas ocasiones juega a favor de los intereses de los que quieren corromperlas, al evitar que se pueda hacer una limpieza rápida, haciendo mucho más lento y progresivo el proceso de recuperación de la independencia del organismo.

Tusk lo ha comprobado, por ejemplo, con la televisión pública. Al poco de llegar al poder, buscó el desmantelamiento de la televisión y la agencia pública de noticias, tal y como se conocían, que estaban en manos de fieles del PiS que durante la campaña cargaron duramente contra el candidato opositor, en lo que muchos expertos consideran un ejemplo claro de desinformación dirigida, en contra de las leyes de medios de Polonia, que exigían una cobertura imparcial y objetiva. Pero para intentar liquidar el problema de manera rápida y efectiva, Tusk y los suyos utilizaron herramientas jurídicas similares al PiS, lo que ha hecho que un tribunal declare ilegal la primera operación para intentar desbancar a la anterior junta directiva, porque lo hicieron sin consultar al Consejo Nacional de Medios, una institución creada por el PiS en 2016 y que llenó de sus fieles.

El CNM tiene mandato hasta 2028, así como otra institución que regula los medios, controlada también por fieles del PiS. Así, para intentar desmontar el órgano de propaganda que es la televisión pública, Tusk se encuentra teniendo que lidiar con "garantías" y "contrapesos" que los ocho años de Gobierno del PiS les han permitido diseñar de cero (como el CNM) o controlar, como la reguladora estatal.

La difícil descolonización

Muchas normas democráticas fracasan a la hora de evitar la colonización de las instituciones cuando la polarización es tal que el objetivo principal de los partidos es controlar el Estado en contra de sus rivales. Porque esas normas se construyeron sobre la idea de que existe un mínimo consenso, y que dicho consenso incluye que no se van a utilizar esas mismas normas para destruir el sistema democrático y para intentar aniquilar al rival político utilizando todo el peso del Estado. Si uno cuenta con cuatro años, y especialmente si tiene más de una legislatura, muchas instituciones pueden ser controladas por un Gobierno que, con calma, vaya minándolas poco a poco. Los contrapesos y garantías diseñados para proteger las instituciones en muchas ocasiones solamente saltan cuando el intento de asalto a los organismos es repentino y rápido. Esa es una señal que las garantías institucionales entienden y traducen como un intento de liquidar su independencia, pero mientras la colonización sea gradual y poco a poco, ese ataque se produce por debajo del radar.

Sin embargo, y precisamente por esa misma razón, esas reglas hacen muy difícil una descolonización rápida de las instituciones. Una vez se trufa de fieles los organismos clave, un nuevo Gobierno que quiera cumplir con la ley y, por lo tanto, devolver la independencia a las instituciones, debe esperar pacientemente a que los mandatos, como el de la CNM, vayan concluyendo, o deben lidiar con el choque de la legitimidad del sistema democrático y de Estado de derecho con actores dentro del propio Estado, ahora colonizados, que utilizan cada recoveco de las leyes que ellos mismo han retorcido, para plantear una guerra a la vietnamita, resistiéndose desde dentro a cada cambio que intente impulsar el Gobierno, trinchera a trinchera.

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Al mismo tiempo, y desde fuera de las instituciones, aquellos que las han colonizado aprovechan el intento del nuevo Gobierno por limpiarlas para acusarles de intentar acabar con su independencia. Saben perfectamente que es eso lo que ellos mismos hicieron, y en muchos casos sus votantes saben que ellos han atacado la independencia de esas instituciones en primer lugar. Pero el objetivo no es otro que generar la sensación de que no existe la posibilidad de devolver la independencia a los organismos, sino que solamente se trata de ver quién consigue controlarlos. Escondida tras la máscara de la protección de la independencia, las protestas que estos días está protagonizando el PiS en las calles no es otra cosa que la escenificación de una lucha total por el control de las instituciones y del Estado como una herramienta de aniquilación contra el rival político.

También hay, además, una aplicación estricta del libro de estilo de Vladímir Putin, presidente ruso, y de su ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov: la política de la imitación. El PiS está haciendo justo lo que la oposición polaca liderada por Tusk ha hecho desde 2015: protestar en las calles contra el Gobierno, asegurando que ataca la independencia de las instituciones, y pedir a las instituciones internacionales, especialmente a la Unión Europea, que frenen al Ejecutivo. Mientras estaba en el Gobierno, el PiS se quejaba de estas prácticas de la oposición, pero ahora ellos mismos lo hacen.

La razón es sencilla. Muchos votantes creerán al PiS y su relato, pero muchos otros saben que no está en riesgo la democracia polaca. El objetivo real es deslegitimar a la oposición y vacunar a la sociedad civil de cara al posible siguiente ciclo político: si nosotros protestamos en la calle sabiendo que en realidad es solamente un instrumento político contra el Gobierno, cuando volvamos al poder los manifestantes opositores solamente serán el reflejo de lo que nosotros hacemos ahora, sus quejas estarán en realidad vacías.

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El consenso mínimo que requieren las normas democráticas relacionadas con el mantenimiento de la independencia de las instituciones ha desaparecido en Polonia, y empieza a sufrir en muchas otras democracias occidentales, como en Francia, Estados Unidos o, también, en España. Las instituciones son, en muchos de estos países, organismos a colonizar y controlar.

Una vez han sido colonizadas, el daño a las instituciones tiene un efecto multiplicador: incluso el intento por limpiar rápidamente las organizaciones —algo que no siempre ocurre, ya que muchos pueden sentir que está justificado ahora tomar ellos el control de las mismas, que es su turno— provoca daños, al crear el espejismo de una justificación para continuar con el proceso de colonización cuando haya de nuevo un cambio de Gobierno, especialmente si hay un contexto de enfrentamiento total, como en Polonia. La colonización de las instituciones es un proceso enormemente dañino que sigue provocando efectos negativos incluso en su proceso de resolución, como se está comprobando en el caso polaco.