La culpa de que no se pueda juzgar a Putin es también de EEUU (y Francia o Reino Unido)

El Tribunal Penal Internacional (TPI) empezó a funcionar en julio de 2002. La histeria fue tal en Estados Unidos, que se apresuró a enmendar ese mismo agosto la Ley de Protección del Personal de Servicio Estadounidense. Esta norma tiene el objetivo de intimidar a los países miembros del TPI para que jamás detengan a un militar estadounidense acusado de crímenes de guerra, de lesa humanidad, de un genocidio o una invasión a otro país. Y lo que es más: autoriza el uso de la fuerza militar para liberar a cualquier ciudadano estadounidense detenido por este tribunal, que tiene sede en Holanda. Esto le ha ganado a esta legislación el apodo de "cláusula de invasión de La Haya". Y los holandeses se lo tienen que comer con sus tradicionales patatas porque no son más que el país anfitrión.

Este tribunal tiene hoy, dos décadas después de su puesta en marcha, un total de 123 miembros. Pero entre ellos no están algunos de los más gordos: Estados Unidos, Rusia y China. Y los tres tienen, al menos presuntamente, un historial de crímenes internacionales que entran en la jurisdicción del TPI, pero hasta ahora la Oficina del Fiscal de este tribunal no se había atrevido a emitir una orden de detención contra ningún presidente o expresidente de estas potencias con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Hasta hace unos días, cuando el fiscal Karim Khan pidió el arresto de Vladímir Putin para que rinda cuentas por crímenes de guerra en Ucrania: en concreto, por la deportación forzosa de niños ucranianos a territorio ruso, donde están siendo nacionalizados y adoptados por familias rusas.

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Rusia no tiene una ley de "cláusula de invasión de La Haya", pero tampoco se anda con rodeos. "Todos estamos a merced de Dios y de los misiles", dijo Dmitri Medvédev, expresidente ruso, ahora vicepresidente del Consejo de Seguridad en Moscú. "Es completamente viable el empleo preciso de un misil hipersónico Ónix desde un buque ruso en el mar del Norte contra la sede del tribunal", escribió en Telegram. ¿No se metería así con la OTAN y empezaría una guerra mundial? "El tribunal es solo una organización miserable, no es la población de los países de la OTAN. Por eso no comenzarán una guerra. Tendrán miedo. Nadie lo lamentará. Así que, señores jueces, estén atentos al cielo". Medvédev mandó este mensaje muy claro a la TPI después de emitirse la orden de detención de Putin y de la comisaria presidencial de los Derechos de la Infancia de la Federación rusa, Maria Alekseievna Lvova-Belova.

A diferencia de Estados Unidos, que votó en 1998 contra del tratado del TPI, el Estatuto de Roma, Rusia sí lo llegó a firmar en el año 2000. Su ratificación en la Duma estuvo en el aire, o en algún cajón del Kremlin, durante muchos años. En 2016, cuando una sala del TPI condenó la anexión rusa de Crimea y la calificó de "ocupación" territorial, Moscú retiró esa firma, sin fecha de vuelta. Ahora, con la orden de detención, ha repetido que esta es "jurídicamente nula" y que el tribunal no es quién ni tiene ninguna jurisdicción sobre Rusia. "Ya nadie irá a los órganos internacionales, los acuerdos serán por separado. Todas las decisiones estúpidas de la ONU y sus estructuras se harán trizas. Comienza la caída tenebrosa de todo el sistema de relaciones internacionales", según Medvédev.

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A partir de ahora, Putin debe tener cuidado al viajar a los 123 países miembros de la TPI y alguno más como Estados Unidos, pero su detención no está garantizada, y no por miedo a que les caiga un misil supersónico. Primero, hay países que siguen siendo amigos de Rusia y no van a arriesgar sus relaciones para detener al presidente ruso y enviarle a La Haya. Segundo, Putin sigue disfrutando de la inmunidad que le otorga ser jefe de Estado, por lo que habrá quien priorice eso a la orden de detención en vigor emitida por el TPI. La única esperanza de esta Corte —que no es un tribunal de la ONU— es que haya un cambio de régimen en Moscú que esté totalmente en contra de la invasión rusa de Ucrania y detenga a Putin. Pero eso es más un escenario a largo plazo, o un deseo del TPI, que una posibilidad inmediata.

China ha estado muy activa en el proceso de redacción del Estatuto de Roma, aunque luego votó en contra porque, en ese momento, no compartía las definiciones de crímenes de guerra y lesa humanidad, ni aceptaba la jurisdicción de este tribunal para juzgar la invasión de un Estado a otro. Pero, sobre todo, China no se creía que el TPI fuera a ser ajeno a sesgos o interferencias políticas de ciertos países. Con el paso del tiempo, el país expresó su apoyo político al tribunal en varias ocasiones, pero nunca llegó a ratificar el tratado del TPI. Su reacción a la orden de detención de Putin resume su posición. El Tribunal Penal Internacional debe adoptar una "posición objetiva y justa" y evitar el "doble rasero". Además, le instó a respetar la "inmunidad de los jefes de Estado" como Putin, pero es bien sabido que el TPI es el único tribunal del mundo que puede juzgar a un presidente por crímenes graves como los de guerra, a pesar de estar aún en funciones.

Opinión

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El "doble rasero" del que habla China no es un misterio. El TPI ha tenido las manos atadas con los presuntos crímenes de guerra de Estados Unidos en Afganistán o en Irak. Las consecuencias se vieron hace dos años, cuando la que era fiscal del TPI, Fatou Bensouda, decidió iniciar una investigación sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Afganistán. Las partes acusadas eran los talibanes, los ejércitos afgano y estadounidense, y los servicios secretos afganos y estadounidenses. Sin distinción. A los estadounidenses se les acusó en concreto de maltratar, torturar y humillar a prisioneros, especialmente entre 2003 y 2004, lo que supone un crimen de guerra y de lesa humanidad. Y la fiscal dijo entonces que ningún país está por encima de la ley, ni siquiera una potencia mundial como Estados Unidos, lo que el Pentágono entendió como una declaración de guerra, reavivando viejos miedos.

¿Qué hizo Washington? Revocar el visado de Bensouda y sancionar a empleados del TPI, incluidas la incautación de sus activos y una prohibición de entrada, a ellos y sus familiares. Y no es una cuestión de ideologías políticas en Estados Unidos. Cuando se anunció la investigación, tanto demócratas como republicanos expresaron su temor a que militares, agentes secretos y civiles estadounidenses sean condenados en un juicio "injusto y políticamente controlado". "El TPI está demostrando ser una organización burocrática ineficaz que apunta al personal estadounidense, así como al personal de nuestros aliados", aseguró un portavoz. Acusó al tribunal de mala conducta "al más alto nivel", dijo que había indicios de corrupción dentro de la Corte y, curiosamente, sugirió que Rusia y otros países poco amigos de Estados Unidos podrían "interferir" en la investigación del TPI. Las mismas palabras que ahora usan China y Rusia para rechazar la investigación a Putin por crímenes de guerra.

El TPI no investiga a un país, sino la "situación en un país". Eso significa que, por ejemplo, en el caso de Ucrania, no investiga a Rusia, sino que investiga la comisión de crímenes de guerra en territorio ucraniano por quienes participan en el conflicto armado, sean rusos o ucranianos, pertenezcan a un régimen o a otro. La idea es que hay que respetar las leyes que rigen durante la guerra, los convenios que protegen a los civiles y sus infraestructuras durante un conflicto armado, las normas que definen el trato a los prisioneros o que prohíben torturas, asesinatos selectivos o violencia sexual. Y eso se aplica a rusos y ucranianos por igual. Como se aplicaba a estadounidenses y afganos en Afganistán, o incluso se refleja en la investigación abierta en la TPI por crímenes de guerra en Cisjordania y la Franja de Gaza, en que se acusa al Ejército israelí, pero también a miembros de Hamás y otras milicias palestinas.

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Estados Unidos no ha tenido que recurrir hasta ahora a la famosa "cláusula de invasión de La Haya" porque jamás se ha llegado a detener a un militar o civil estadounidense por crímenes de guerra. Ni siquiera se han emitido órdenes de detención como las de Putin o Lvova-Belova. Esa ley prevé también retirar la asistencia militar estadounidense a los países que ratifiquen el tratado del TPI y restringe la participación de los estadounidenses en las misiones de mantenimiento de paz de Naciones Unidas, a menos que Washington obtenga inmunidad permanente por lo que fuera a ocurrir durante las misiones. Y podrá tomar cualquier acción si está justificada en el "interés nacional", lo que incluye invadir La Haya para sacar de la cárcel a sus soldados e impedir que sean juzgados en este tribunal.

La ley se la debemos a George Bush, que la promulgó en 2002 para dar rienda suelta a la fuerza militar sin escrutinio judicial del TPI. Ahora bien, otra disposición de la misma ley autoriza a Estados Unidos a "ayudar" en los esfuerzos internacionales y del TPI para llevar ante este tribunal de La Haya a los acusados de crímenes internacionales. Es decir, justicia para todos, menos para mis propios crímenes. Algo que la comunidad internacional le ha reprochado a Estados Unidos durante años. Y ahora, con la cuestión rusa, el debate vuelve a estar sobre la mesa. Esto es sobre los crímenes de guerra. El crimen de agresión es otro debate, ya que cuando se estableció el tribunal, Francia y Reino Unido limitaron la jurisdicción de la Corte en este sentido para evitar que los Estados miembros, como ellos, fueran procesados por invasión militar de otro país. El TPI tiene desde 2018 jurisdicción activa sobre este crimen, pero solo si los dos países son miembros. Y como ni Ucrania ni Rusia lo son, la invasión queda fuera de su territorio, de momento.