España baja hasta el puesto 32 en la clasificación mundial de libertad de prensa

En medio de tanto “caos informativo”, como lo denomina Reporteros sin Fronteras (RsF), España ha retrocedido tres puestos en la clasificación mundial de libertad de prensa. Desciende, en concreto, hasta el puesto número 32, pese a que el clima de violencia contra los periodistas se ha relajado con la desactivación del conflicto catalán y a que no se ha visto tan afectado como otros países en manifestaciones contra las restricciones de la pandemia. No obstante, sostiene el informe, que se presenta hoy con ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa, “crece la polarización política en los medios, y persisten leyes y actuaciones judiciales cuestionables”. La elaboración del informe ha sufrido algunos cambios metodológicos, lo que explica también en parte la nueva posición de España.

El informe recuerda que la derogación de los artículos más polémicos de la ley mordaza se encuentra ya en trámite parlamentario, si bien las fuerzas de seguridad siguen usando su capacidad sancionadora contra la prensa. Preocupa, igualmente, la proliferación de procesos judiciales sobre violencia policial a periodistas, en los que los jueces conceden todo el peso a la versión de los agentes, así como la imputación a periodistas de supuestos delitos de revelación de secretos que se traducen en prácticas intimidatorias para silenciar la voz de determinados medios por parte de gobiernos y empresas.

La propia Comisión Europea ya ha puesto en marcha una iniciativa, denominada Slapp (Strategic Lawsuit Against Public Participation) destinada a mejorar la protección de los periodistas y los defensores de los derechos humanos frente a los procedimientos judiciales abusivos. Recientemente, Iberdrola ha presentado una demanda contra Titania, grupo editor de El Confidencial, por una supuesta intromisión ilegítima en el derecho al honor, por la cobertura de las investigaciones sobre las presuntas relaciones entre el grupo eléctrico y el comisario José Manuel Villarejo. La eléctrica reclama 17,6 millones.

Demanda contra El Confidencial

Este punto llama la atención de RsF, que recuerda la existencia de acciones judiciales abusivas interpuestas contra los periodistas con fines a menudo intimidatorios y por presunta revelación de secretos o delitos contra el honor, como en el caso de 'ElDiario.es' (caso Máster, Cristina Cifuentes), 'Infolibre' (denunciado por Teodoro García Egea y Javier López Miras, presidente de la Comunidad de Murcia) o El Confidencial (demanda millonaria de Iberdrola).

La Justicia española, sostienen los autores del informe, suele ser garante de la libertad de prensa y hacerla prevalecer en casi todos los casos, de acuerdo a la doctrina del Tribunal Constitucional, pero el fin de las acciones judiciales abusivas o Slapp no es tanto lograr una condena difícil contra la prensa en democracias consolidadas como 'enredar' a los periodistas en procesos largos, farragosos y, sobre todo, costosos.

Opinión

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El informe de RsF destaca que la fuerte concentración de los medios privados se traduce en cierta opacidad sobre las influencias reales que ejercen los propietarios sobre los agentes públicos. Esta falta de transparencia afecta también a las inversiones en publicidad de las administraciones públicas y de las grandes compañías españolas. Considera, igualmente, que la existencia en la legislación de delitos punibles con cárcel como los de “ofensa a los sentimientos religiosos”, “injurias a la Corona”, “ataques a los símbolos del Estado” o “enaltecimiento del terrorismo” han llevado en el pasado a atropellos contra la libertad de expresión. El Congreso de los Diputados admitió, en 2021, estudiar su despenalización.

El informe de este año considera que en esta ocasión la esfera pública no es tan responsable de las carencias de la libertad de prensa como la privada. En su opinión, una excesiva concentración (especialmente audiovisual) hace muy difícil la aparición de nuevos medios alternativos, que deben luchar ferozmente contra las cabeceras más asentadas por suscriptores a su vez afectados por la situación económica. En materia de seguridad de los periodistas, España (35º) está claramente mejor calificada que Francia (85º), Alemania (91º) o Reino Unido (49º).

Noruega, en cabeza

En cuanto al marco legal, la puntuación de España la coloca en posiciones de cabeza de la UE (12º), sin tener en cuenta las reformas en curso ya mencionadas, pero aún no ratificadas. Sin embargo, cae a las últimas posiciones de la UE en contexto económico para los medios y periodistas, teñido de naranja oscuro en el indicador, es decir, calificado de “problemático”.

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Noruega se mantiene en cabeza de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, pero Europa cuenta con escenarios muy dispares que tienden a acentuarse. Países antaño comunistas, como Estonia (4º) y Lituania (9º), entran en el ‘top 10’ de los mejor clasificados del mundo, mientras que Países Bajos (28º) sale de este grupo selecto. Grecia (108º), por su parte, releva a Bulgaria (91º) a la cola de Europa.

Estas evoluciones dispares reflejan tres tendencias destacables: primero, el regreso de los asesinatos de periodistas en suelo de la Unión Europea, no solo en México, aunque con muchísima menor intensidad. Giorgos Karaivaz, en Grecia, y Peter R. De Vries, en Países Bajos (28º), fueron abatidos fríamente, al más puro estilo mafioso, en el corazón de dos metrópolis europeas. Mientras, los autores de los asesinatos de Daphne Caruana Galizia, en Malta (78º), y de Jan Kuciak, en Eslovaquia (27º), perpetrados antes de 2020, todavía no han sido condenados, pese a que ambos países han realizado ciertos progresos en la lucha por la justicia y las reformas en pro de la libertad de prensa.

Por otra parte, los periodistas han sido asimilados erróneamente a las autoridades y han tenido que hacer frente a una hostilidad virulenta por parte de manifestantes contrarios a las medidas de lucha contra el coronavirus. Esta violencia se ha traducido en un elevado número de agresiones físicas en Alemania (16º), en Francia (26º), en Italia (58º) y en Países Bajos (28º), así como en insultos y amenazas de toda índole y en todo el continente.