España hace un guiño a Marruecos y apuesta por recurrir la sentencia sobre el Sáhara Occidental

El ministro de Agricultura, Luis Planas, lo dejó caer el pasado miércoles, su homólogo de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, lo afirmó con más claridad el domingo: España va a recurrir las sentencias del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que invalidan los acuerdos de asociación y pesca entre la UE y Marruecos.

Tras considerar que el Frente Polisario es el legítimo representante de los saharauis, el TGUE anuló el miércoles sendos acuerdos porque incluyen, mediante extensiones, al Sáhara Occidental que no pertenece a Marruecos y que fueron además suscritos sin que la población autóctona de esa antigua colonia española fuera consultada.

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Planas, exembajador en Marruecos, invitó, el 29 de septiembre, a las instituciones europeas a estudiar el texto de las sentencias y presentar los pertinentes recursos judiciales como si España, a través de la Abogacía del Estado y de los servicios jurídicos de Exteriores, no tuviera capacidad para actuar por su cuenta al menos en lo concerniente al acuerdo de pesca.

Su colega Albares fue más explícito en una entrevista con 'La Voz de Galicia'. “En todo caso, España va a defender los intereses de la flota española”, afirmó. “Marruecos es un caladero muy importante para la flota gallega, andaluza y canaria”, prosiguió. “No le quepa la menor duda de que el Gobierno defenderá los intereses de todos nuestros pescadores”.

Si España recurre ante la Corte de Justicia de la UE es por dos motivos. Trata así, primero, de hacer un nuevo guiño a Marruecos que se añade a la salida del Gobierno, en julio, de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, convertida en la “bestia negra” de Rabat, según opinan fuentes diplomáticas no oficiales. El gesto español debería ayudar a superar la crisis bilateral que desencadenó Rabat hace ya diez meses.

El recurso ante una instancia jurídica superior permitirá también ganar tiempo. El TGUE dio un plazo de dos meses para la aplicación de su sentencia, pero en caso de recurso se alargará hasta conocer el nuevo fallo, aproximadamente un año más. Durante ese tiempo los 128 pesqueros de la flota europea -90 de ellos españoles- podrán seguir faenando en aguas de Marruecos y del Sáhara. De estas últimas extraen el 92% de sus capturas, según reveló la Comisión Europea.

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La diplomacia española puede impulsar el recurso de dos maneras. Primero votando en el Consejo de Ministros de la UE a favor de que esta institución tome esa iniciativa. Segundo, instruyendo a la Abogacía del Estado, que durante el juicio peleó codo con codo con las asociaciones marroquíes contra los letrados del Frente Polisario, que interponga un recurso contra la anulación del acuerdo de pesca. El Estado español no se personó en el juicio sobre el acuerdo de asociación, que es ante todo agrícola. Francia sí lo hizo.

No es del todo seguro que exista una mayoría en el Consejo de Ministros -en la práctica, la decisión se toma a nivel de embajadores ante la UE- a favor de interponer los recursos. La ministra sueca de Asuntos Exteriores, Ann Linde, recordó el miércoles que Suecia quiere “que los acuerdos de la UE se ajusten a la ley internacional”.

Otros cuatro Estados miembros (Alemania, Finlandia, Dinamarca e Irlanda) solo dieron en 2019 su visto bueno a los acuerdos que se iban a suscribir con Marruecos porque los servicios jurídicos de la Comisión Europea les convencieron de que respetaban escrupulosamente la legalidad. Las sentencias demuestran que no ha sido así. En el caso, improbable, de que el Consejo de Ministros de la UE no recurra, la diplomacia española no actuaría en solitario por la vía de la Abogacía del Estado. Renunciaría a apelar el fallo del TGUE, según vaticinan fuentes diplomáticas.

Si la Corte confirma, a finales del año próximo, la sentencia del TGUE del miércoles, la flota europea deberá salir de las aguas del Sáhara, según aseguran fuentes jurídicas conocedoras del conflicto. Sólo podrían permanecer si la Unión Europea negociase directamente con el Frente Polisario un acuerdo para explotar los mejores bancos pesqueros del Atlántico. Consciente de que el TGUE ha afianzado su status como representante legal de los saharauis, el movimiento independentista se ofrece a ello en todas y cada una de las declaraciones que hace desde el miércoles 29.

La UE no entablará, sin embargo, en conversaciones con el Polisario. Hacerlo provocaría una crisis mayúscula con Marruecos y correría incluso el riesgo de desestabilizar a su monarquía, algo que Francia y España, sus dos principales valedores, quieren impedir a toda costa. Estas dos potencias europeas evitarán incluso aprovechar la derrota judicial marroquí para presionar a Rabat para que negocie de verdad con el Polisario una salida para el conflicto del Sáhara. Rabat arrastra los pies y por eso hace dos años y medio que las dos partes no se han reunido.

Desde la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al Gobierno, en 2004, la diplomacia española se ha volcado con discreción en ayudar a Marruecos en el conflicto del Sáhara. Se ofreció en 2008 a asesorarle para elaborar una propuesta sólida de autonomía para ese territorio; contribuyó en 2013 a abortar la iniciativa de EEUU de ampliar el mandato de la Minurso (contingente de la ONU) para que tuviera competencias en materia de derechos humanos; desde 2015 pelea a su lado ante la Justicia europea para que ésta no invalide los acuerdos suscritos entre la UE y Marruecos.

Marruecos buscará, probablemente, dentro de un año socios alternativos para la pesca en las aguas del Sáhara, potencias menos escrupulosas de la legalidad internacional, pero es difícil que nadie le ofrezca las mismas condiciones ventajosas -económicas y de formación de sus trabajadores- que las que obtuvo de la UE.