"Usaron munición real": la violencia en Colombia alarma a la ONU y la UE

La violencia extrema con que las fuerzas de seguridad colombianas reprimieron a los manifestantes que protestan contra la —ya retirada— reforma tributaria del Gobierno, la cual ha dejado un mínimo de 19 muertos, recibió la condena de la comunidad internacional este martes. Mientras tanto, en el interior de Colombia, los reportes de los fallecidos, de los más de 800 heridos y de las 87 personas que continúan desaparecidas han arrojado gasolina al fuego de la indignación de unos disturbios que se han transformado en un grito generalizado contra la pobreza y la brutalidad policial. Ni siquiera la renuncia del ministro de Hacienda de Colombia, Alberto Carrasquilla, quien propuso la reforma fiscal, tuvo un efecto disuasorio en las manifestaciones.

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EFE

Responsables de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Cali, una de las ciudades donde se han producido más incidentes violentos, fueron testigos de que las autoridades "utilizaron munición real, golpearon a manifestantes y realizaron detenciones", denunció la portavoz de la oficina, Marta Hurtado. Los cuerpos de seguridad colombianos han ejercido un "excesivo uso de la fuerza" durante la ola de protestas, agregó, pidiendo calma de cara a la convocatoria de manifestaciones para el próximo 5 de mayo.

También la Unión Europea dijo, a través del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano, que "los actos de violencia apuntan contra los derechos legítimos a manifestarse, a la libertad de reunión y de expresión". Stano también pidió poner fin a la escalada de la violencia y expresó la "confianza" de la UE en las instituciones colombianas para "investigar y llevar a la cárcel a los responsables de cualquier abuso y violación de los derechos humanos". Por su parte, la ministra española de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, se limitó a afirmar que el Gobierno está siguiendo "con gran preocupación los acontecimientos" en Colombia, llamando a las partes "a la calma, al cese de la violencia y al diálogo como manera de reconducir discrepancias que puedan existir en Colombia en estos momentos". Mucho más enfático fue Manu Pineda, eurodiputado de Unidas Podemos, quien escribió una carta al alto representante de la Unión para Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell, solicitando "que facilite el envío de una misión europea a Colombia" para garantizar los derechos humanos de los manifestantes.

Dimisión sin efecto

La renuncia del ministro Carrasquilla el pasado lunes no sirvió para aplacar a los manifestantes durante la sexta jornada de protestas contra el Gobierno. El ex responsable de Hacienda, quien estaba en el cargo desde el 7 de agosto de 2018, cuando comenzó el mandato del presidente, Iván Duque, se convirtió en el villano de la actual crisis por la dureza del fracasado proyecto de reforma fiscal, que fue la chispa que prendió el fuego de las manifestaciones la semana pasada. Para reemplazarlo, Duque nombró como nuevo titular del ministerio al hasta hoy encargado de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, un economista y académico que también acompaña al mandatario desde el inicio de su Administración.

El comienzo de las manifestaciones contra la reforma fiscal se remonta a un año y medio atrás, en noviembre de 2019, pero estas vivieron un fuerte resurgimiento la semana pasada tras un año de pandemia que ha empobrecido a miles de familias colombianas. La medida hubiera golpeado especialmente a la clase media y a la baja debido a la ampliación de la base tributaria y al cobro del IVA del 19%. El lunes se repitieron las protestas en ciudades como Medellín, Bogotá y, sobre todo, Cali, donde se han producido bloqueos que, según informa la prensa local, han provocado un desabastecimiento de la ciudad, ya que las entradas y salidas al núcleo urbano han permanecido inaccesibles durante los últimos seis días de protestas.

La movilización no da señales de cesar: el Comité Nacional de Paro ha convocado para este miércoles una nueva jornada de protestas. Además, las organizaciones estudiantiles y los sindicatos que forman este comité han pedido "desmilitarizar las ciudades". Entre sus demandas, figura la negociación de su plan de emergencia que incluye retirar la reforma a la salud y una renta básica de un millón de pesos colombianos (220 euros), informa 'El Espectador'.

El dilema de Duque

La masivamente impopular reforma fiscal que el Gobierno de Duque ha abortado tenía una importante razón de ser: la necesidad de mejorar la recaudación del Estado para paliar la grave crisis económica que afronta el país. El covid-19 provocó el año pasado una contracción del 6,8% del PIB colombiano, la mayor debacle en los últimos 50 años, y un incremento de la tasa de desempleo por encima del 20%. Porque aunque el presidente cuenta con el respaldo de expertos en economía y organizaciones financieras internacionales en su defensa de la necesidad de aumentar los impuestos, la población golpeada por las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia se niega en redondo.

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La necesidad de un equilibrio entre estos dos problemas, la falta de recaudación y el sufrimiento de los colombianos, fue expresada por el propio Carrasquilla al anunciar su renuncia. "De un lado, es indispensable que se dé continuidad a los programas de protección social y económica que empezaron a expirar desde el pasado marzo. De otra parte, en ausencia de una reforma gradual y ordenada de la tributación, la estabilidad macroeconómica del país se vería seriamente comprometida", indicó el exministro.

Mientras busca la forma de cuadrar este círculo económico, Duque también debe encontrar la manera de contener una ola de protestas cada vez más fuera de control. La propia ONU ha indicado que numerosos actos violentos también están siendo cometidos por los manifestantes. La policía colombiana asegura que en muchos casos fueron sus agentes los que fueron atacados al intentar evitar el saqueo de comercios o el incendio de vehículos, y las autoridades del país afirman que más de la mitad de los heridos a raíz de las protestas son agentes de seguridad. El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, ha indicado que "grupos armados ilegales" se han infiltrado en las manifestaciones y que son los responsables del caos y el vandalismo.

Sin embargo, en el país hay un reclamo generalizado hacia Molano por las graves denuncias que recaen sobre agentes a los que se ha visto incluso disparar a quemarropa contra manifestantes. La policía es objeto de serias acusaciones que incluyen ataques sexuales, violencia física y detenciones arbitrarias. Además, es señalada como la responsable directa de la muerte de los manifestantes, en su mayoría, gente joven.