Al menos 16 muertos en Colombia durante las protestas contra la reforma fiscal de Duque

Las protestas y desórdenes de los últimos cinco días en Colombia en contra del cuestionado proyecto de reforma tributaria, ya retirado por el Gobierno, dejan al menos 16 muertos y más de 700 heridos, según ha informado este lunes la Defensoría del Pueblo. De acuerdo con los datos de la institución, que no dio detalles sobre la identidad de las víctimas ni las circunstancias de las muertes, en las agitadas jornadas también "han resultado heridos 254 civiles y 457 policías", pero otras fuentes dan cifras mayores tanto de fallecidos como de lesionados.

Las protestas comenzaron el pasado miércoles de manera pacífica en las principales ciudades del país, pero los hechos de vandalismo y desmanes en lugares como Cali, Ibagué, Medellín y Bogotá han aumentado la tensión social.

El presidente, Iván Duque, anunció el domingo el retiro del polémico proyecto presentado el 15 de abril por el Ministerio de Hacienda y solicitó al Congreso tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos para así evitar la incertidumbre financiera.

Durante las manifestaciones se han documentado "726 detenciones arbitrarias, seis actos de violencia sexual y 27 homicidios

El Comité promotor de las protestas ha dado este lunes una rueda de prensa en la que la segunda vicepresidenta de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), Martha Alonso, ha ofrecido unas cifras de fallecidos más altas que las de la Defensoría. "Al momento tenemos 1.089 casos de violencia policial, dentro de los cuales hemos podido identificar al menos 124 heridos de violencia", expresó.

Alfonso agregó que durante las manifestaciones han documentado "726 detenciones arbitrarias, seis hechos de violencia sexual, 27 homicidios, 12 jóvenes han perdido sus ojos", y que "a más de 45 defensores de derechos humanos se les ha limitado su posibilidad de ejercer ese trabajo".

Denuncias de abuso policial

A falta de datos oficiales, la ONG Temblores ha alertado además de que durante los cinco días de protestas han sido asesinadas 21 personas, 92 han sido víctimas de violencia física por parte de la fuerza pública y otras 672 han sido detenidas arbitrariamente. La organización investiga la muerte de ocho manifestantes presuntamente atacados por policías y ha documentado cuatro denuncias de violencia sexual por los que son señalados miembros de la fuerza pública.

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Sobre esas denuncias, el director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, ha asegurado este lunes en una rueda de prensa que hay 26 investigaciones preliminares con las que se pretende aclarar las circunstancias de los homicidios y las agresiones físicas, así como determinar si en esos casos los uniformados de la institución han tenido alguna responsabilidad.

En esa misma intervención, el ministro de Defensa, Diego Molano, ha eludido dar detalles sobre las muertes pues, según ha dicho, "debe ser la Fiscalía General la que determine como autoridad responsable y competente cuáles de las víctimas de estos días están asociadas específicamente" a las protestas. "Lamentamos la muerte de todas las personas que han estado en estas manifestaciones y que por producto de la acción criminal de los vándalos han perdido su vida", ha asegurado el ministro. Las autoridades han registrado 540 policías y 306 civiles heridos durante las protestas.

La reforma tributaria aumentaba los impuestos mediante la ampliación de la base tributaria y el cobro del IVA del 19% a los servicios públicos

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha asegurado, por su parte: "Tras cinco días de protestas mayoritariamente pacíficas, no hemos tenido ningún fallecido ni herido por arma de fuego, pero sí lesionados" en la ciudad.

La reforma tributaria aumentaba los impuestos mediante la ampliación de la base tributaria y el cobro del IVA del 19% a los servicios públicos, entre otras cuestionadas medidas. Con el proyecto, el Gobierno aspiraba a recaudar 23.400 millones de pesos (unos 6.302 millones de dólares) para mejorar el estado de las finanzas púbicas y dar continuidad a los programas sociales para los más pobres, cuya demanda ha aumentado con la pandemia de covid-19.