Atrapados en la transición: las protestas en Túnez y el peligro de la represión

A lo largo de los últimos años, las protestas se han convertido en un factor recurrente de la vida pública tunecina. Sin embargo, las manifestaciones que están teniendo lugar en este momento en el país cuentan con un mayor peligro que en años anteriores debido a varias circunstancias. Túnezse está recuperando de un brote de covid-19 que debilitó su de por sí frágil economía. Al mismo tiempo, las luchas políticas internas han imposibilitado la aprobación e implementación de reformas sistémicas muy necesarias. Además, las protestas y la dura respuesta de las fuerzas de seguridad han coincidido con el décimo aniversario de la llamada ‘Revolución de los Jazmines’, la cual dio inicio a la Primavera Árabe. Esta fecha señalada ha incrementado las tensiones en todas las direcciones y ha impulsado el riesgo de una escalada violenta.

Si bien Europa no puede hacer mucho a corto plazo para ayudar a Túnez con sus problemas económicos o su disfunción política, la reciente represión de las manifestaciones debería impulsar a la Unión Europea a centrarse en los problemas de seguridad del país. La UE cuenta con la influencia necesaria para denunciar la represión estatal. A largo plazo, el bloque debería hacer un mayor esfuerzo para ayudar a los tunecinos a reformar el sector de seguridad.

Protestas persistentes

Las protestas comenzaron a mediados de enero. Su origen fueron los suburbios pobres de la capital, pero rápidamente se expandieron a otras ciudades. La principal queja de los manifestantes es el amplio abanico de problemas económicos del país, como la alta tasa de desempleo, la pobreza, la desigualdad, el estancamiento, la corrupción y el alto costo de vida, así como la represión estatal y el confinamiento anunciado recientemente.

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La policía reprimió las protestas de inmediato. Algunas de las manifestaciones han sido violentas, con tiendas y bancos saqueados, carreteras bloqueadas, edificios públicos asaltados, neumáticos quemados y negocios clausurados. En la provincia de Tataouine, los manifestantes intentaron bloquear un oleoducto en El Kamour, pero el ejército se lo impidió. La dura respuesta de las fuerzas de seguridad —que incluyó el uso de cañones de agua, barricadas y arrestos— provocó nuevos disturbios. Como resultado, Túnez está presenciando enfrentamientos violentos entre policías y manifestantes que recuerdan a la ‘Revolución de los Jazmines’.

Si bien este malestar civil está motivado en gran medida por los agravios económicos, fue catalizado por el anuncio del primer ministro el pasado 14 de enero de un confinamiento total de cuatro días. Las autoridades afirmaron que la medida fue diseñada para controlar la propagación del covid-19. Sin embargo, algunos manifestantes argumentaron que probablemente era parte de un intento de silenciar las protestas, dado que coincidió con el décimo aniversario de la revolución. Los disturbios que tuvieron lugar a continuación se vieron alimentados por la represión policial de las primeras protestas, que los manifestantes ven como un peligro a las libertades civiles alcanzadas después de 2011.

Malestar económico

Las quejas económicas de los manifestantes han sido constantes durante la última década, ya que el Gobierno no ha podido abordar las raíces socioeconómicas de la revolución de 2011. De hecho, las perspectivas económicas de Túnez son incluso peores que hace una década, ya que las debilidades de su economía se han visto exacerbadas por la pandemia.

Los confinamientos han provocado una contracción económica y el aumento del desempleo, los precios y la pobreza, además de una ralentización de la producción y una disminución de los recursos estatales. El Gobierno ha aprobado medidas para mitigar estos problemas, como exenciones fiscales, transferencias de efectivo a los trabajadores de la economía informal y paquetes de apoyo para grupos vulnerables, pero los obstáculos administrativos y la realidad económica de Túnez obstaculizan su implementación. El déficit fiscal persistentemente alto del país, por ejemplo, creció hasta un estimado del 11,5% del PIB en 2020. El desempleo, que sigue siendo una de las principales mechas de las protestas, fue más alto en 2020 de lo que había sido durante los últimos siete años anteriores, alcanzando el 16,3% en el tercer trimestre del año.

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El reciente descontento popular está ligado a un llamado del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que el Gobierno tunecino controle el déficit presupuestario mediante el recorte del gasto en salarios y subsidios y la reestructuración de empresas estatales. El ministro de Finanzas de Túnez anunció que seguiría las recomendaciones del FMI y los medios de comunicación estatales informaron que el Gobierno planeaba reducir el número de horas de trabajo del sector público como método para recortar gastos.

Lucha política

La difícil situación económica de Túnez se ha complicado todavía más debido a las intensas luchas políticas internas, las cuales han paralizado el proceso político. Las diferencias ideológicas dentro de un Parlamento profundamente fragmentado, así como entre el presidente y el liderazgo del Gobierno, dificultan la obtención de un consenso político sobre las reformas sistémicas necesarias.

Recientemente, la tensión se ha disparado entre el presidente Kais Saied, por un lado, y el primer ministro Hichem Mechichi y el presidente del parlamento Rached Ghannouchi, por el otro. Ghannouchi, que es el líder del autodefinido partido "democrático musulmán" Ennahda, busca cambios en la constitución y la ley electoral de Túnez para transformar el sistema político en uno plenamente parlamentario. En consecuencia, el partido que obtenga la mayor parte de los votos en una elección legislativa (como lo hizo Ennahda en las elecciones de 2019 y 2011) tendría la autoridad total para nombrar al primer ministro. Los cambios propuestos por Ghannouchi reducirían la presidencia a un papel simbólico.

Además, el presidente y el primer ministro han estado luchando por el control de ministerios clave desde septiembre. La disputa entre ambos alcanzó su cenit el 16 de enero, cuando Mechichi propuso una reorganización del gabinete sin consultar a Saied. El presidente se opuso al nombramiento de varios ministros y se negó a jurarlos, alegando que estaban acusados ​​de corrupción y de conflicto de interés. La aprobación de la reorganización por parte del Parlamento el 26 de enero planteó la posibilidad de que Saied pudiera tomar medidas para disolverlo, o que el grupo parlamentario pro-Mechichi intentara destituir al presidente. El 15 de febrero, Mechici intentó poner fin al estancamiento destituyendo a cinco ministros y encomendando temporalmente sus funciones a otros miembros del Gobierno.

Las luchas políticas internas de Túnez cuentan con otra capa de complejidad por la participación del poderoso Sindicato General de Trabajadores de Túnez, que está alineado con Saied y que se opone a la propuesta de Mechichi de privatizar empresas estatales.

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Perspectivas de futuro

A medida que las fuerzas de seguridad chocan con los manifestantes, existe el riesgo de que la represión, que ha involucrado detenciones arbitrarias, allanamientos de viviendas y violencia policial, se vuelva más extrema. Hasta el momento, las autoridades han detenido a más de 1.400 personas, el 30% de las cuales son menores de edad, y un manifestante ha fallecido. Algunos de los detenidos son periodistas, lo que plantea preocupaciones sobre la libertad de expresión y la censura estatal. A corto plazo, la represión podría llevar a un ciclo de retroalimentación de la violencia en el que la respuesta policial provoque más protestas, lo que a su vez podría desencadenar una actuación más violenta de las fuerzas de seguridad, etcétera. También existe el riesgo de volver a caer en las costumbres del pasado, con una represión a gran escala.

Para aliviar estas tensiones, el Gobierno deberá controlar urgentemente a las fuerzas de seguridad. Y los líderes políticos tunecinos, especialmente el primer ministro, tendrán que abordar los recientes incidentes de violencia policial. En primer lugar, deberán hacer una declaración pública clara de que la brutalidad policial no está permitida. En segundo lugar, tendrán que cumplir sus promesas de investigar imparcialmente los abusos, incluida la muerte de Haykal Rachdi. El Gobierno también tendrá que ordenar a las fuerzas de seguridad que dejen de usar gases lacrimógenos de manera excesiva o indiscriminada. Será difícil controlar a la policía, dado que las fuerzas de seguridad están respaldadas por sindicatos poderosos. Sin embargo, a largo plazo, Túnez necesita una reforma de sus fuerzas de seguridad.

Los políticos europeos tienen la influencia necesaria para criticar la represión policial en Túnez.

Europa, uno de los principales patrocinadores financieros y políticos de la transición democrática de Túnez, puede ayudar al país a abordar sus problemas de seguridad. Túnez es el país tercero que ha recibido la mayor cantidad de apoyo per cápita de la UE. En conjunto, este respaldo ascendió a 1.900 millones de euros en ayudas y 800 millones de euros en préstamos entre 2014 y 2020. A pesar de las críticas internas a las condiciones vinculadas a la ayuda financiera de la UE (como las medidas de austeridad), las debilidades económicas de Túnez continúan provocando que el país sea dependiente de la ayuda europea. Además, en el marco de la Política Europea de Vecindad, un factor prioritario de la ayuda bilateral de la UE a Túnez es la promoción de la buena gobernanza y del Estado de derecho. Por lo tanto, los políticos europeos tienen la influencia necesaria para criticar la represión policial en Túnez.

La UE también puede ayudar a los responsables tunecinos de la toma de decisiones a desarrollar un plan realista de reforma de la seguridad mediante el lanzamiento de una asociación estratégica e inclusiva en torno a la cooperación en materia de seguridad que podría beneficiar a ambas partes. A través de esta asociación, la UE podría proporcionar a Túnez capacitación en seguridad, como lo han hecho Estados miembros como Francia y Alemania, al tiempo que promueve conversaciones sobre la reforma del sector. Es importante destacar que dicha asociación debe involucrar no solo a los funcionarios gubernamentales sino también a los actores de la sociedad civil.

*Artículo publicado en el European Council on Foreign Relations por Yasmina Abouzzohour y titulado 'Caught in transition: Tunisia's protests and the threat of repression'