El fatídico caso de Perú: hacerlo 'todo bien' contra el covid-19 y ser de los más afectados

Al igual que España, Perú creó en mayo un ingreso básico temporal llamado bono familiar universal. El pago, de 760 soles (unos 200 euros), beneficiaba a 6,8 millones de personas y suponía una rápida reacción por parte de Lima para ayudar a los más desfavorecidos por la crisis del coronavirus. Sin embargo, esa medida, celebrada como una buena reacción, terminó convirtiéndose paradójicamente en uno de los factores que multiplicaron los casos de infección. Es solo un ejemplo gráfico del fatídico caso peruano: cómo a pesar de ser uno de los países que mejor se prepararon para la llegada de la pandemia en América Latina, cumpliendo prácticamente toda la 'receta' que había ido funcionando en otros países, ha terminado sumido en uno de los peores brotes epidémicos de la región, hoy día descontrolado.

Perú decretó una cuarentena general y cerró sus fronteras el 16 de marzo, con 71 contagiados confirmados de coronavirus y ningún fallecido. Los militares y la policía salieron a la calle para garantizar un estricto confinamiento, de los más férreos del mundo. “Que salga una persona, o máximo dos, para el tema abastecimiento”, pidió entonces el presidente, Martín Vizcarra, después de cerrar los sectores no indispensables y restringir la actividad económica del país.

La estrategia parecía exitosa, al menos en sus primeras etapas. El país andino contaba 1.746 contagiados casi tres semanas después, el 4 de abril, y era alabado internacionalmente por sus medidas para frenar la pandemia. Pero era la calma antes de la tempestad. El coronavirus comenzó a expandirse de forma preocupante en abril, y acabó desatando su fuerza en mayo. Hoy, Perú cuenta más de 183.000 contagios —unos 4.000 nuevos al día— y más de 5.000 fallecidos por covid-19.

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Durante los primeros días de distribución de las ayudas en metálico ofrecidas por el Gobierno peruano, se registraron grandes colas frente a entidades bancarias y estatales, creando así un foco epidémico que facilitó la expansión del virus. A pesar de que se crearon opciones digitales para gestionar los cobros, solo el 38% de los adultos tiene una cuenta bancaria, lo que impidió la pronta recepción del subsidio y obligó al desplazamiento a la población más vulnerable. Las debilidades estructurales del Estado se han mostrado con más fuerza en las zonas rurales. Las comunidades amazónicas intentaron aislarse por completo para evitar los contagios, pero finalmente también tuvieron que movilizarse para acceder a las ayudas.

“La poca bancarización está ligada a la informalidad de la economía. A esto debe sumarse que el sistema financiero privado casi no llega a la periferia de las principales ciudades ni a las zonas rurales, o lo hace de forma limitada", explica Iván Lanegra, profesor de Ciencias Políticas en la PUCP y en la Universidad del Pacífico. "Esto obliga a utilizar otros medios, incluyendo la banca estatal”. La muralla construida para frenar la expansión del virus se vino abajo como un dique de arena mojada.

Las largas colas a la hora de la entrega del bono familiar universal son solo un resultado de otros factores sistémicos que los expertos coinciden en señalar: las condiciones previas de pobreza y la baja inversión en sanidad pública, además de factores culturales, como motivos de la expansión de la pandemia a partir de abril. “El 70% de los peruanos desempeña sus labores en el sector informal y vive del ingreso diario. Un tercio del comercio es ambulante. Las ayudas del Gobierno pudieron mitigar su pobreza temporalmente, pero la necesidad del trabajo diario hizo inviable la restricción de la movilidad”, comenta Eduardo Félix Aramburú, profesor principal de la Pontificia Universidad Católica de Perú, a El Confidencial.

Vendedores ambulantes, jardineros, mecánicos, transportistas y otros sectores quedaron apenas sin ingresos con el estricto confinamiento decretado. El 40% de los trabajadores en el país son, además, autoempleados. Dependen exclusivamente de sí mismos para subsistir. Muchos de ellos usan el transporte público, que habría sido otro foco de contagio. “La gran mayoría de los trabajadores vulnerables se traslada en hasta tres vehículos públicos, la mayoría en furgonetas donde se reúnen de 12 a 16 pasajeros y que no cuentan con ningún protocolo de seguridad”, relata Aramburú.

“Nosotros hemos intentado que los comerciantes y la población restrinjan sus salidas y también evitar el ingreso de las personas que no pertenezcan a nuestra comunidad”, expone, vía telefónica, Omar Montes, médico del pequeño consultorio de la comunidad nativa Bellavista de Callarú, en el Amazonas peruano, cerca de la triple frontera con Colombia y Brasil, donde viven unas 3.000 personas, la mayoría indígenas ticuna.

Y continúa: “Lastimosamente, con el subsidio de bono familiar, la población opta por salir a Santa Rosa, donde hay un banco, porque nuestra comunidad no cuenta con otra institución del Estado, como instituciones financieras o agentes. Somos solamente el puesto de salud como parte del Estado”, relata el médico. Ir a Santa Rosa, la capital peruana de la Triple Frontera, no es sencillo. Hay que recorrer un afluente durante algo más de dos horas, difícil de transitar en época de bajo caudal, antes de salir al río Amazonas, donde la travesía continúa durante al menos otra hora más.

Además, el municipio está frente a Leticia, en Colombia, y Tabatinga, en Brasil, que son dos importantes focos de contagio. Solo en la localidad colombiana se han registrado más de 1.000 casos de coronavirus y medio centenar de muertes. Bellavista ha registrado ya siete muertos con coronavirus, según Montes, que no puede hospitalizar a sus pacientes más graves, al no tener camas en su puesto de salud. Los envía a su casa, donde la familia ha de aislar al enfermo.

Sin oxígeno

“Nosotros, como profesionales, no hemos tenido ningún apoyo por parte del Estado. Ni tampoco regional. Ninguna autoridad ha llegado. Estamos abandonados a nuestra suerte, pero gracias a Dios el personal de salud estamos luchando día a día con los pacientes que tenemos graves. Lo poco que tenemos lo priorizamos con los pacientes que realmente lo necesiten”, relata el médico.

Las deficiencias en el sistema público de salud han sido especialmente señaladas durante la crisis. Algunos hospitales ya han declarado a medios locales estar seleccionando pacientes para su atención y descartando a otros. Desde Iquitos, la capital del norte del Amazonas, de unos 500.000 habitantes, han llegado imágenes de personas siendo atendidas en los patios de los hospitales, por falta de espacio.

Escasea, sobre todo, el oxígeno. Las comunidades más remotas sufren para conseguir bombonas, indispensables para tratar los casos graves, y cuando las encuentran, han de adquirirlas a un precio muy elevado. La inversión pública de Perú en salud supone un 3,3% del PIB anual, la segunda menor de la región, solo por encima de Venezuela, que destina un 0,8% de su PIB, según datos de la Organización Panamericana de la Salud recogidos en 2016.

Las condiciones socioeconómicas del país andino también explican la crítica situación en otro de los grandes focos de contagio: los mercados. Apenas el 49% de los hogares peruanos tiene frigorífico. La nevera, indispensable para conservar alimentos, más, si cabe, en cuarentena, solo es usada por el 21,9% de las familias pobres. Eso hace que millones de ciudadanos se vean obligados a salir a comprar alimentos frescos prácticamente cada día.

Por ende, la actividad en los frenéticos mercados peruanos no se detuvo durante la cuarentena. Aunque el uso de mascarilla era obligatorio para ingresar a los recintos, mantener la distancia de seguridad era difícil. Las imágenes de la gente esperando horas frente a las zonas de comercio fueron relativamente normales. El resultado es que en lugares como el mercado de frutas de La Victoria, en Lima, resultó contagiado hasta el 86% de los vendedores.

“Los mercados son centros de abastecimiento no solo al por menor sino para otros comerciantes, y sus precios son desde un 30% a un 50% más bajos que los supermercados. Los alcaldes demoraron en reaccionar en el control sanitario de los mismos, todo marzo y abril”, lamenta el profesor Aramburú. Muchos de quienes no tienen nevera viven, además, en casas donde no cabe un alfiler. El 30% de los hogares peruanos sufre de hacinamiento, dificultando ostensiblemente el distanciamiento físico.

Éxodo al pueblo

La pobreza, además, generó durante abril un éxodo a la inversa, cuando centenares de miles de peruanos salieron, en muchas ocasiones caminando, desde la ciudad a sus pueblos de origen. La cuarentena les había dejado sin ingresos para pagar el alquiler en Lima y otras grandes ciudades. Muchos llegaron a dormir en la calle, y escaparon al campo en cuanto pudieron. Las carreteras del país se llenaron de personas, adultos y niños, cargando maletas.

Pero no solo las condiciones sociales han sido un factor para la expansión de la pandemia. Los expertos también creen que ha habido cierta desobediencia debido a la idiosincrasia peruana. “Hay factores culturales para no obedecer las normas oficiales, como la desconfianza y la baja legitimidad del Gobierno en general por el tema de la corrupción de Odebrecht, que copó los medios año y medio antes de la pandemia, la baja percepción de riesgo y una cultura de vivir en la calle, sobre todo en varones jóvenes y en las zonas más cálidas del país, como la costa norte y la Amazonia, donde la curva sigue creciendo”, comenta Aramburú.

Martín Vizcarra, de tendencia centrista, gobierna desde marzo de 2018, cuando dimitió el presidente Pedro Pablo Kuczynski, con quien compartía formación política, tras ser relacionado con la corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, que pagó miles de millones de dólares en sobornos a políticos latinoamericanos a cambio de concesiones de obra pública.

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El antecesor de Kuczynski, Ollanta Humala, ha pasado varios meses en prisión preventiva por haber presuntamente cobrado dinero de la constructora. El antecesor de Humala, Alan García, se suicidó el año pasado cuando estaba a punto de ser detenido por el mismo caso. El antecesor de García, Alejandro Toledo, se encuentra prófugo de la Justicia, en EEUU, por haber supuestamente cobrado millonarias coimas. El antecesor de Toledo, si salvamos la breve presidencia transicional de Valentín Paniagua, es el autócrata Alberto Fujimori, preso por crímenes de lesa humanidad. El predecesor de Fujimori es el mismo Alan García, quien entró a la presidencia en 1985. Desde esa fecha, todos los presidentes peruanos han tenido graves problemas con la Justicia, disminuyendo la credibilidad de los políticos entre la población.

Pero los problemas no son solo de los gobernantes. La líder opositora, Keiko Fujimori, hija del autócrata, ha pasado varios meses en prisión preventiva, recientemente, también por supuestos cobros ilegales de Odebrecht. Vizcarra está logrando mantenerse alejado de los escándalos, abogando por limpiar la política —llegó a cerrar el Congreso y celebrar elecciones legislativas extraordinarias—, y su gestión es apoyada por el 80% de los peruanos, que también están a favor de la cuarentena, aunque menos que al inicio.

“La sociedad nota el esfuerzo que hace el Estado de atender la emergencia, a pesar de los múltiples problemas que enfrenta. Sin embargo, es evidente que es necesario realizar ajustes y cambios, lo que resulta muy difícil dadas las escasas capacidades estatales que existen en Perú”, comenta el profesor Lanegra. El país andino es el segundo Estado latinoamericano con más cifras de contagios y muertes con covid-19, solo superado por Brasil, donde el Gobierno federal ha denostado las medidas de confinamiento horizontal y las cuarentenas han sido administradas por los ejecutivos regionales.