Bienvenidos al antiguo laboratorio de armas químicas de Estados Unidos

Una bandada de coloridos loros se posa sobre las palmeras mientras algunas iguanas y jabalíes emergen de la espesa vegetación para remojarse en un mar turquesa. Bajo la arena tal vez hay una bomba de gas mostaza o cualquier agente nervioso. Las paradisíacas playas de la isla San José, a unos 80km de tierra firme panameña, es uno de los mejores escondites para evadirse del mundo. También el rincón ideal que Estados Unidos escogió como laboratorio de armas químicas durante la Segunda Guerra Mundial. Las condiciones de clima y flora tropical se asemejaban a las de la costa japonesa, donde se pretendía utilizar ese armamento.

Entre 1944 y 1947, el Ejército estadounidense -en coalición con Canadá y Reino Unido- realizó 128 pruebas en las que arrojaron 31.267 bombas de fosgeno, cloruro de cianógeno, así como gas mostaza, según estudios del Fellowship Of Reconciliation (FOR), centro norteamericano de investigación con un siglo de recorrido. Los documentos oficiales del llamado ‘San Jose Project’, sin embargo, apenas contemplan 18 pruebas donde se usaron 4.397 municiones químicas.

Al menos un 10% de los explosivos de esa época no llegaban a detonar, por lo que todavía quedarían alrededor de 3.000 armas químicas en la isla, según cálculos de FOR. No fue hasta 2001 que las autoridades panameñas encontraron algunos de esos residuos enterrados. El ‘San Jose Project’ fue uno de los secretos mejor guardados por el Pentágono.

Tras el hallazgo de esas bombas químicas y gracias al acceso a los archivos del Departamento de Defensa canadiense, el periódico 'Ottawa Citizen' destapó nueva información sobre los ensayos. En la isla se testaron agentes venenosos y gas mostaza en decenas de soldados norteamericanos y puertorriqueños con el objetivo de probar los efectos en distintos tipos de piel, como luego narraron algunos supervivientes.

Una aparente joya del Pacífico

Cuando se desmantelaron los laboratorios a contrarreloj (en apenas un mes), muchos de los artefactos químicos fueron arrojados al mar, tal y como indican los informes de la Administración canadiense, cuyos científicos señalaron que “las deposiciones de gas mostaza podrían haberse quedado en el subsuelo o en una de las ciénagas de la isla. Si es así, la contaminación de gases tóxicos podría permanecer hasta hoy en día”. No obstante, el Departamento de Defensa estadounidense mantiene que ese armamento químico ha perdido sus efectos nocivos: “No se identificó gas mostaza en ninguna de las municiones evaluadas (las ocho bombas químicas desactivadas en 2017)”, responde a 'El Confidencial'.

El islote del archipiélago Las Perlas quedó desocupado durante casi dos décadas hasta que en 1965 la compró el multimillonario Earl Tupper, creador del tupperware. Diez años después uno de sus empleados sufrió graves quemaduras de origen desconocido y Tupper vendió la isla a un grupo de inversores de Florida, que en los ochenta frenó la construcción de un casino al encontrar residuos metálicos sospechosos.

En los noventa se construyó un resort de 14 cabañas, la Hacienda del Mar, cuya decena de empleados son los únicos habitantes actualmente. El hijo del propietario de la isla -un magnate panameño- asegura vía telefónica que “los gases son inertes después de 70 años, no existe ningún peligro” y los informes sobre las contingencias “los realizaron empresas interesadas en ser contratadas para su descontaminación”. Tras la limpieza de las ocho bombas químicas, el pasado año se realizó una nueva tasación que elevó el precio de venta de esta aparente joya del Pacífico a los 246 millones de euros -antes con los artefactos costaba 211 millones-: la quinta isla más cara del mundo. Pero, tras ponerse en venta desde hace al menos una década, todavía no ha aparecido comprador.

Experimentos químicos en todo el istmo

Los impenetrables experimentos del 'US Army' no se limitaron sólo al islote, sino que se extendieron por todo el istmo durante el siglo pasado. Según datos recopilados por Lindsay Polland, autor del libro 'Emperadores en la Jungla: la historia oculta de Estados Unidos en Panamá', entre 1953 y 1957 se realizaron nuevas pruebas con gas mostaza y materiales tóxicos en Cerro Tigre, a escasos 30km de la capital panameña, mientras que durante los 60 se llevaron a cabo ejercicios con minas cargadas del agente nervioso VX, hoy considerado por Naciones Unidas como arma de destrucción masiva. Esta vez los ensayos se encaminaban a medir las opciones bélicas en la guerra de Vietnam.

El exmarine Ricky Stauber, a quien el Departamento de Defensa estadounidense encomendó un estudio sobre el impacto ambiental de las bases militares en el canal, denuncia que “hubo muchas prácticas cuestionables (en ese estudio)”, como “omitir datos descaradamente y rechazar la autorización para visitas de terreno habituales”. Además de la isla San José, asegura que se empleó uranio empobrecido y se almacenó gas mostaza en el polígono de tiro de Piña (centro), así como municiones fuera de las tres áreas de entrenamiento, pero sus superiores le ordenaron que excluyese dichas evidencias del estudio.

Miles de municiones sin explotar

Además del legado químico, la presencia estadounidense en Panamá desde principios del siglo XIX dejó centenares de miles de municiones sin explotar (MUSE). Incalculables. Solo en la cuenca oeste del Canal de Panamá (unas 22.000 hectáreas) se estiman alrededor de 100.000 artefactos enterrados, según estudios del investigador John Lindsay Polland. En la entrada del polígono Piña, el más contaminado del país, hay centenares de casquillos de fusil y pistola.

“Aquí queda una cantidad considerable de proyectiles, cohetes, morteros, todo tipo de granadas, bombas de 500 libras (unos 226 kilos)”, apunta a este diario José Carrión, uno de los vigilantes. La frondosa vegetación eleva el riesgo de pisar algún explosivo, como la impoluta granada de mano que se esconde entre los primeros arbustos del camino. Por eso Carrión prefiere detenerse.

“Es un peligro. Tenemos un problema con los cazadores que se meten al área, pero como no tenemos personal, apenas cuatro guardias para dos turnos, hacemos lo que podemos. Salimos a patrullar y poco más”, reconoce sobre las dificultades para proteger a la población. Se calcula que unos 90.000 panameños se exponen a esta amenaza al habitar en zonas colindantes a los polígonos de tiro. El perímetro de la base de Piña ni siquiera está cercado, apenas hay algunas oxidadas barreras para vehículos con un letrero de advertencia: ‘EXTREMO PELIGRO. EXPLOSIVOS NO DETONADOS. NO ENTRE. DO NOT ENTER’.

El polígono de tiro de Piña queda a unos 10km del humilde municipio de Escobal, de unos 2.000 habitantes, malditos por la proximidad a esa área de entrenamiento militar de Estados Unidos durante la ocupación de Panamá (1989--99). Georgina Magallón perdió a su hijo de nueve años, Luís Carlos Zamora, por uno de esos artefactos. Recuerda con detalle aquel 2 de abril de 1994: “Estaba en la casa de al lado y cuando oí la explosión, supe que era él”. Su hijo jugaba con unos amigos en un solar cercano cuando Oriel, de doce años, golpeó el trasto metálico contra el suelo sin saber que se trataba de un mortero.

En esa época los lugareños canjeaban refrescos por comida con los soldados estadounidenses, “seguramente alguno se trajo esa bomba y la abandonó allí, estaban por todas partes”, señala Georgina a El Confidencial. En el pueblo murieron varias de las al menos 35 víctimas mortales por MUSE en todo Panamá.

A menudo los lugareños se adentraban en la selva para buscar algunos alimentos. “Salió a por unos platanitos y cuando no volvía, ahí pensé que ya la bomba lo mató”, asegura otra vecina, Blascina Santamaría, sobre el estallido que mató a su hijo Sabino Rivera en 2005. La mujer de 80 años tuvo que hacerse cargo de los diez nietos que quedaron huérfanos. Según ella, unos abogados norteamericanos le prometieron diez millones de dólares–, pero nunca supo más de esa oferta.

EEUU elude su responsabilidad

Estados Unidos ha eludido su responsabilidad durante dos décadas, pese a conocer la letalidad de la problemática, como revela un documento ‘clasificado’ del Departamento de Estado recabado por El Confidencial a través de WikiLeaks, fechado el 2 de noviembre de 2004: “Las áreas donde queda artillería sin detonar no son apropiadas para el desarrollo y deben ser permanentemente acordonadas al acceso humano (...) La reciente construcción de una carretera al oeste del Canal aumenta la posibilidad de que la población sea herida o muerta por las MUSE en estas áreas”.

El mismo telegrama de la entonces embajadora norteamericana en Panamá, Linda Watt, para preparar la visita del secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, también muestra la debilidad de los gobiernos panameños de turno para presionar a la Casa Blanca por tratarse de un estrecho aliado: “Pese a esto (quejas de los panameños), creemos que el actual Gobierno de Panamá no volverá un asunto los polígonos, temiendo que al hacerlo vaya a dañar las relaciones bilaterales”.

El Tratado del Canal de Panamá (1977) contempla la obligación de EEUU de limpiar totalmente 3.175 hectáreas. Sin embargo, Washington insiste en el cumplimiento de sus compromisos de ese acuerdo bilateral. “Según nuestro acuerdo con Panamá, no hay planes para que el gobierno de EEUU realice una descontaminación adicional en el país. El gobierno de Panamá ha llevado a cabo sus propios despejes y puede hacerlo en el futuro si lo consideran necesario, como lo hicieron en el pasado”, afirma el Pentágono a este diario en el cuestionario respondido a través de su embajada en Panamá.

Tras las reiteradas reclamaciones panameñas y la polémica por el hallazgo de las armas químicas en San José, finalmente la Administración de Obama aceptó en 2013 descontaminar (parcialmente) la isla. Las labores se ejecutaron cuatro años después con la destrucción de ocho bombas químicas de entre 500 y 1.000 libras (de 230 a 450 kilos), tan sólo las que se descubrieron a nivel superficial una década antes. EEUU se desentendió del resto del territorio que sigue plagado de artefactos explosivos.

Un puñado de civiles para miles de hectáreas

La veintena de voluntarios son en su mayoría exmilitares que combatieron contra la invasión estadounidense

El Ministerio de Seguridad panameño, apoyado por la Organización de Estados Americanos (OEA), impulsó en abril del pasado año un programa que encomendó a una organización civil la labor de despeje. Una de las principales tareas de PA.NA.MA (Fundación de Parques Naturales y Medio Ambiente) consiste de entrada en señalizar correctamente los antiguos campos de entrenamiento militar.

Las actividades del proyecto se realizan en la región central de Río Hato, donde se ubica otro de los polígonos de tiro. La veintena de voluntarios de PA.NA.MA son en su mayoría excombatientes de las Fuerzas de Defensa panameñas que combatieron contra la invasión estadounidense. Tras una breve plegaria, el equipo se atavía con gafas de plástico y guantes para iniciar la búsqueda.

Ni siquiera necesitan emplear la pala y el cepillo para localizar los artefactos. Por la basta llanura el grupo se topa con tres bombas de unos 30cm de largo, escondidas en los escasos matorrales entre los que pasturan algunas vacas. “La mayoría de las zonas son ganaderas, cada día pasan campesinos. Es un riesgo”, advierte José Pérez, el encargado de los técnicos. Al descubrir un artefacto, lo pintan de rojo o bien lo rodean con piedras o clavan una estaca también pintadas de rojo. Bajo uno de los árboles guardan una treintena de los proyectiles que han encontrado.

Sin recursos para una labor titánica

“Hasta el momento hemos identificado 57 municiones vivas, solo a nivel superficial, en el 10% de terreno asignado que hemos recorrido. Casi todas las localizamos en caminos transitables”, indica Gonzalo Menéndez, el portavoz de la fundación. El proceso se desarrolla de forma rudimentaria debido a la falta de recursos para esta titánica tarea. Tan sólo han logrado destruir 27 MUSE con el soporte de la Policía Nacional.

La fundación calculó 1,5 millones de dólares para arrancar los trabajos, pero apenas cuenta con un capital semilla de 250.000, que tan sólo les ha permitido sanear cinco de las 7.000 hectáreas asignadas. A mitad de año ya se habían quedado sin fondos. “De momento ya llevamos seis meses de retraso y, sin los apoyos necesarios para dar continuidad, los esfuerzos sobre todo en capacitación se van perdiendo”, lamenta Menéndez.

“Esa primera fase de limpieza tendrá una duración de 10 años, si se dan las inversiones que estamos esperando (...) Sí requerimos mayor cooperación con todos los actores interesados en abordar la problemática”, subraya a este diario el ministro panameño de Medio Ambiente, Emilio Sempris, sobre las 33.400 hectáreas que la fundación estima contaminadas por municiones sin detonar.

El propio ministro se niega a abordar el posible compromiso que debería asumir Estados Unidos, país que incluso evita nombrar en sus respuestas. Tampoco los empleados del hotel Hacienda del Mar, el resort de la isla San José, quieren hablar sobre la presencia de químicos en un islote desértico casi toda la temporada. Sus playas y palmeras esconden uno de los secretos más oscuros del Ejército norteamericano.