Gadafi, una empresa y la Justicia: el 'tridente' por el que piden la dimisión de Trudeau
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Gadafi, una empresa y la Justicia: el 'tridente' por el que piden la dimisión de Trudeau

La exministra de Justicia y ex fiscal general ha acusado a Trudeau de presiones para alcanzar un acuerdo con una empresa procesada judicialmente

Foto: Gadafi, una empresa y la Justicia: el 'tridente' por el que piden la dimisión de Trudeau
Gadafi, una empresa y la Justicia: el 'tridente' por el que piden la dimisión de Trudeau

Desde su llegada al Gobierno canadiense en 2015, Justin Trudeau ha tenido cierta aura positiva a su alrededor, a pesar de algunos escándalos en los que se vio envuelto, como la aparición del nombre de su recaudador de campaña en una investigación a gran escala de sociedades 'offshore' o su primer viaje oficial a India, donde llegó tras haber invitado a un hombre vinculado a un grupo independentista sij calificado de grupo terrorista por el propio Gobierno de Canadá. A mediados del año pasado, su popularidad creció después de enfrentarse a Donald Trump en la cumbre del G7, pero a final de 2018 volvió a caer y no se ha levantado todavía. Ahora, sobre él pesa otra polémica, después de que su exminitra de Justicia y fiscal general (en Canadá estos dos cargos van de la mano), Jody Wilson-Raybould, lo haya acusado de interferir en un procedimiento judicial.

Wilson-Raybould ha revelado que estuvo sujeta a una fuerte presión por parte del Gobierno de Trudeau, que incluyó "amenazas veladas" relacionadas con el caso de SNC-Lavalin, una empresa constructora en medio de un proceso judicial. La constructora estaba acusada de diferentes cargos de corrupción por una serie de contratos en Libia, relacionados con unos presuntos sobornos a altos cargos del régimen del fallecido Muamar Gadafi. La ex fiscal general sostiene que fue presionada para llegar a un acuerdo como alternativa al caso, con el argumento de que el juicio a esta compañía podría costar miles de trabajos (y votos a su partido).

Trudeau, junto a la entonces ministra y fiscal general Wilson-Raybould (Reuters)
Trudeau, junto a la entonces ministra y fiscal general Wilson-Raybould (Reuters)

"Durante unos cuatro meses, entre septiembre y diciembre de 2018, experimenté una consistente y sostenida presión por parte de gente del Gobierno con el objetivo de interferir políticamente en el ejercicio de la discreción procesal de mi figura como fiscal general", explicó la exministra, en lo que ha definido como un "inapropiado esfuerzo para garantizar un acuerdo" con SNC-Lavalin. E incluso asegura que fue perseguida por varios altos cargos, a través de llamadas telefónicas, reuniones y mensajes de texto. "En el marco de estas conversaciones, hubo declaraciones expresas con respecto a la necesidad de interferir en el caso de SNC-Lavalin, las posibles consecuencias, y amenazas veladas si no se alcanzaba dicho acuerdo", agregó, tal y como recoge la prensa canadiense. Estos son los puntos clave del caso:

La empresa y Muamar Gadafi

La compañía se enfrenta a una pena de 10 años de veto a la hora de acceder a contrataciones públicas si finalmente se le atribuyen los delitos de soborno. Sobre SNC-Lavalin, una de las mayores compañías de construcción e ingeniería del mundo, pesan delitos por fraude y corrupción por un presunto soborno de hasta 48 millones de dólares canadienses (más de 32 millones de euros) en sobornos que habría ofrecido a altos cargos libios entre 2001 y 2011, cuando Gadafi todavía estaba en el poder. La compañía presionó al Gobierno canadiense para, en medio del proceso judicial, alcanzar un acuerdo antes de llegar a juicio.

Sede de SNC-Lavalin en Montreal (Reuters)
Sede de SNC-Lavalin en Montreal (Reuters)

Trudeau y la compañía

SNC-Lavalin tiene su sede central en Montreal, en la provincia de Quebec, territorio esencial para el Partido Liberal de Trudeau: si los liberales ganan en Quebec, suelen ganar la mayoría de los escaños del Parlamento; cuando no ocurre lo primero, tampoco suele pasar lo segundo. El momento en el que la exministra desveló las presiones que había vivido en el cargo, Quebec se encontraba en medio de la elección que acabó con la salida del primer ministro de la provincia, el liberal Philippe Couillard. Según Wilson-Raybould, hubo una serie de reuniones, algunas de las cuales presenciadas por el propio Trudeau, y en ellas se habló de las posibles consecuencias de un juicio a la compañía, que podría llevar a la pérdida de empleos.

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Lo que opina el partido...

La declaración de la ex fiscal general ha provocado reacciones entre los liberales en ambas direcciones. "¿Por qué no habría de creerla?", sostiene, según CBC, la liberal Marwah Rizqy, que en 2015 se presentó para las elecciones federales. "Si dice que fue objeto de presiones, el primer ministro tendrá que responder por ello". El representante del partido en el distrito de La Pinière, Gaétan Barrette, por su parte, se decanta más por la dirección del partido. "Solo puedo decir una cosa: si yo hubiera estado en su lugar (en el de Trudeau), la cuestión de mantener los puestos de trabajo habría sido muy significativa para mí".

Barrette, además, asegura que no hubo nada ilegal por parte de la actuación de Trudeau: "Lo que me decepciona a día de hoy es que no estamos viendo las cosas desde ese punto de vista, la legalidad del proceso".

...y lo que supone este caso para Trudeau

El 'premier' canadiense asegura que no ha hecho nada malo, y que cualquier tipo de presión por su parte o de su círculo cercano hacia SNC-Lavalin fue para proteger estos trabajos. En declaraciones a los medios recogidos por la británica BBC, Trudeau ha asegurado que no está de acuerdo con la "descripción" de los acontecimientos por parte de su exministra y ha mantenido que su personal siguió las reglas del juego. Por el momento, el principal asesor del primer ministro, Gerald Butss, ha presentado su dimisión (además de la propia ex fiscal general). Butts ha sido identificado como una de las personas del entorno del primer ministro que dirigieron la presión contra Wilson-Raybould. Algunos ya especulan con que otros altos cargos próximos a Trudeau y nombrados en la declaración de la exministra podrían seguir sus pasos.

Por ahora, el comité de ética está investigando las acusaciones de Wilson-Rayboild sobre si se incumplió la normativa sobre conflictos de interesas: ella misma dice que el Gobierno no incumplió las normas, pero que actuó de manera incorrecta. Lo que sí podría ocurrir es que este caso tuviera repercusión el próximo mes de octubre, cuando se celebran las elecciones parlamentarias. El líder de la formación conservadora, Andrew Scheer, ya ha pedido la dimisión de Trudeau, diciendo que no tiene "autoridad moral" para gobernar el país. Y todo apunta a que este caso será un lastre en la campaña de los liberales.

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