un punto de inflexión para donald trump

O el muro o el caos: EEUU, casi tres semanas sin Gobierno... y sin solución a la vista

Donald Trump asegura que el cierre gubernamental puede durar "meses o años" y sopesa decretar una emergencia nacional para construir el muro con México. Pero su obstinación puede salirle cara

Foto: El presidente Donald Trump se dirige al helicóptero Marine One en la Casa Blanca, el 6 de enero de 2019. (Reuters)
El presidente Donald Trump se dirige al helicóptero Marine One en la Casa Blanca, el 6 de enero de 2019. (Reuters)

A punto de cumplirse dos años desde que accediera a la Casa Blanca, la presidencia de Donald Trump se encuentra en un punto de inflexión. Con la pérdida del dominio absoluto republicano en el Congreso, el avance de las diferentes investigaciones en marcha (y varios de sus colaboradores sentenciados y en prisión), la reciente dimisión de su Secretario de Defensa, James Mattis, y con la mente en las presidenciales de 2020, el presidente sabe que ha incumplido la gran promesa que sus seguidores coreaban en cada mitin. No ha construido el muro con México. Y, por supuesto, México no ha puesto un solo peso para tal fin.

Sin haber podido mostrar un solo nuevo metro de valla fronteriza construida, Trump vinculó en diciembre la reglamentaria negociación presupuestaria en el Congreso (cuyos acuerdos puede vetar el presidente) con el montante que demanda para su muro (5.600 millones de dólares). Fue ahí cuando Donald Trump se dio de bruces con un obstáculo insalvable: la realidad. No tiene la mayoría necesaria en el Congreso (ahora la Cámara de Representantes es demócrata y en el Senado no tiene los votos suficientes) y los demócratas le han dejado claro lo que piensan del muro: una "inmoralidad" en palabras de Nancy Pelosi, nueva presidenta de la Cámara. “Orgulloso” de asumir la responsabilidad del 'shutdown', empezó así el tercer cierre de Gobierno de la era Trump.

Tras la (fallida) reunión del pasado viernes con representantes republicanos y demócratas para tratar de poner fin al cierre parcial de gobierno, que entra ya en su tercera semana (el más largo de la historia se produjo entre diciembre de 1995 y enero de 1996, bajo el mandato de Bill Clinton, y duró 21 días), el presidente dijo estar facultado para declarar una emergencia nacional con la que desviar fondos de defensa para la construcción del muro con México utilizando a personal del ejército. "Podemos invocar una emergencia nacional por la seguridad de nuestro país”, defendía Trump. “No lo he hecho, pero podría hacerlo”. Ayer mismo insistió en que es una idea sobre la que decidirá "en función de lo que pase en los próximos días". El futuro inmediato dirá, pero la historia nos ofrece algunas pistas sobre la viabilidad de esta última vuelta de tuerca del presidente.

El descontento era mayúsculo y el hartazgo acumulado durante años estalló. A pesar de que era ilegal para trabajadores federales, el 12 de marzo de 1970 más de 6.000 carteros de Nueva York empezaron a gritar "huelga" durante una reunión de la Asociación Nacional de Carteros. Votaron y la mayoría decidió iniciar un paro, el primero en los 196 años de historia de Correos de Estados Unidos. Los bajos salarios, las promesas incumplidas de mejora y el coste de la vida en Nueva York fueron el caldo de cultivo, que entró en ebullición cuando los congresistas propusieron subir sus propios salarios en un 41%.

Durante ocho días, 150.000 carteros de 30 ciudades dejaron a Estados Unidos sin reparto. El caos en un país en el que diariamente se distribuían por correo alrededor de 270 millones de cartas, incluidos documentos oficiales. El presidente Richard Nixon tomó cartas en el asunto (quizá nunca mejor dicho), declaró la emergencia nacional y movilizó a la Guardia Nacional para que repartiera el correo acumulado. La huelga acabó sin que ningún trabajador fuera sancionado, con subidas salariales y la capacitación de los sindicatos para negociar sueldos y condiciones de trabajo. La huelga, eso sí, siguió y sigue siendo ilegal.

La movilización del ejército para fines tan mundanos y domésticos fue investigada por el Congreso. Para muchos, la declaración de emergencia nacional fue un abuso de poder de Nixon, así como también lo fue su invocación en 1971 para mantener congelados precios y salarios durante 90 días y así combatir la inflación. Años después, en 1976, Estados Unidos aprobó la Ley de Emergencias Nacionales, uno de cuyos propósitos principales era delimitar las razones para una emergencia y poner coto a posibles abusos de autoridad. La nueva ley exigía que los presidentes justificaran los motivos para declararla y daba al Congreso la facultad de invalidarla.

La portavoz de la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi, tras una rueda de prensa sobre el cierre del Gobierno en el Capitolio, el 3 de enero de 2019. (Reuters)
La portavoz de la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi, tras una rueda de prensa sobre el cierre del Gobierno en el Capitolio, el 3 de enero de 2019. (Reuters)

¿Una emergencia nacional?

De nuevo Nixon en el espejo de Donald Trump. Con la perspectiva de un callejón negociador sin salida, Donald Trump se acoge a la posibilidad de una emergencia nacional. Ya la declaró en octubre sin declararla (es decir, tuiteándola), cuando envió, contra la opinión del Pentágono, a más de 5.000 soldados a la frontera sur en plena campaña de las elecciones legislativas de noviembre, lo que pareció una utilización partidista y propagandística del ejército. Defendió que la marcha de miles de inmigrantes de Centroamérica hacia la frontera entre México y Estados Unidos suponía una amenaza para la seguridad nacional, aunque ésta murió fundamentalmente a las puertas de Estados Unidos, donde miles se hacinan y pueden pasar meses hasta ser atendidos por las autoridades migratorias estadounidenses.

Ante el presidente, un enorme dilema. Toda negociación implica asumir concesiones, y él no parece dispuesto a ceder ni un kilómetro de muro (llegó a ningunear la propuesta que su propio vicepresidente presentó a los demócratas, que incluía una partida para el muro por valor de 2.500 millones de dólares). Por otro lado, la posibilidad de alcanzar un acuerdo con ellos vinculado a una solución permanente para los dreamers (aquellos extranjeros que llegaron con sus padres al país de forma irregular siendo niños y a los que protegió Barack Obama con el programa DACA) eriza los pelos de los líderes de opinión de la extrema derecha estadounidense (base del trumpismo) que, aunque defienden el muro, tienen otras prioridades en materia de lucha contra la inmigración (tanto legal como irregular). Incluso tres senadores republicanos le han pedido ya que recule para poder acabar con el 'shutdown'.

El cierre parcial de gobierno (que afecta a nueve de las quince agencias federales), ha dejado sin cobrar a más de 800.000 trabajadores públicos y a un número indeterminado de contratistas, algunos de los cuales empiezan a afrontar situaciones angustiosas o incluso temen ser desahuciados de sus viviendas ante la dificultad para pagar sus hipotecas o alquileres. Según el portal de empleo CareerBuilder.com, un 78% de los trabajadores estadounidenses carecen de ahorros, acumulan de media 8.200 dólares de deuda en sus tarjetas de crédito y viven de las pagas. Además, al coincidir la falta de ingresos con la renovación anual de los seguros de salud, mientras dure el cierre tendrán que anticipar el gasto total de las consultas médicas que realicen. Aunque lo dijera como hiperbólico elemento de presión, el presidente apuntó el viernes que el 'shutdown' podría durar incluso años. Está convencido que los trabajadores afectados “están de acuerdo conmigo”.

Volvamos a la Ley de Emergencias Nacionales que, después de décadas de abusos presidenciales, culminadas por Nixon, buscó poner coto a los excesos. Tal y como explica en un artículo en el Washington Post el profesor de Derecho en la Universidad de Yale, Bruce Ackerman, "si el presidente Trump declarara una emergencia, la sección cinco de la ley le otorga a la Cámara de Representantes el derecho a rechazarla de inmediato, para pasar después su resolución al Senado -al que se le requiere explícitamente llevar a cabo una votación en un plazo de quince días-. Dado que la declaración de "emergencia" por parte del presidente Trump sería una respuesta directa a su incapacidad para convencer al Congreso de que la seguridad nacional requiere su muro, es difícil creer que una mayoría del Senado, si es forzada a votar, acepte el desprecio a su autoridad". Ackerman añade además que, por ley, es ilegal la utilización del ejército para ejecutar una ley doméstica, por lo que el presidente podría inducir a los soldados a la comisión de un delito (penado incluso con cárcel).

Trump insiste que la situación en la frontera sur es caótica (dice, sin pruebas, que la cruzan miles de “terroristas”), aunque difícilmente puede justificar la emergencia nacional cuando las cifras de detenciones en el límite con México han disminuido notablemente desde comienzos de siglo (del más de millón y medio en 2000 al medio millón en 2018). Además, ignora que muchos de los inmigrantes indocumentados han entrado por los puertos legales (por ejemplo, aeropuertos) y se han quedado en el país por encima del tiempo que les permitía su visado.

Con un presidente tan impredecible, tozudo y caprichoso, resulta difícil anticipar cómo se resolverá un cierre gubernamental la suerte del cual Trump fía a una promesa cuyo incumplimiento podría costarle la reelección. Pero la alternativa de cientos de miles de trabajadores en un cabreo in crescendo no parece un mejor escenario. Su partido llegó a aprobar hace semanas en el Senado una solución para reabrir el gobierno y él la rechazó. Los demócratas le ofrecieron reabrir el Gobierno y discutir aparte las necesidades de seguridad en la frontera y también lo rechazó. Quizá, ironías, el muro le impide ver más allá de su propia obstinación.

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