Libertad sin cargos para los tres bomberos españoles juzgados en Lesbos

Libertad sin cargos para Manuel Blanco, Julio Latorre y Quique Rodríguez, miembros de la ONG ProemAid, que este lunes han comparecido ante el tribunal de Mitilene que los juzgaba por, entre otros delitos, tráfico de personas, castigado en Grecia con hasta 10 años de prisión. Los tres bomberos son miembros de la ONG ProemAid, que comenzó sus actividades en el país en 2015. Con ellos han sido absueltos también Salam Aldeen y Mohammed el Abbassi, los dos daneses junto a los que fueron arrestados.

“Como cuando te quitan una losa de 2.000 kilos de encima”, decía sentirse Blanco a las puertas del juzgado tras conocer la sentencia, “afortunadamente ha sido una explosión de alegría”. El bombero agradeció “a todo el mundo que les ha apoyado”, tanto opinión pública como instituciones, “ya que esa energía nos ha llevado en volandas en estos últimos momentos”. No ha sido duro con el estilo minucioso del fiscal y la policía por la “complejidad” del proceso, ya que “todo el mundo intenta hacer su trabajo” como ellos, cuya ocupación es “salvar vidas”. Por ello, insistió en que mientras puedan quieren continuar con su labor, ya que “sigue ocurriendo lo mismo, se siguen perdiendo vidas en el Mediterráneo”. Blanco asegura que “la mejor cara de Europa la hemos mostrado los voluntarios”.

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Rodríguez describió el proceso como muy largo: “Parecía que nunca acababa, ya podemos descansar”.

“La mejor cara de Europa”

El 14 de enero de 2016, en plena avalancha migratoria, los tres fueron detenidos por los guardacostas en una lancha de la ONG danesa Team Humanity, capitaneada por dos miembros de esta última, también juzgados este lunes. Los miembros españoles acudieron a la llamada de los daneses para ir juntos a buscar una embarcación en apuros entre Turquía y Lesbos, pero regresaron sin haberla encontrado. Ya en el puerto, fueron detenidos por la policía, que no obstante registró en su informe que no había inmigrantes en su barca.

Para Manuel Blanco era su segunda misión. Quique Rodríguez y Julio Latorre probaban por primera vez. Recalaron en la isla griega de Lesbos en enero de 2016, en plena crisis migratoria. Viajaron con la asociación Proem-Aid, un equipo español de profesionales de emergencias que desde diciembre de 2015 ofrece ayuda para salvar vidas en el Mediterráneo. Una historia de 17 días que acabó en pesadilla y que ahora vuelven a revivir.

Después de tres días de arresto en el calabozo de Mitilene, y previo abono de una fianza de 5.000 euros cada uno para garantizar su comparecencia, fueron puestos en libertad provisional. Ellos mantienen desde el principio que son inocentes y que la policía los acusa sin pruebas sólidas.

Sobre qué va a ocurrir a partir de ahora con Proem-Aid, la asociación de profesionales del rescate constituida para salvar vidas en el Mediterráneo, otro de los bomberos juzgados, Manuel Blanco, dejó claro que seguirán adelante. “Falta de fuerzas no es, queremos seguir. Aprovechar que están ahora mismo todas las cámaras mirando para decir que sigue ocurriendo lo mismo, que siguen perdiéndose vidas y que la mejor cara de Europa la hemos representado los voluntarios independientemente de que vistan de naranja, azul o rojo. Está claro que salvar vidas no es un delito. Lo ha dicho ahora mismo una jueza y eso tiene muchas implicaciones, además de nuestra libertad. Es un espaldarazo y deja claro que salvar vidas no es delito”, señaló Blanco.

“Han sido dos años muy complicados para ellos y sus familias. Dos años muy complicados, y nunca deberíamos haber llegado a esta situación”, señaló la diputada andaluza del PSOE Verónica Pérez, en la delegación del Parlamento andaluz que los ha acompañado.

Un juicio al activismo

Aunque Blanco, Latorre y Rodríguez son los tres nombres propios que están siendo juzgados, en los círculos del activismo, sin embargo, este proceso ha sido visto como un juicio a su desempeño en los campos de refugiados del Egeo, visto ya con recelo por el Gobierno griego, que, en verdad, no puede afrontar solo los retos de la ola migratoria, pero que se resiste a ceder poder ante organizaciones en su mayoría extranjeras. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha publicado en su cuenta de Twitter: “Hoy no solo juzgan a tres bomberos, sino a toda la solidaridad”.

“Estos tres bomberos estaban en Lesbos utilizando sus conocimientos profesionales para salvar de morir ahogados a niños, niñas, mujeres y hombres. No han hecho nada malo, ni han cometido ningún delito”, decía Amnistía Internacional en un comunicado, que calificaba este juicio de “despropósito” y una “burla a la justicia”.

El caso de estos tres activistas ha despertado el interés y el apoyo de todas las instituciones, desde el Ministerio de Exteriores —se reunieron recientemente con el ministro Dastis— hasta el Ayuntamiento de Sevilla, de donde son originarios, y la Junta de Andalucía. Una delegación de unas 10 personas, entre diputados regionales y miembros de diversas instituciones, acompañó a los activistas en el viaje hasta Lesbos. La misma embajada española se personó en la isla para proporcionarles asistencia.

Lo cierto es que las instituciones europeas tienen una relación ambivalente con los activistas. Organizaciones como Frontex han acusado a algunas ONG de favorecer el tráfico de inmigrantes, ya sea en España, en Italia o en Grecia. Las autoridades italianas mantuvieron retenido el barco de la mediática ONG Open Arms durante un mes en un puerto de Catania —hasta mediados de abril— y, aunque dejaron que zarpase de nuevo, siguen investigando las acusaciones contra algunos de sus miembros por supuesto “tráfico de personas”.