el futuro de 11 millones de inmigrantes, en juego

El "papeles para todos" que se le atraganta a Obama

En los próximos meses, el Congreso de EEUU está llamado a resolver qué hacer con más de 11 millones de personas, más gente de la que vive en Portugal

Foto: Un grupo de inmigrantes y activistas reclaman la reforma migratoria. (Reuters)
Un grupo de inmigrantes y activistas reclaman la reforma migratoria. (Reuters)

A lo largo de los próximos meses, el Congreso de Estados Unidos está llamado a resolver qué hacer con más de 11 millones de personas, más gente de la que vive en Portugal. A simple vista parece una decisión sencilla, ya que existe algo parecido a un consenso entre la Casa Blanca, el poder económico, la opinión pública, e incluso una importante facción del Partido Republicano.

Allanar el camino hacia la ciudadanía a los inmigrantes ilegales es uno de los últimos cartuchos que le quedan a Barack Obama para ser recordado por algo más que por su color de piel y para cumplir, de paso, al menos una de sus grandes promesas electorales. También conviene a sus rivales: constituye la última oportunidad de los republicanos para seducir al cada vez más decisivo electorado latino.

Fuera de la política el consenso es aún más amplio. Por hacer la lista breve, se muestran de acuerdo grandes empresas, lobbies industriales e inspectores de Hacienda, que se frotan las manos pensando en el impulso productivo, fiscal y demográfico que supondría. E igualmente mayoritario es el respaldo de la opinión pública, grupos religiosos, activistas y sindicatos, que lo consideran una cuestión humanitaria y una inversión de futuro.

A pesar de todo, y a no ser que el culebrón político de este verano dé otro inesperado golpe de guion, no parece que se vaya a conseguir un pacto. El problema está donde siempre, en el Capitolio, convertido en los últimos tiempos en uno de los órganos legislativos más inoperantes y restañantes del mundo.

Recapitulando, lo que está en juego es el futuro de los inmigrantes que en el último cuarto de siglo han encontrado un hueco en la creciente economía sumergida de la primera potencia mundial. Algunos sectores, como la hostelería o la agricultura, dependen totalmente de su esfuerzo. Se calcula, por ejemplo, que alrededor del 25% de los cocineros del país no tienen sus papeles en regla.

Un 70% proceden de México y muchos han echado raíces tan profundas que ya son propietarios de casas y coches, pagan impuestos y forman parte activa del tejido social. Las escenas más desarmantes las suelen protagonizan los jóvenes que llegaron a EEUU cuando eran niños. Se les conoce como “dreamers” (soñadores), saben poco o nada del país del que proceden sus padres y algunos ni siquiera son conscientes de su “ilegalidad”. Hasta tal punto que resulta relativamente frecuente que lo descubran al final de su adolescencia, cuando intentan hacer algún trámite concreto. Por ejemplo, sacarse el permiso de conducir.

Los estadounidenses suelen definir con orgullo su país como una “nación de emigrantes”, una idea bastante obvia que se entiende aún mejor con este maravillosa infografía. Y aunque forma parte del ADN de barras y estrellas, en las últimas décadas está perdiendo brío. La última vez que se autorizó un “papeles para todos” (en 1986) el despacho oval lo ocupaba nada menos que Ronald Reagan. Desde entonces, por cuestiones políticas y circunstanciales (la última zancadilla la puso el 11-S), los sucesivos gobiernos demócratas y republicanos han preferido aplicar mano dura: más trabas burocráticas, programas de deportación, el famoso muro en la frontera mexicana...

A los inmigrantes ilegales parecía haberles llegado su momento a principios de este verano, cuando la Casa Blanca decidió impulsar por fin el debate. El optimismo se desbordó con un informe del Congreso según el cual la absorción de 11 millones de nuevos ciudadanos en el sistema reduciría el déficit del país en 175.000 millones de dólares en una década, incluyendo en las cuentas las abultadas multas y atrasos que tendrían que pagar los inmigrantes para conseguir la ciudadanía. 

El apoyo llegaba (y llega) también de parte de pesos pesados del Partido Republicano como el excandidato John McCain o el propio George W. Bush, políticos conscientes de que, con los latinos en contra, lo tendrán muy difícil de cara a las presidenciales de 2016. Sucede que el electorado hispano, el que más crece demográficamente y una de las minorías más proclives a aceptar ideas conservadoras, castiga en las urnas a quienes hacen la vida imposible a sus compatriotas y familiares. “No voy a votar a alguien que trabaja para deportar a mi hermana”, razonaba la semana pasada uno de ellos en una manifestación.

Los números y las encuestas demuestran que dicho sentimiento es mayoritario. En 2004, cuando el Tea Party y la Fox no habían incluido todavía el desprecio al inmigrante en su argumentario de cabecera, el 44% votó por George W. Bush. Ocho años después, sólo el 27% apoyó a Mitt Romney, dejando para Obama el resto. Para entender la magnitud del electorado que están maltratando basta tener en cuenta que Univisión, la televisión en español más popular, se convirtió este verano en la más vista del país, por delante de las históricas “big four”. La programación de Univisión es, por cierto, un buen escaparate de la mentalidad de los latinos que viven en EEUU: mucho más cercana a la del votante republicano que a la del demócrata, con telenovelas y realities que exaltan los valores tradicionales y el crucifijo.

El sentido común, sin embargo, choca una vez más con la actividad política. El Senado (Cámara Alta), dominado por los demócratas, dio luz verde el mes pasado a un proyecto de ley que abre la puerta a la regularización  de quienes puedan demostrar que entraron ilegalmente al país antes de 2012 y que han trabajado desde entonces. Aunque fue recibido con entusiasmo, el camino que propone la reforma no es ni mucho menos un paseo primaveral a la luz de la luna. Al revés, hay decenas de categorías de inmigrantes que quedarían excluidos y, para el resto, se abriría una complicada espera de entre 10 y 13 años, además de onerosas multas. Nada que ver con las regularizaciones “exprés” que se hicieron en España o Italia en los últimos años.

La “carta de bienvenida” a los EEUU quedaría finalmente condicionada a un proyecto para reforzar la frontera con México que cuesta 47.000 millones de dólares (más que el Producto Interior Bruto anual de países como Uruguay, Eslovenia o Túnez) y que multiplica por dos la Patrulla Fronteriza hasta convertirla en un Ejército de 40.000 efectivos, amplía los kilómetros de muro e instala todo tipo de tecnología militar de detección, incluidos 18 aviones no pilotados (drones). Un plan que sus propios promotores consideran exagerado. Todo sea con tal de aplacar la oposición ultramontana.

Estas concesiones al “ala dura” no parecen ser suficientes para pasar el último y más complicado obstáculo: la Casa de Representantes (Cámara Baja), dominada por los conservadores. Por una mezcla de convicciones políticas, tendencia a boicotear todo lo que haga la Casa Blanca y cálculo electoralista, la mayoría de los congresistas republicanos se niegan a considerar al proyecto y andan ahora redactando una serie de mini-reformas, a discutir en pequeñas dosis, que servirían para dilatar los tiempos y se centrarían en los aspectos más punitivos. Quizá hagan, de propina, alguna concesión humanitaria, como por ejemplo ofrecer ciudadanía a algunos “dreamers” (aunque no a sus padres).

Los conservadores que se oponen a la reforma (muchos, miembros del Tea Party) ni siquiera son mayoría en la Cámara. No la necesitan. Una de las normas de esta vetusta institución dicta que sólo el portavoz de la mayoría puede incluir una propuesta de ley en la orden del día y abrir el debate y la consecuente votación. En esta ocasión la persona en cuestión se llama John Andrew Boehner, un congresista de Ohio que no tiene ninguna intención de hacerlo. Básicamente porque su cargo depende de ello. Sus compañeros de banco (elegidos en distritos conservadores sin apenas votantes latinos y por lo tanto ajenos al debate que su partido plantea a nivel nacional) le han prevenido de las consecuencias que tendría para su carrera. “Sería lo último que haría como portavoz”, han dicho en público.

En la trampa de ingobernabilidad en la que se ha convertido el Congreso estadounidense, la carrera de Boehner puede acabar pesando más que la Casa Blanca, que la economía del país, que la opinión pública y que la estrategia nacional de su propio partido. Y, por supuesto, mucho más que el futuro a 11 millones de inmigrantes. El desenlace no lo tendremos hasta otoño, a la vuelta de las vacaciones de verano de sus señorías.

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