Los eurodiputados solo podrán admitir regalos de hasta 150 euros

La comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo aprobó hoy por unanimidad el nuevo código de conducta para los eurodiputados, que prohíbe aceptar cualquier presente con un valor superior a los 150 euros, así como los sobornos. Las nuevas reglas éticas, que entrarán en vigor el 1 de enero, empezaron a forjarse en marzo tras el escándalo protagonizado por tres eurodiputados que sucumbieron a un falso soborno del diario británico The Sunday Times.

Los eurodiputados han decidido fijar en 150 euros el límite del valor de los regalos que pueden recibir y han rechazado una propuesta en forma de enmienda oral para que no pudieran recibir ningún regalo en absoluto. Una vez entre en vigor el código, los eurodiputados tendrán que justificar todos los obsequios y pagos extraordinarios que reciban así como declarar toda actividad que pueda constituir un conflicto de intereses.

Por otro lado, la nueva norma también prevé una obligación para sus señorías de dar fe de sus actividades y los consecuentes ingresos. La norma también fija la obligación de todos los miembros del Parlamento de dejar constancia de sus actividades e ingresos en los tres años previos a su nombramiento cuando superen los 5.000 euros.

Además, el código obliga a presentar una lista de sus intereses económicos, en la que se detallen las actividades que desarrollan al margen de la labor política en cualquier asociación o sociedad. Ante la duda sobre si algún comportamiento se ajusta o no al nuevo texto, los europarlamentarios podrán consultar con un comité asesor que examinará el posible quebranto de las normas según el código. Si el comité ve lugar a infracción, recomendará sanciones que van desde una multa hasta la renuncia al puesto de eurodiputado.

La ONG Transparencia Internacional ha denunciado el hecho de que no se prevea en esa regulación un periodo de varios años en el que no se permita a los eurodiputados asumir tareas de "lobby" tras dejar el cargo. Esta organización también se queja de que, aunque existirá un registro de grupos de presión conjunto con la Comisión Europea, no será obligatoria la inscripción como sí ocurre, por ejemplo, en Washington.