México exige para sus emigrados los derechos que no reconoce a sus inmigrantes

México es un país de emigrantes y de inmigrantes, pero no los mide por el mismo rasero. Reacciona duramente contra la Ley de Arizona y reclama una reforma de la normativa migratoria estadounidense para proteger a los aproximadamente seis millones de compatriotas indocumentados que residen en Estados Unidos. Pero el país carece de política migratoria y cierra los ojos ante la continua violación de los derechos humanos que sufren los sin papeles, principalmente centroamericanos, que lo atraviesan para vivir el sueño americano.

 

Este anhelo se convierte en pesadilla cuando pasan la frontera sur mexicana. Sufren robos, extorsiones, secuestros, violaciones y todo tipo de abusos por parte de bandas organizadas, particulares y funcionarios públicos en un tránsito al que se añaden las dificultades orográficas y climáticas; actualmente se considera uno de los cruces más peligrosos para la inmigración. La inacción del Gobierno le ha valido graves reproches de organismos internacionales y de los principales países emisores de este flujo como Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

“Estamos escandalizados por la Ley de Arizona pero la de México es igual o peor”, asegura a El Confidencial el doctor en Derecho Internacional Jorge Ulises Carmona, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El país carece de una normativa específica que regule la inmigración; sólo existe la Ley General de Población, que aborda muchas más cuestiones y, en el ámbito de extranjería, sólo controla las entradas y salidas. Además, tiende “a la restricción” y otorga atribuciones “discrecionales” de forma que cualquier autoridad puede ejercer como policía migratoria. “Eso da lugar a extorsiones y abusos”, dice.

Medidas que prevé la SB1070 del estado de Arizona, “se aplican en la práctica” en México, como que la policía interrogue en la calle a un centroamericano para verificar si reside o no legalmente y ponerlo a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) si carece de documentación en regla, explica el investigador. Se debe a las “muchas ambigüedades” de una normativa que “no reconoce bien los derechos” de los inmigrantes, sobre todo indocumentados. Entre otros vacíos legales, no incluye ningún precepto relativo al refugio y al asilo.

Y es que esta Ley fue aprobada en el contexto de unos Estados Unidos preocupados por la explosión demográfica en Latinoamérica y las posibles olas migratorias. El vecino del Norte utilizó a México para frenarlas desde la frontera sur y las autoridades aztecas adoptaron una lógica de trabajo similar, basada en el control y la seguridad fronteriza sin analizar el fenómeno migratorio de forma integral.

“Se les criminaliza en lugar de atenderlos con políticas sociales y económicas”, explica a este medio la directora de la ONG Incide Social, Nancy Pérez. Además, el INM no tiene capacidad suficiente para atender el flujo migratorio que llega desde la frontera sur -sólo dispone de 45 estaciones migratorias en todo el país y no en muy óptimas condiciones- y los bajos salarios del personal que trata directamente con los inmigrantes permiten su “fácil corrupción” y que se lucren gracias a las extorsiones a los sin papeles.

Un filón para la delincuencia organizada

La inmigración indocumentada es también un filón para la delincuencia organizada que ha encontrado en este fenómeno un pozo sin fondo de víctimas para secuestros, trata de personas y explotación sexual y laboral. Según Pérez, en muchas ocasiones actúan aliados con funcionarios públicos y “violentan mucho más agresivamente los derechos de este grupo de población”.

Por si fuera poco, los inmigrantes deben bregar con la “fuerte discriminación” de los mexicanos que viven en los Estados fronterizos como Chiapas, Tabasco, Campeche o Quintana Roo. Los casos más graves, según las investigaciones de Incide Social, se dan en Chiapas, uno de los más pobres de México. Las dificultades económicas y un cierto racismo llevan a sus habitantes a aprovecharse de los inmigrantes. Para Pérez, es fundamental sensibilizar a la población.

Los sin papeles tienen que lidiar con la falta de políticas y legislación que los protejan, con los grupos delictivos y con la población autóctona. “Demasiados flancos para una población altamente vulnerable, y más si se es mujer”, indica. Conocedoras de que sufrirán algún tipo de abuso sexual o serán violadas a lo largo del camino, las centroamericanas cuentan que toman medidas anticonceptivas antes de salir de sus países para evitar quedarse embarazadas. Seis de cada diez sufren violencia sexual, según Aministía Internacional (AI).

Además, muchas de ellas quedan atrapadas en las redes de prostitución que han proliferado en Chiapas, en la frontera mexicana con Guatemala, considerado uno de los corredores de lenocinio más importantes de América Latina. En los prostíbulos se pagan unos nueve euros por 15 minutos de contacto sexual. Ellas sólo reciben tres, y en muchos casos son obligadas a consumir alcohol y drogas, según recoge el diario mexicano La Jornada.

Mientras que México condena lo que sucede en Estados Unidos no se voltea a ver lo que hacemos en el sur

El abogado Adrián Ojeda, especializado en extranjería, se une a quienes critican duramente el derecho migratorio mexicano. La Ley General de Población da “mucha discrecionalidad a las autoridades migratorias y ninguna certeza jurídica a los inmigrantes”, por lo que considera necesario contar con una legislación específica que, además, actualice los planteamientos sobre un fenómeno que en 1974 no tenía estas dimensiones, explica a El Confidencial.

Las delegaciones del INM repartidas por el país aplican distintos criterios, no sólo para los trámites sino en cuestiones fundamentales como la unión libre en un matrimonio entre un nacional y un extranjero como vehículo para obtener el documento migratorio para el foráneo. “Se maneja de modo poco formal y transparente para los extranjeros y los abogados que los representamos”, afirma.

Un avance ha sido la reciente publicación de un manual que aúna pautas de aplicación del derecho mexicano en materia de extranjería y flexibiliza los trámites para los inmigrantes documentados, pero olvida a los sin papeles. En cuanto a los más perjudicados, los centroamericanos, sostiene que mientras que México condena lo que sucede en Estados Unidos “no se voltea a ver lo que hacemos en el sur”. Su problema es para Ojeda tan complejo que necesita abordarse de forma específica.

Los expertos coinciden en que un país que figura entre los tres primeros del mundo en flujos migratorios requiere una ley específica. Mientras sus autoridades reclaman más derechos para sus connacionales indocumentados en Estados Unidos, en México el INM detuvo el año pasado a 64.061 sin papeles, de los que más de uno de cada nueve procedían de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. El 93,8% fue deportado, recoge un informe de AI.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México reportó entre septiembre de 2008 y febrero de 2009 un total de 9.758 secuestros de inmigrantes, para cuya liberación se exigen entre 1.300 y 4.000 euros a sus familiares. Entre otros casos, la Oficina de Promoción Humana de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, dependiente de la Iglesia Católica, tiene documentado el de un centroamericano al que sus captores torturaron rociando con ácido sus manos y genitales para que diese la dirección de sus familiares en Estados Unidos para extorsionarlos. La mayoría de estas fechorías queda impune.