Arizona se busca enemigos en toda América con la ley más dura contra la inmigración ilegal

La ley anti-inmigrante firmada por la gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, en un contexto de lucha electoral por las legislativas de noviembre, ha abierto la caja de Pandora de la necesaria reforma migratoria estadounidense. Las críticas se multiplican en el país norteamericano encabezadas por el presidente Barack Obama, en las naciones latinoamericanas y en organismos internacionales; “racista”, “nazi” e “inconstitucional” son algunos de los calificativos dedicados a una normativa estatal que criminaliza a los inmigrantes indocumentados. El boicot económico no se ha hecho esperar.

 

Este sábado, decenas de miles de latinoamericanos se lanzaron a las calles de 70 ciudades estadounidenses para protestar contra la polémica ley y para solicitar a Washington que la anule.

Si no se frena su entrada en vigor en agosto, esta normativa –que busca expulsar a los inmigrantes ilegales- permitirá a la Policía detener e interrogar a cualquier persona con aspecto hispano para averiguar si reside de forma legal en un Estado donde, según la Organización de Estados Americanos (OEA), el 30% de la población es latinoamericana, lo que supone el doble del promedio en EE.UU. Ya ha aflorado el temor a que los otros Estados fronterizos con México -California, Nuevo México y Texas- sigan la misma línea.

Pero en California, gobernada por el actor y republicano Arnold Schwarzenegger, es precisamente donde se han adoptado las primeras medidas de rechazo. El Ayuntamiento de San Francisco ha suspendido los viajes de sus funcionarios a Arizona y prohibido nuevos contratos con sus empresas, además de pedir a sus ciudadanos que no visiten el Estado fronterizo ni adquieran los productos que allí se fabrican. Las autoridades de Los Ángeles también han reclamado que no se consuman productos ni servicios de empresas asentadas en tierras de dicho Estado.

México es el país latino más afectado por esta medida, ya que se calcula que hay medio millón de inmigrantes indocumentados viviendo en Arizona. Su presidente, el conservador Felipe Calderón, ha tildado la ley de “racista”, mientras que el Senado y la Cámara de Diputados estudian medidas de presión y protesta. Desde los medios de comunicación se insta a un boicot económico que no sería baldío: unos 24,4 millones de mexicanos pasan anualmente al Estado fronterizo, donde generan 2.700 millones de dólares en la economía local, según un estudio de la Universidad de Arizona y la Oficina de Turismo Estatal.

La Asociación de Turismo y la de Hoteles y Hospedaje de Arizona –donde se encuentra el muy visitado Gran Cañón del Colorado- dicen que los efectos de esta medida de presión ya son palpables y se han cancelado varias convenciones nacionales que iban a celebrarse allí.

Mano de obra barata y joven

El bloqueo económico sería “efectivo” y, aunque tendría un costo para los latinos residentes en Arizona, resultaría “adecuado” para evitar que otros Estados fronterizos se alisten a la intolerancia migratoria, explica a El Confidencial el analista César Castro, de Capem Oxford Economic Forecasting. Crítico con la ley, recuerda que Estados Unidos encuentra en la inmigración “mano de obra barata y joven en un país que está envejeciendo”. México tiene uno de cada diez nacionales y a uno de cada seis o siete jóvenes en el país fronterizo, donde se calcula que viven entre 15 y 20 millones de inmigrantes indocumentados.

Un estudio de The Perryman Group reveló en 2008 que los trabajadores indocumentados generan en el gigante norteamericano un valor económico de casi dos billones de dólares, abastecen de mano de obra sectores despreciados por los estadounidenses como agricultura, construcción y hostelería, pagan impuestos y casi no utilizan los servicios de salud. En Arizona originan el 13,5% de su PIB, lo que equivale a unos 84.000 millones de dólares.

Pero Arizona, por su condición fronteriza, también es un punto crítico en el tránsito de drogas de Latinoamérica a Estados Unidos y sólo el año pasado sus agentes federales confiscaron 540 toneladas de marihuana, un promedio de una y media al día.

César Castro considera que Jan Brewer “no ha calculado bien” los efectos de una ley que demuestra una “falta de sensibilidad social y económica muy fuerte” y cree que si llega a aplicarse, pese a la fuerte oposición suscitada en Estados Unidos y Latinoamérica, será “por poco tiempo”. En su opinión, el “error” consiste en vincular la inmigración ilegal con el narcotráfico que, aunque tiene ciertos lazos, exige medidas “no de restricciones al flujo migratorio sino de vigilancia fronteriza” con la implicación de los servicios de inteligencia norteamericanos.

Debate reabierto

La gobernadora ha utilizado el malestar de sus administrados con fines electoralistas, ya que debe superar a dos candidatos que han hecho del endurecimiento de la legislación migratoria su bandera de cara a las primarias del Partido Republicano y, si gana, afrontar la reelección en noviembre; el senador de este partido por Arizona, John McCain se ha alistado a este frente para conservar su escaño y en México le reprochan que viniera a “postrarse a los pies de la virgen de Guadalupe” y ahora “traicione” a su pueblo.

La ley de Brewer ya le ha aportado réditos ya que antes de aprobarla un 40% de los arizonenses consideran aceptable su gestión y ese porcentaje se ha elevado a un 56% tras la ley SB 1070, según una encuesta de Rasmussen Reports. Aunque fuera de su Estado sus oponentes se multiplican: el presidente Obama, legisladores demócratas e incluso algún republicano en su país; la Organización de Estados Americanos (OEA), México, Honduras, Guatemala, Ecuador, Venezuela como países más afectados por sus compatriotas emigrados.

La SB 1070 que, según muchos, viola la Constitución estadounidense, podría no llegar a aplicarse nunca pero ya ha tenido un efecto positivo: Ha reabierto el debate sobre la necesaria reforma migratoria en el país norteamericano, estancada desde hace años. Obama no cree que pueda acometerse este año por las elecciones legislativas, pero las presiones aumentan, incluso desde su bancada.