El caso de Paulette eclipsa la desaparición de miles de menores en México

El caso de Paulette Gebara Farah, la niña discapacitada desaparecida de su casa en una lujosa urbanización de la capital mexicana y cuyo cadáver apareció misteriosamente en su habitación nueve días después, ha conmocionado al mundo. La privilegiada situación económica de sus padres ha hecho que este caso traspase las fronteras de un país donde cada año unos 5.000 menores desaparecen, o son robados o secuestrados. De cada diez niños robados sólo uno es recuperado.

 

Los progenitores de Paulette pegaron pancartas y se volcaron en los medios de comunicación para facilitar los datos de la pequeña, pedir la colaboración ciudadana y reclamar su vuelta al hogar. Muchas de las desapariciones de menores se dan en pueblos remotos, en los que “la falta de recursos de las familias les impide denunciarlas”, explica a El Confidencial el director general de la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos, Guillermo Gutiérrez. Las cifras reales pueden ser por tanto mayores, ya que en México no hay estadísticas oficiales al respecto ni existe un banco nacional de datos, reclamado por varias organizaciones para intercambiar información entre los Estados. Las investigaciones son escasas y los resultados positivos responden a menudo a la ayuda ciudadana y a la labor de las ONGs.

Según Gutiérrez, unos 2.000 menores desaparecen sin causa justificada cada año en México: salen de sus casas dejando documentación, ropa y ahorros y no regresan; muchos de estos casos ni siquiera se denuncian y muy pocos son devueltos a sus padres.

Además, unos 800 infantes son robados anualmente por bandas que operan principalmente en grandes ciudades, destinos turísticos y en las fronteras del país. Especial relevancia tienen los casos de robos de recién nacidos en clínicas y hospitales con la complicidad del personal sanitario y con destino a la adopción ilegal o rituales de sacrificio. Las prácticas de satanismo son más abundantes en Europa, pero también se dan en Haití, Cuba, Brasil y México y “no hay muchos problemas” en sacar a los bebés del país, porque es relativamente fácil falsificar su documentación. 

Mayores medidas de seguridad

La Cámara de Diputados ha exhortado a todas las autoridades federales y locales a aplicar medidas de seguridad en estos centros para evitar esta lucrativa actividad. En 2009 fue detenida una banda que trabajaba en el Hospital Central de Oriente del Distrito Federal entre cuyos integrantes había profesionales de la medicina y trabajadores del nosocomio.

El responsable de la Fundación asegura tener constancia de que en muchos casos los menores terminan en las redes de organizaciones nacionales e internacionales de pederastas y pedófilos. A ello se unen los que son robados para el tráfico de órganos con destino a personas adineradas que no son aceptadas en las listas de espera o no están dispuestas a aguardar el tiempo necesario.

En países como Estados Unidos o Canadá se llega a pagar hasta 50.000 dólares por cada menor, aunque muchas de las sustracciones las llevan a cabo algunos sus progenitores tras el divorcio o separación de la pareja y ante la posibilidad de perder la custodia del menor.

El problema ha alcanzado tal cariz que ha obligado a endurecer el Código Penal mexicano. 

Se estima que todos los años son seducidas entre 40.000 y 50.000 adolescentes a través de falsas parejas o ilusionantes trabajos, como modelo o actriz, para ser introducidas en las redes de prostitución internacionales. Esta ONG considera que existe un promedio de 2.000 casos anuales, aunque muchos no se denuncian por las amenazas que reciben las familias, normalmente mexicanas de alto poder adquisitivo, por parte de bandas, que no dudan en asesinar al escolta o el chófer del secuestrado para amedrentar a sus progenitores. El desenlace aquí es “una cuestión de suerte”, en función de si el menor es raptado por principiantes o por grupos de delincuencia organizada que piden sumas “verdaderamente grandes” y pueden retenerlo durante meses porque “cuentan con la infraestructura necesaria y saben negociar”.

Pagar no siempre equivale a recuperar a la víctima, como ocurrió en 2008 con Fernando Martí, de 14 años, hijo del conocido empresario Alejandro Martí, que fue secuestrado por una banda con la presunta ayuda de la Policía y, casi dos meses después, apareció muerto en el maletero de un vehículo al pago del rescate. Su asesino confeso también se dijo autor de la muerte de otro adolescente, hijo de un comerciante de la capital, secuestrado y hallado sin vida en las mismas circunstancias meses antes.

El caso de Martí indignó al país e incluso llevó el presidente Felipe Calderón a proponer al Congreso el restablecimiento de la cadena perpetua en el Código Penal, eliminada hace casi un siglo, por considerar que el secuestro es el delito que “más agravia y más ofende” a los mexicanos. Según el último informe gubernamental al respecto, publicado en noviembre de 2009, en los 15 meses anteriores fueron arrestados cerca de 1.800 presuntos secuestradores y desarticuladas 270 bandas en el país.

Las familias mexicanas también sufren unas 20.000 desapariciones anuales de menores y adolescentes por causas justificadas. Son aquellos que abandonan sus casas por violencia intrafamiliar y quienes se marchan a las principales ciudades del país o a Estados Unidos para buscar una oportunidad de vida.

Por ello no extraña que proliferen las organizaciones dedicadas a la búsqueda de desaparecidos: la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos asegura que de los 20 casos mensuales que reciben, sólo en cuatro se recupera a los niños. La Fundación de Padres y Madres de Niños Perdidos calcula que 500.000 menores han desaparecido en el país en los últimos cinco años. Detrás de cada una de esas cifras hay una familia destrozada y una víctima inocente.

Según un dictamen de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, 45.000 niños desaparecen cada año, principalmente en la capital y los Estados de México y Jalisco, y 29.000 viven en el país sin cuidados familiares ni institucionales por el aumento en el tráfico y robo de menores.

El riesgo existe, el temor también y por ello no es raro escuchar en la calle a una madre decir a su hijo cuando se aleja unos pasos: “¡No te separes que te roban!” Se han dado casos de personas a las que les arrebataron a sus niños de la mano mientras caminaban por zonas muy transitadas o que no han vuelto a saber nada de sus hijos tras perderlos de vista apenas unos segundos.

Sus casos no adquieren el relumbrón mediático del de Paulette, que ha obligado a muchos periodistas mexicanos a justificar su atención a esa desgracia y que se ha politizado hasta el punto de afirmarse que le costará la carrera política al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, -considerado la única esperanza del PRI para retornar al Gobierno de la República- a quien se responsabiliza de los garrafales errores cometidos en la investigación.