Las empresas de alquiler de coches alertan del caos de las Zonas de Bajas Emisiones

En menos de una semana deberían entrar en vigor las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que afectarán a los 149 municipios españoles con más de 50.000 habitantes, en los que residen 25 millones de personas, es decir, el 53% de la población de nuestro país. Hasta el momento, sin embargo, sólo una veintena de los ayuntamientos afectados han llevado a cabo la presentación de las nuevas medidas, lo que deriva en un completo desconocimiento sobre lo que podrán hacer o no los conductores con sus vehículos a partir del 1 de enero.

Aneval, la asociación que representa a más de la mitad del mercado del rent a car en nuestro país, ha urgido a los consistorios a que las normas de acceso a las ZBE sean claras y se publiquen con cierta antelación, para que los usuarios puedan conocer las prohibiciones y restricciones circulatorias con tiempo suficiente para adaptarse. Algo que, sin duda, ya llega tarde. Además, la plataforma en la que está trabajando la Dirección General de Tráfico, y que deberá recoger en abierto todas las ordenanzas municipales, también debería ponerse en marcha lo antes posible, otro elemento más que va contrarreloj a escasos días de que la normativa se aplique.

Así, tanto las empresas de alquiler de coches, responsables de la principal oferta de movilidad compartida, como el usuario final que utiliza sus servicios y necesita tener volcada esa información en su navegador, necesitan consultar en tiempo real con qué tipo de vehículos puede acceder a estas zonas y en qué condiciones. Esta plataforma debería permitir, por ejemplo, que los servicios vinculados al GPS para los vehículos puedan advertir de las restricciones cuando se intente acceder a una ZBE. Además, el sector del rent a car, como ya ha hecho saber a las distintas instituciones locales afectadas por las restricciones circulatorias, confía en que todos los servicios de movilidad compartida estén exentos de las limitaciones a la circulación de vehículos.

Medidas dispares

La ausencia de un marco común que permita conocer con claridad las regulaciones ha dado como resultado una disparidad de criterios que, lejos de unificar, confunde todavía más a usuarios y empresas. Mientras el último borrador de Ponferrada (León) permite un número limitado de accesos anuales a los coches con etiquetas A, B y C (ampliables si pagan 25 euros), las localidades cántabras de Santander y Torrelavega, por ejemplo, no implantarán sus ZBE antes de 2024. En resumen, un caos.

En este contexto, el sector del rent a car recuerda que es una alternativa sostenible a la movilidad en las ciudades, con una flota joven, segura y limpia, en la que siete de cada 10 vehículos son de bajas emisiones, es decir, emiten menos de 120 gramos de CO₂ por kilómetro. Y nueve de cada 10 coches se renuevan cada año. Por ejemplo, esto lo ha valorado muy positivamente el Ayuntamiento de Valladolid en su ordenanza reguladora, recientemente publicada, en la que garantiza que los vehículos de uso compartido y multiusuario podrán moverse libremente por la ciudad.

Para el presidente de Aneval, Javier Díaz-Laviada, "nuestro espíritu como máximo exponente del coche compartido es colaborar con las administraciones públicas para reducir el nivel de emisiones del parque móvil español, mejorar la calidad del aire de las ciudades y ayudar a descongestionar el tráfico de las urbes, pero siempre y cuando las normativas sean coherentes, claras y de fácil acceso, y beneficien a todos los actores de la movilidad".