La DGT transfiere de manera irregular 622 M de las multas al Estado para financiarle

La Dirección General de Tráfico hizo una transferencia al Estado por valor de 622,3 millones de euros correspondiente al ejercicio 2019, lo que le llevó a cerrar el balance del año con un resultado negativo de 243 millones de euros, por primera vez en su historia. Esos 622,3 millones de euros provienen de las multas impuestas por los agentes de tráfico y los radares y cámaras instaladas en las carreteras, helicópteros, etc., y de las tasas que la DGT cobra por los servicios que ofrece. El importe de las multas, que por ley debe utilizarse para temas de seguridad vial, en realidad se utiliza para hinchar las cuentas del Estado de una manera irregular.

La DGT no tiene una asignación presupuestaria, como el resto de organismos del Ministerio del Interior, y en su lugar cada año tiene que hacer una transferencia al Estado, que en 2019 estaba presupuestada en 154,4 millones de euros. A esa cantidad, la dirección general que actualmente controla Pere Navarro, ha decidido añadir otros 467,9 millones de euros sin ningún tipo de asignación o referencia.

Según la Auditoría de cuentas de la DGT/Jefatura Central de Tráfico, correspondiente al ejercicio 2019, la DGT realizó un pago al Estado de más 600 millones de euros (622.282.363,93 euros), con la justificación de que 153.180.420 correspondían a una Transferencia al Estado, incluida como un gasto de la DGT, en la correspondiente partida de los Presupuestos Generales del Estado del año 2019. El resto hasta esa cantidad (469.101.943,93 euros) se hizo como Transferencia al Estado para generar crédito en el Ministerio del Interior.

Esta detracción de dinero procedente de las arcas de la DGT, que había sido generado de forma mayoritaria por las multas y en menor medidas por las tasas, ha provocado que la DGT haya incurrido en un resultado negativo del ejercicio 2019 por un importe aproximado de 243,4 millones de euros. Un saldo negativo en el balance de la DGT, por primera vez en su historia.

La cifra de 622 millones de euros transferidos al Estado, sumada a los 477,2 Millones de euros aprox. de gastos de personal y los 177,1 millones de euros aprox. de gastos de gestión ordinaria representan ese resultado negativo final de 243,4 millones de euros. Ese saldo negativo ha tenido que ser compensado con los excedentes de tesorería de ejercicios anteriores. Todas las Administraciones y entidades públicas tienen la obligación de cuadrar sus ingresos y gastos, y no actuar como meras entidades mercantiles, al ser entidades sin ánimo de lucro.

Las auditorías de las cuentas anuales de la DGT se venían publicando regularmente en el BOE, en el mes de octubre del año siguiente. La auditoría correspondiente al año 2019 ha sido publicada en el BOE el día de hoy, 22 de enero de 2021, con un retraso de tres meses con respecto a lo que era normal hasta el momento, por lo que hemos tenido que obtener la información previamente del Portal de Transparencia de la Administración General del Estado, donde fueron colgadas a finales del mes de diciembre pasado.

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Esta tardanza se debe a que el actual director de la DGT no envió las cuentas anuales a disposición de la Intervención General de la Administración, hasta el día 15 de julio de 2020. Por ello, la Intervención delegada en la Jefatura Central de Tráfico/DGT no pudo emitir el correspondiente informe de auditoría de dichas cuentas hasta el día 16 de diciembre de 2020.

El informe fue desfavorable en base a diferentes irregularidades detectadas en las citadas cuentas anuales. Esto hace, según se indica en el informe, que no se reflejen fielmente patrimonio, situación financiera, resultados, flujos de efectivo y el estado de liquidación del presupuesto de la DGT a 31 de diciembre de 2019.

La tardanza en la entrega de las cuentas por parte del actual Director General de Tráfico, no solo se pudo deber, presuntamente, al conocimiento previo de estas irregularidades en las citadas cuentas, detectadas por la Intervención General, sino también por las transferencias realizadas al Estado. Dichas transferencias se hicieron sin consignación presupuestaria, lo que ha provocado resultados negativos por primera vez en la gestión de la DGT.

Hay otro aspecto conflictivo en dichas cuentas. De los 166,7 millones de euros de adjudicaciones de contratos realizadas por la DGT en el año 2019, se han realizado adjudicaciones por importe de 57,2 millones de euros aprox., de contratos de servicios y suministros por un sistema atípico. Se han hecho por el procedimiento de adjudicación directa y negociado sin publicidad. Es decir, que uno de cada 3 contratos de este tipo adjudicados por la DGT lo ha sido por estos procedimientos.

Y, si esto es grave, aún lo es más que la DGT no haya ejecutado cuatro partidas para financiar proyectos de investigación sobre Seguridad Vial, por un importe total de 1,1 millones de euros, presupuestados en la partida de gastos de la DGT dentro de los Presupuestos Generales del año 2019.

Es sorprendente que un organismo cuyo principal fin es mejorar la seguridad vial en las carreteras españolas tenga esos excedentes de tesorería tan elevados cada año. Sin embargo, no tiene en su programa ni un solo plan para hacer campañas de formación o de mejora de la seguridad vial, más allá de poner más radares. Desde hace 40 años se habla en España de la necesidad de implementar la educación vial en las escuelas, desde los primeros cursos. Pero no hay ni una sola actuación de la DGT en este sentido.

También hay graves problemas en la red viaria española por falta de mantenimiento, en asfaltado o señalización, que también servirían para reducir la siniestralidad en las carreteras españolas. La única medida que aplica la DGT es aumentar el número de radares y de cámaras, modificar las leyes reduciendo los límites de velocidad y ampliar así la tesorería de la DGT mediante las multas, que posteriormente se transfieren al Estado.

Tiene una plantilla de examinadores para la obtención del permiso de conducir muy reducida, lo que está creando un importante cuello de botella en la obtención de nuevos carnés. También ha reducido la plantilla de agentes que vigilan el tráfico en más de un 10% en los últimos 10 años, pese al incremento del tráfico. Y la flota de vehículos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil está cada vez peor mantenida, con coches que no se pueden utilizar por falta de neumáticos o por una reducción del presupuesto para combustible. Son detalles que sorprenden cuando luego se hacen transferencias por valor de cientos de millones de euros cada año para reducir el excedente de tesorería de la DGT.