El Pacto de Toledo fracasa en su intento por alargar la jubilación más allá de los 65 años

El Pacto de Toledo lo decía de forma nítida: “Sería muy aconsejable facilitar la prolongación voluntaria de la vida activa de quienes libremente lo deseen”. El acuerdo fue suscrito por los partidos políticos hace casi tres lustros, pero se ha quedado en agua de borrajas. La prolongación de la edad de jubilación es prácticamente residual. De hecho, y según los últimos datos de la Seguridad Social, apenas 115.021 trabajadores permanecen como afiliados ocupados una vez cumplidos los 65 años.

Dicho en otros términos, tan sólo el 0,60% de los cotizantes ha rebasado la edad legal de jubilación. Se trata de un porcentaje incluso inferior al que existía a finales de los años 90, es decir después de la firma del Pacto de Toledo, lo que da idea del escaso avance de esa recomendación. En 1998, el porcentaje era del 0,78%.

Lo más relevante, sin embargo, es que el principal colectivo hacia el que dirigía la oferta, los trabajadores afiliados al régimen general, son lo que menos han seguido la propuesta. Tan sólo el 0,32% de los empleados por cuenta ajena se jubila después de los 65 años. Por el contrario, ha tenido más impacto entre los trabajadores adheridos al régimen de autónomos. El 1,81% de ellos pasa a la situación de retiro una vez superada la edad legal de jubilación. Eso quiere decir que los 115.000 trabajadores con más de 65 años, 47.261 cotizan en el régimen general, mientras que 61.177 lo hacen en el de autónomos, pese a que los primeros representan cinco veces la fuerza laboral de los segundos.

Los datos ponen de relieve el fracaso de la recomendación del Pacto de Toledo. La causa probablemente tenga que ver con los escasos estímulos económicos que concede la legislación a quien decida jubilarse más allá de los 65 años.

La ley reconoce al interesado un incremento adicional del 2% de la pensión por cada año cotizado después de los 65. El incremento se eleva hasta el 3% para aquellos trabajadores que hayan podido completar una carrera laboral de 40 años. Y en el caso de alcanzarse la pensión máxima, se reconoce el derecho a percibir anualmente una cantidad a tanto alzado en función de los años cotizados. Desde el punto de vista de las cotizaciones, los trabajadores y empresarios quedan exentos por contingencias comunes, salvo por incapacidad temporal.

La esperanza de vida y la insostenibilidad de la Seguridad Social

A la luz de los resultados, estos incentivos parecen escasos, y eso explica que este asunto sea uno de los temas estrella en la próxima revisión de la Comisión del Pacto de Toledo, cuyos trabajos están en vía muerta desde hace meses. Y ello pese a que el presidente Zapatero anunció que el Gobierno estaba listo para empezar a discutir su renovación.

El argumento que dieron los redactores del Pacto de Toledo para justificar la necesidad de alargar la edad de jubilación tiene que ver con el aumento de la esperanza de vida, que hace insostenible para la Seguridad Social el pago de prestaciones económicas durante muchos años. En 1940, la esperanza de vida de los españoles se situaba en 50 años, mientras que actualmente supera ligeramente los 80 años, y llega a 83,48 años en el caso de las mujeres.

La realidad, sin embargo, es que la edad real de jubilación es inferior a la legal: 63,7 años en el año 2007, según datos de la Seguridad Social.