¿Nacionalizar Endesa o Iberdrola? Cómo de factible es una solución francesa en España

Francia ha abierto de par en par las compuertas del capitalismo de Estado. Ante la situación de emergencia propiciada por la guerra de Ucrania, el Gobierno de Emmanuel Macron ha optado por tomar el control absoluto de EDF, la principal eléctrica del país, para convertirla en un pilar esencial de su estrategia energética.

El movimiento, que se entrelaza con pasos en una dirección similar en otros países europeos, como Alemania (con planes para tomar hasta el 25% de la gasista Uniper), viene a avivar la sensación de que cada vez más gobiernos podrían adoptar soluciones semejantes a los desafíos generados por la crisis actual. En un momento en que las tensiones en los mercados energéticos representan un lugar común para todos los países de la región, y las soluciones ensayadas hasta la fecha han resultado poco satisfactorias, parece lógico preguntarse si la vía de la nacionalización de operadores eléctricos puede acabar resultando una solución factible para otros gobiernos, como el español.

De hecho, la vicepresidenta española de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se refirió este jueves a dicha posibilidad, en una entrevista en Onda Cero, para señalar que la situación de España “no es comparable” a la que ha conducido a Francia a plantear esta solución.

La situación de partida de EDF hacía mucho más asumible su nacionalización total

Algo de razón tiene Calviño. Entre el caso francés y una hipotética nacionalización de una eléctrica en España, Endesa o Iberdrola, por ejemplo, existe una crucial diferencia de origen y es que EDF ya es a día de hoy una empresa mayoritariamente pública, con apenas un 16% de su capital en manos privadas. Así, y a expensas de conocer cuál será la vía empleada para nacionalizar esa participación, la medida puede entenderse más como una oportunidad de salida para los minoritarios del grupo, atrapados en una compañía que había pagado su sumisión a los designios políticos con un descalabro cercano al 35% en apenas siete meses, en medio de un significativo deterioro de su posición financiera (entre otras razones, por el tope establecido por el Gobierno a la factura eléctrica). La escalada del 14% con la que recibió el miércoles la noticia de los planes de nacionalización muestra las esperanzas generadas.

Para España, lanzarse a por el control de uno de los grandes grupos de generación energética representaría una operación más compleja, que difícilmente podría articularse a través del mercado si no es haciendo un desembolso muy considerable.

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Pero, además, como explica Carlos Solé, socio responsable de Energía y Recursos Naturales de KPMG en España, existe también una diferencia fundamental de contexto, que hace más obvia la intervención de Francia en el sector que lo que sería en España. Esto se debe a que Francia ha basado su estrategia de desarrollo energético, en gran medida, en un sector nuclear que requiere de importantísimas inversiones que, señala, “por la inmovilización de recursos que conlleva y por su horizonte temporal, no son atendidas con comodidad por el mercado privado”. En España, en cambio, el plan estratégico trazado, con foco en renovables, está basado en la premisa de que será el dinero privado el que correrá con la mayor parte de los desembolsos (se calcula que son necesarios 240.000 millones hasta 2030, de los que solo el 20% correspondería a dinero público), como había venido sucediendo en los años anteriores a la crisis.

Cabe señalar, no obstante, que el creciente intervencionismo del Estado en el sector energético no se restringe únicamente a posibles nacionalizaciones de compañías, sino que viene siendo notorio, en España de forma significativa, en un sinfín de cambios regulatorios, que, con frecuencia, han generado el malestar de la industria. Entre los expertos han sido insistentes las advertencias de que estos continuos cambios de rumbo normativos pueden acabar representando un desincentivo para la inversión privada en la transición energética. Para un país con las restricciones presupuestarias que tiene España y con escasez de alternativas en política energética, cualquier daño en este sentido podría resultar difícil de reparar.

Es clave que la intervención pública en el sector no desincentive las inversiones necesarias

“Algunas medidas pueden ser contraproducentes y frenar la inversión empresarial en renovables, por ejemplo. En esta situación, España podría intentar suplirlo, quizás a través de una empresa pública, que llevara a cabo esas inversiones, pero también habría que preguntarse qué capacidad fiscal tiene para afrontarlo”, apunta en este sentido, Raymond Torres, director de Coyuntura y Economía Internacional de Funcas.

La crisis generada por la guerra de Ucrania ha venido a reforzar una tendencia iniciada tras la pandemia del coronavirus, tendente a otorgar a los poderes públicos un papel más destacado en los desarrollos de la economía. Algunas de las distorsiones generadas por estos ‘shocks’ pueden llegar a justificar la necesidad de un mayor protagonismo de las autoridades públicas, en el trazado y dirección de políticas que pueden ser esenciales para el desarrollo a medio y largo plazo de la economía. Los recientes movimientos de la SEPI para hacerse con el control de Indra se encuadran en esta pujante dinámica.

Y no cabe duda de que la política energética es uno de esos campos críticos, en los que una dosis de dirección de los poderes públicos puede ser obvia e, incluso, deseable, máxime en medio de las turbulencias actuales. En un momento en que la autonomía estratégica ha pasado a representar el objetivo primordial para los Estados (en ocasiones en clara tensión con las pretensiones de sostenibilidad), la guía pública se puede entender más importante que nunca. Desde este punto de vista, para Francia, la nacionalización total de EDF puede suponer un esfuerzo menor tendente a hacer posible su estrategia energética. En el caso de España, en cambio, resulta muy difícil contemplar cualquier movimiento similar como asequible ni mucho menos deseable.