Suspender impuestos para rebajar la luz: ¿puede ser efectiva la idea del Gobierno?

Mientras el sector energético español disfrutaba este miércoles de una jornada de sólidas ganancias en bolsa, al calor de la opa lanzada por EQT sobre Solarpack, la polémica por el encarecimiento de la factura eléctrica seguía provocando quebraderos de cabeza al Gobierno. Fuerzas políticas que durante sus años en la oposición hicieron de cualquier repunte de los precios de la luz un motivo de reproche al Gobierno y las empresas del sector se enfrentan ahora que ejercen al poder a la angustiosa situación de dar respuesta a un auge sin precedentes de los costes de la energía.

Partiendo de esa perspectiva, no puede sorprender que el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez siga explorando vías con que contener un problema que amenaza con afectar de forma sensible la situación financiera de muchas familias en un momento especialmente delicado, minar la credibilidad del Gobierno y crear nuevos focos de tensión entre sus miembros.

Ante esa tesitura, la ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, ha planteado la posibilidad de reactivar una fórmula que ya tuvo que poner en práctica a finales de 2018, en otro momento de tensión en los precios, y que pasaría por la suspensión temporal de determinados impuestos. Entonces fueron el impuesto de generación eléctrica y el denominado 'céntimo verde' los elementos que quedaron desactivados, con un impacto estimado en la factura de alrededor del 4%, según explicó entonces la propia Ribera.

Los expertos consideran que el alcance del descuento sería muy limitado

En un momento en que los precios de la luz parecen encaminarse hacia cotas históricas —a pesar del leve alivio experimentado este miércoles— y existen pocos motivos para esperar un abaratamiento significativo en los próximos meses, parece evidente que cualquier medida que pueda ayudar a abaratar la factura debe considerarse positiva. "Ahora mismo, cualquier medida va a ser buena", admite Francisco Valverde, responsable de renovables en Grupo ARA. Sin embargo, advierte, "si lo que se pretende es que el consumidor pague menos, esto se queda corto no, lo siguiente", una visión que coincidiría con las críticas lanzadas por Facua, al expresar que esta medida supondría un alivio de "poco más de lo que cuesta un café".

La opción de recortar impuestos y costes regulados ha sido insistentemente planteada en el sector como la palanca más efectiva y potente para lograr una verdadera rebaja de los precios de la electricidad en España. Sin embargo, mientras una rebaja del IVA aplicado o la eliminación de la factura de algunos cargos no directamente derivados de la producción eléctrica (por ejemplo, el próximo traslado de determinados costes de las renovables a los combustibles) sí parecen generar cierto consenso como posibles soluciones, la vía implementada por el Gobierno no deja de auspiciar dudas por distintas razones.

La primera, ya citada, es su impacto aparentemente limitado, que se agudiza, explica Valverde, por el hecho de que deja fuera a los consumidores que se encuentran adscritos al mercado libre, que representan ya más del 60% del total, según datos correspondientes a 2020. Además, al ser un impuesto que se aplica a los productores, y no directamente a la energía, y que ni siquiera viene desglosado en la factura, la comprobación de que se traduce de forma efectiva en una rebaja de los precios finales y no contribuye a un incremento de márgenes para las compañías resulta más compleja y abierta a la duda.

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A esto se añade, como resalta Joaquín Giráldez, socio cofundador de Ingebau, que este tipo de maniobra no deja de representar "una patada hacia adelante", en el sentido de que "se intenta rebajar la factura con un recorte de unos impuestos que son ingresos que van al sistema, y sin los cuales se puede llegar a una situación de déficit de tarifa que al final acabamos pagando entre todos", y cita el ejemplo de lo ocurrido en 2019. "Entonces, la suspensión de este impuesto durante unos meses contribuyó a que se generara un déficit de tarifa, después de tres años de superávit", apunta.

Lo cierto, en todo caso, como recalca Valverde, es que "si una cosa no parece que vaya a tener el sistema este año es problema de ingresos", ya que, sin ir más lejos, el notable incremento de los costes de los derechos de emisión de CO₂ —una de las claves del encarecimiento de la factura— supone un aumento de ganancias para las arcas públicas con las que podría compensar el dinero que deja de entrar en el sistema por la suspensión de estas tasas.

El mayor problema, no obstante, radica en la sensación de que el Gobierno vuelve a abordar un problema en el que confluyen varias cuestiones estructurales (además de las coyunturales, como los altos precios del gas) a partir de medidas improvisadas, de corto alcance y que dejan sin tratar los desafíos esenciales que enfrenta el mercado de la luz, a la espera de la tramitación de unas reformas que, sin generar suficiente consenso, tardarán en resultar efectivas, si es que llegan finalmente a materializarse.

El mayor problema radica en la aplicación de medidas improvisadas a problemas estructurales

Durante años, la política energética del Gobierno español (de este y de los anteriores) ha estado marcada por una serie de improvisaciones que en poco han ayudado a dar estabilidad y seguridad jurídica al sistema, sin ser capaces de resolver el gran problema que supone contar con una de las tarifas más caras de toda Europa, lo que tiene efectos muy perjudiciales para familias y para empresas.

La suspensión temporal de una serie de impuestos puede aliviar, aunque sea marginalmente, la situación que se vive hoy en el mercado español de la luz y, sobre todo, permite al Gobierno esquivar la crítica de no haber hecho nada para enfrentar los problemas derivados de la subida de los precios. Pero si se tiene en cuenta que el encarecimiento de la energía parece beber —al menos en parte— de las propias políticas de transición energética impulsadas por el Ejecutivo, parece obvio que hace falta algo más que parches para poner coto de forma duradera a la situación.

"Actuar de manera estructural para atajar los precios del mercado no consiste en trasladar los costes del consumidor eléctrico a los Presupuestos Generales del Estado, porque paga el mismo y se sigue beneficiando el mismo. Consiste en establecer un sistema razonable, estable, asequible y que perdure en el tiempo", explicó este miércoles la ministra Ribera. Precisamente eso es lo que se sigue echando en falta.