La cuadratura del círculo energético pasa factura a las grandes eléctricas

La incertidumbre regulatoria vuelve a ocasionar turbulencias en el sector eléctrico español. Las fuertes caídas con las que han amanecido este lunes compañías como Endesa, Acciona o Iberdrola no son otra cosa que el reflejo de la preocupación con la que observa el mercado las pretensiones del Gobierno español de limitar los beneficios de los que disfrutan las compañías del sector a través de una modificación de la ley.

La fuerte subida de los precios de la factura de la luz en los últimos meses ha sido el detonante que ha llevado al Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez a retomar un plan repetidamente enarbolado, el de recortar los denominados 'beneficios caídos del cielo', pero que hasta la fecha no se ha traducido en medidas efectivas. El Gobierno estaría ahora pensando limitar la retribución de las centrales eléctricas no emisoras de CO2 (hidráulicas y nucleares) anteriores a 2005, para que estas no puedan beneficiarse en sus precios de venta del encarecimiento de los derechos de emisión, una de las claves del reciente encarecimiento de la factura.

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Puede entenderse el interés del Ejecutivo por poner coto a un incremento de los precios de la energía que amenaza con asestar un golpe oneroso a miles de familias y empresas, con el consiguiente riesgo de lastras las perspectivas de recuperación de la economía nacional. Pero una vez más, el movimiento de reacción precipitado ante el auge de los precios se presenta con un claro aroma de improvisación con difícil encaje en una estrategia energética llena de contradicciones.

Los planes del Gobierno buscan una reducción de la factura de unos 1.000 millones

No puede obviarse que este último incremento de los precios responde a la propia estrategia marcada desde Bruselas para favorecer la transición energética, que tan fervorosamente ha abrazado el Gobierno. Tampoco, que la propia reforma de la factura articulada desde el Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera, y que entra en vigor este mismo martes, conlleva un encarecimiento de la luz para millones de usuarios. Y ante esos efectos indeseados se responde con medidas que castigan las perspectivas de beneficios de unas compañías a las que se les ha impuesto precisamente un modelo de abastecimiento energético que lleva implícito grandes vaivenes en los precios y a los que se les reclaman cuantiosas inversiones para facilitar la deseada transición energética.

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A falta de conocer los detalles de esta nueva reforma eléctrica, se calcula que el plan del Gobierno tendría un impacto de entre 800 y 1.000 millones de euros, que podría significar una rebaja en torno al 5% de la factura de los consumidores. Para las compañías eléctricas españolas, supondría la pérdida de alrededor del 5% de su ebitda conjunto, aunque con un impacto muy dispar entre unas y otras.

Los analistas de Alantra estiman que una medida que tratara de reducir la facturación eléctrica en esos 1.000 millones y que afectara por igual a la producción combinada de energía nuclear, hidroeléctrica y renovable anterior a 2005 (que supone cerca del 45% del total) implicaría un gravamen de entre siete y nueve euros por MWh. A partir de ahí, calculan que Iberdrola sería el grupo más golpeado en términos absolutos, pero no así en términos relativos, donde Endesa encajaría el mayor golpe, con un impacto potencial de hasta el 10% de su beneficio por acción anual. No es de extrañar que el grupo que dirige José Bogas sufriera este lunes el mayor castigo en bolsa, con caídas superiores al 4% a media sesión.

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Tampoco supone un golpe menor para Iberdrola y Acciona, que enfrentan una carga de entre el 4 y 6% de sus beneficios, mientras que para Naturgy el impacto se calcula entre el 3 y el 4%. No obstante, en el mercado también se entiende que este plan podría ir acompañado de medidas que mitiguen su efecto, sobre todo ante la eventualidad de unos precios del 'pool' superiores a los que se venían asumiendo previamente.

Endesa podría perder hasta un 10% de su beneficio; Acciona e Iberdrola, hasta un 6%

Asimismo, como observan desde Banco Sabadell, "la minoración de esa partida no debería ser muy significativa, dado que las tecnologías de respaldo son necesarias en el actual sistema marginalista de precios y el Gobierno ya se beneficiará y recaudará mucho más con las subastas de emisión ante la escalada del precio del CO2".

En cualquier caso, y pese a que la posibilidad de un recorte a estos beneficios lleva sobre la mesa mucho tiempo, este resurgir de la incertidumbre regulatoria aparece como la enésima dificultad en el camino bursátil de unas compañías que ya vienen padeciendo sobre el parqué en los últimos meses. Entre ellas, la combinación de unas mayores presiones inflacionistas, con el consiguiente encarecimiento de la deuda y el reajuste de las expectativas de beneficios a largo plazo en áreas como el de las renovables, el recorte de los ingresos regulados al que ya han sido sometidas y el mayor interés de los inversores por historias más ligadas al crecimiento cíclico, ante la expectativa de recuperación económica. Esta nueva oleada de inseguridad regulatoria hará poco por facilitar la llegada de nuevos fondos a un sector que tiene previstas inversiones milmillonarias en los próximos años.

Son muchos y muy importantes los detalles del cambio regulatorio que quedan por conocer y no cabe esperar que supongan en ningún caso un bache insalvable para las eléctricas afectadas. Pero este nuevo movimiento vuelve a poner en primera plana la incertidumbre a la que están sometidas las compañías inmersas en el negocio regulado de la luz en España. Y con todas las piezas que aún le quedan por encajar al Gobierno en el difícil camino de la transición energética, parece difícil que esto no se traduzca a largo plazo en una prima de riesgo más elevada de la que ya asumían las compañías del sector.