Lucha de poder en Unicaja y Liberbank: una patada adelante que no elimina los riesgos

Las acciones de Unicaja y Liberbank reflejan este lunes cierta sensación de alivio, con ganancias que rebasan el 2%. Los temores a que los planes de fusión entre ambos grupos volvieran a descarrilar, por segunda vez en menos de dos años, parecen haberse evaporado con las noticias que dan a conocer un acuerdo para deshacer la guerra de poder que complicaba el cierre del acuerdo.

Pero el compromiso alcanzado difícilmente puede interpretarse como una solución definitiva a esos problemas. Con Manuel Azuaga, actual presidente de Unicaja, destinado a presidir la nueva entidad, el gran dilema radicaba (y aún radica) en quién asumirá el poder ejecutivo del nuevo banco dentro de dos años, cuando el banquero andaluz abandone sus funciones por motivos de edad.

El paso lógico, y siguiendo los criterios de gobernanza dictados por el supervisor, sería que estas responsabilidades recayeran en el consejero delegado del banco, puesto reservado para el líder del banco asturiano, Manuel Menéndez. En Unicaja, sin embargo, son muchas las voces que consideran inapropiado ceder en solo dos años el mando de la entidad al responsable de un banco que, al fin y al cabo, será el absorbido en la fusión (alcanzando un 40,5% del capital del nuevo banco).

La política suma a la fusión un factor de dificultad adicional: el poder regional

La solución acordada pasa por que, llegado el momento, Menéndez someta su continuidad al dictamen del consejo de la nueva entidad, posponiendo hasta entonces la decisión sobre quién debe tomar a partir de entonces las riendas del nuevo banco. Pero no parece claro que esta patada adelante satisfaga a las voces discrepantes de Unicaja, entre las que resalta la Junta de Andalucía, presente en el patronato de la fundación que controla la antigua caja de ahorros.

Los vestigios del poder político en las antiguas cajas de ahorros vuelven a surgir en esta ocasión para añadir complejidad a la ya de por sí difícil misión de fusionar dos entidades, al sumar consideraciones de poder regional a los distintos asuntos a tratar. Cuestiones que en poco parecen ajustarse a necesidades estratégicas antes que a percepciones de poder a las que tan sensible suele mostrarse la política.

No es fácil argüir, con los datos conocidos, que la gestión de uno u otro banco a lo largo de los últimos años haya sido muy superior a la de su par. Ambos bancos alcanzan la fusión con elevados niveles de solvencia y ratios de morosidad limitada (que si bien es menor en Liberbank, está mejor cubierta en Unicaja) y solo la política comercial más agresiva en los últimos tiempos del banco que dirige Menéndez puede alimentar algunas cuestiones sobre la futura evolución de su balance.

Su evolución bursátil (con pérdidas totales en el entorno del 40% en los últimos tres años y un precio sobre el valor en libros por debajo de las 0,3 veces) también arroja una imagen muy similar de ambos grupos a ojos del mercado.

Ni los datos ni la evolución bursátil reflejan una mejor gestión de uno u otro banco

En esas circunstancias, someter la cuestión de la gobernanza a criterios basados en la procedencia de los gestores más que a sus capacidades y estrategias no puede verse en ningún caso como una decisión alentadora para el futuro de la nueva entidad. De hecho, para dar confianza a los inversores de que se está eligiendo al mejor candidato posible, incluso podría verse como algo positivo que el nuevo principal ejecutivo no fuese ni andaluz ni asturiano.

Entre los analistas, existen pocas dudas sobre que la unión de ambos bancos es positiva, casi obligada, en el contexto de un mercado que tiende a la concentración y en el que las economías de escala resultan fundamentales para garantizar la capacidad de respuesta a un entorno extremadamente desafiante para el sector bancario. Aunque, precisamente, la dispersión geográfica de sus redes restringe la capacidad de obtener sinergias de costes, las ventajas del mayor tamaño y la posibilidad de establecer distintos programas de optimización de costes e ingresos parecen suficiente motivación para evitar un nuevo descarrilamiento de las negociaciones, que sería fatal para la imagen de ambos grupos ante los inversores y ante el propio BCE.

Pero sería deseable que las cuestiones pendientes quedaran bien amarradas a tiempo —y tiempo, precisamente, no es lo que les sobra—, para evitar resquicios por los que las luchas políticas, que tantos sinsabores han provocado en el sector bancario español en la última década, puedan hacer zozobrar un proyecto que debe enfrentarse a muy importantes retos en los próximos años. Encararlos desde la unidad y con un proyecto común y coherente parece mucho más relevante que el acento de sus principales directivos.