La idea de crear una eléctrica pública en España pone en guardia a los inversores

Se recrudecen las dudas sobre las posibles soluciones que el Gobierno está planteando para rebajar la factura eléctrica. Desde el que el viernes pasado la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, abriese la puerta a la creación de una empresa pública para gestionar las centrales hidroeléctricas, ya son varias las firmas de banca de inversión y análisis financiero que han advertido del impacto que supondría para el sector energético. La última en hacerlo ha sido la estadounidense Morgan Stanley que, de hecho, ha sido la primera en mencionar este nuevo desarrollo regulatorio al tomar la decisión de recortar la recomendación a una ‘utility’ española.

En plena escalada récord del precio de la luz, la vicepresidenta tercera dijo en una entrevista en la radio que se abría a “poder disponer de toda la energía hidroeléctrica a través de un sistema concesional, a través de una empresa pública, según se vayan liberando las concesiones hidroeléctricas, que permita intervenir o facilitar otra manera de ofertar energía”. La ministra del PSOE asentía así ante una vieja petición de su socio de gobierno, Unidas Podemos, aunque el viernes varias figuras del Gobierno, entre ellos el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, templaron estos ánimos, explicando que se trataba de un proyecto a largo plazo y que se seguía anteponiendo la seguridad jurídica de España. Por su parte, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, negaba el interés de esta posibilidad este martes.

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Si ya el viernes distintas casas de análisis españolas empezaron a avisar del golpe negativo que trae este desarrollo, esta semana ha sido Morgan Stanley quien ha incluido esta advertencia en un informe a clientes. Al recortar la recomendación de ‘comprar’ a ‘mantener’ sobre Endesa, la entidad explicó en el documento de este lunes que consideran que “la narrativa para España se ha vuelto más desafiante después de un periodo de competencia intensa e intervención regulatoria”.

En este contexto, Morgan Stanley justifica su decisión en varias cuestiones —margen del suministro, la consolidación del mercado…—, y, entre estas, defiende que “la nueva ley sobre ‘los beneficios caídos del cielo’ y la posibilidad de que el Gobierno cree una ‘utility’ pública según la capacidad hidroeléctrica alcanza el fin de su concesión, han hecho que el sentimiento sea más cauto en España”. En este contexto, Morgan Stanley apenas ve que su visión pudiese cambiar si estos vientos de cara se ven contrarrestados por la subida de los precios energéticos (impulsada por la subida de los precios del gas) en 2023 o si se dan evidencias de una mayor cuota de mercado con una mejora del margen integrado. La compañía cerró el martes con una caída del 1,5% en bolsa, en un día en el que el Ibex se dejó un 0,7%.

Morgan Stanley se convierte así en la primera firma extranjera en mencionar la creación de una empresa pública como factor de riesgo para el sector y de hacerlo en el análisis de un valor concreto. Desde el viernes, algunas casas de análisis españolas ya han señalado el potencial impacto de esta medida para el interés inversor. “Los comentarios [de Ribera] son, en nuestra opinión, consecuencia de la presión política que está sufriendo el Gobierno debido a la fuerte subida de los precios de la electricidad que se ha registrado en los últimos meses”, detallaban desde la parte de análisis del banco de inversión, Alantra. Para el equipo, esta medida tendría “poco sentido” y constituirían “malas noticias para el sector”, ya que, por un lado, “la cantidad de megavatios que alcanzará el final de la concesión en la próxima década es muy bajo (menos de un gigavatio respecto al total de 20 gigavatios operativos, que a su vez se compara con los 105 gigavatios totales de capacidad del sistema)”.

“A corto plazo, tendría muy poco impacto en los precios de electricidad, pero a medio y largo plazo crearía una distorsión relevante en los precios si es que el Gobierno termina vendiendo la electricidad a precios artificialmente bajos”, proseguían desde Alantra en el informe a clientes. Para finalizar, desde la firma avisaban del mensaje que manda este tipo de propuestas, debido a su tinte “intervencionista”. Como contrapropuesta, desde Alantra preferirían una reforma del mecanismo de los precios del ‘pool’ energético, decantándose por un mecanismo basado en subastas de capacidad. “Es un sistema que ha funcionado como es debido en los últimos años, si se tiene en cuenta la mezcla en la generación energética que teníamos en España”, matizan. “Sin embargo, creemos que el auge material de la capacidad renovable que se espera para los próximos años acabará creando muchas ineficiencias (como está ocurriendo actualmente)”.

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La posición de estos dos bancos de inversión casa con la emitida por el equipo de análisis del banco Sabadell, que ya avisó en un informe a clientes remitido el pasado viernes que los comentarios de Ribera eran una “noticia esperada en cuanto a que el Gobierno se muestre dispuesto a buscar fórmulas para reformar la tarifa regulada tras la propuesta por parte de Aelec”. “Por otro lado, en cuanto a la posibilidad de la creación de una eléctrica pública, sería negativa para el sector de llevarse adelante, si bien ahora son declaraciones preliminares fruto del ruido político por el escenario de precios altos del pool y vemos poco probable que salga adelante”, subrayaban. “En cualquier caso, precisamente con los precios altos, el riesgo de cambios regulatorios crece y es clave para el sector que no sea modificando estructuras de cobro”.

De momento, parece que las acciones no están sufriendo en bolsa por las palabras de Ribera. A excepción de Endesa por el recorte de Morgan Stanley, Iberdrola sube un 1,5% desde el jueves y Naturgy un 1,4%. Sin embargo, el desarrollo es un lastre más sobre el ya pesado marco regulatorio, ya que las empresas se enfrentan a cambios en el entorno como el recorte al exceso de retribución la energía hidráulica y nuclear ('beneficios caídos del cielo'), que representa alrededor del 25% de la facturación media anual de las centrales afectadas. Como ya adelantaba El Confidencial en julio, una encuesta de Exane BNP Paribas a inversores y analistas revelaba que la incertidumbre política era el motivo por el que el atractivo inversor de España como destino verde había caído por debajo del de otros países vecinos como Francia, Alemania o Italia. Y es que en un momento ya de por sí inestable por la transición energética, el mercado es muy sensible a la volatilidad regulatoria que la acompaña.