nueva reforma de buen gobierno

La gran mentira de darle todo el poder al accionista minoritario: ¡si no lo usa!

La nueva reforma de Buen Gobierno busca que los inversores puedan vetar los sueldos desorbitados. El problema es que los accionistas no ejercen su poder

Foto: Imagen de la junta general de Swatch
Imagen de la junta general de Swatch

Llega la enésima reforma de buen gobierno de la última década. Se llama Informe Anual de Retribuciones y a partir de este año todas las empresas cotizadas y las cajas de ahorro que emitan valores en el mercado deberán presentarlo junto con sus cuentas anuales.

En él se promete detallar con toda claridad la política retributiva de las empresas, es decir, dar más transparencia al sueldo de las grandes cúpulas del país, esas que dan tantos titulares con sus bonus de escándalo y sus indemnizaciones multimillonarias.

Entre los principales puntos de la reforma está someter al voto de la Junta General el sueldo del consejo de administración como un punto independiente. De este modo, si los accionistas consideran desorbitado la remuneración de los gestores, podrán manifestarse en contra para intentar pararlo.

No sólo eso, la empresa también deberá informar sobre las obligaciones contraídas por cada consejero en materia de pensiones o de pago de primas de seguros de vida, y sobre los acuerdos indemnizatorios.

El problema es que la realidad ha demostrado que, al final, los accionistas no están ejerciendo el creciente poder que se les ha ido confiriendo con cada nueva reforma de buen gobierno.

El ejemplo más claro lo tenemos en los bancos, siempre en el epicentro de la polémica por sus elevadas remuneraciones.  Sin embargo, a la hora de tomar medidas para oponerse a ellas, este tono crítico queda en papel mojado, ya que todos los bancos cotizados reciben el apoyo del 90% de sus accionistas.

Los minoritarios no se mueven

Aunque hasta las próximas juntas no será obligatorio, todos los grandes bancos del mercado de valores ya acuden a su asamblea general con un informe sobre la política retributiva que se vota como punto independiente, eso sí, sólo con carácter consultivo, y lo llamativo es que la entidad que menos apoyo recibe, Santander, saca adelante los sueldos de su cúpula con el apoyo del 88,37% del accionariado.

Suma y sigue, porque el activismo de las juntas es menor cuanto mayor es el capital flotante, lo que indica que son precisamente los pequeños inversores, los mismos que luego conforman la opinión pública, los que menos interés muestran en ejercer su poder cuando lo tienen.

El año pasado, según datos oficiales de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), el porcentaje medio de participación en la junta se situó en el 68,3% (72,9% en 2011) del capital social.

Se da la circunstancia de que “el descenso de participación en 4,6 puntos porcentuales es muy similar al incremento medio de capital flotante (4,5 puntos porcentuales) y sitúa la participación en las juntas de 2012 en una proporción equivalente a la registrada en 2007”, denuncia el organismo supervisor en su último informe de Buen Gobierno.

En cambio, los grandes accionistas, que suelen copar los consejos de administración, se cuidan muy mucho de defender sus intereses, como demuestra el hecho de que en 3 de las 7 entidades con una participación en las juntas generales superior al 80%, su capital flotante era inferior al 25%; mientras que de las 7 sociedades que tuvieron una participación inferior al 62%, 6 tienen un capital flotante superior al 74%.

Estos números permiten llegar a la conclusión de que, a pesar del escándalo público que han supuesto algunas retribuciones en plena crisis económica, y sobre todo algunas indemnizaciones vistas en el sector financiero, que han sido llevadas a las tribunales, los minoritarios no utilizan todos los mecanismos que tienen a su alcance para oponerse o, al menos, intentarlo. ¿Empezará a cambiar con la nueva reforma?

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