Si las renovables bajan el precio de la luz ¿a qué esperamos para impulsarlas?

A principios de enero los precios del gas y de la electricidad no habría portadas en periódicos, a nadie le interesaba si subían, bajaban o se mantenían invariables. Ahora, en cambio, está en el foco informativo día sí, día también. Todo el mundo parece comprender cómo funciona el sistema eléctrico, lo que es un MWh, la importancia del modelo marginalista, cómo influyen las renovables en bajar el precio o la dependencia energética del gas de países a miles de kilómetros.

Los sucesivos precios históricos de la electricidad en el mercado mayorista cargan con la responsabilidad. No es para menos. 188 €/MWh es el récord histórico del día 16 de septiembre, seguido por los 175,77 €/MWh o los 172,97 € MWh de otros días, cuando la media de 2019 fue de 47,68€/MWh. Los expertos preveían alcanzar esas cotas en noviembre, pero no en septiembre. Y, aún no ha llegado el invierno que será cuando aumente la demanda de gas para la calefacción de hogares, oficinas y edificios públicos.

Sin visos de bajada

Lo peor es que estos precios no parecen tener techo, siendo el límite legal 3.000 €/MWh. Es más, la escalada del precio del gas no ha hecho más que empezar. Los contratos futuros de gas en el MIBGAS (Mercado Ibérico de la Electricidad) indican que para 2022 el precio rondará los 43,85 €/MWh. Actualmente estamos en torno a los 71€/MWh. Pero, esta previsión está en la cuerda floja de la geopolítica porque la estabilidad de los precios no depende directamente de España.

Azuzado políticamente por este tirón histórico, tras las vacaciones de verano, el Gobierno de España ha vuelto a las oficinas para frenar, o por lo menos aplicar regulación paliativa, a esta situación., dentro del marco de actuación marcado por las Directivas Europeas del Mercado Eléctrico de la Unión Europea.

Más renovables y protección de los consumidores

Si las renovables bajan el precio impulsemos su instalación. Bajo esta lógica premisa, en septiembre se ha convocado una nueva subasta de energía renovable para mediados de octubre. Prevén subastar hasta 3.300 MW de potencia, subdivididos de la siguiente forma: 1.500 MW para eólica terrestre, 700 MW para fotovoltaica, 300 MW para instalaciones fotovoltaicas de generación distribuida y 200 MW sin reserva tecnológica. Además, cuenta con la novedad de un cupo especial de 600 MW de disponibilidad acelerada que debe estar operativo el 30 de septiembre de 2022.

Además, el arcón legislativo del Gobierno en este 2021 parece no tener fondo. El recién aprobado Real Decreto-ley 17/2021, con revisión ex post incluida, ha sacudido los cimientos de las empresas y de las asociaciones energéticas, ecologistas y de consumidores. No ha dejado indiferente a nadie, con voces tanto a favor como en contra. Tras el anuncio, el Foro Nuclear “amenazó” con el cierre de las centrales antes del parón programado de 2027 a 2035. No se había publicado el contenido del RDL todavía en el BOE.

Y lo que propone es coherente con la situación excepcional que vivimos. La batería se articula en torno a sufragar cargos y costes regulados de la factura con los que prevén obtener una rebaja del 30%. Para ello, primero extraerán los beneficios extraordinarios, obtenidos por las tecnologías de generación no emisoras, a causa del incremento en los precios del gas fósil. Esta medida estará vigente hasta el 31 de marzo de 2022 y supondrá un total de 2.600 millones de euros para reducir el impacto en los consumidores, además de otros 900 millones adicionales de las subastas de CO₂ para reducir los cargos.

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Por otro lado, la carga fiscal se reduce. El Impuesto de la Electricidad se reduce del 5,1% al 0,5% y se prolonga la suspensión del Impuesto a la Generación del 7% hasta fin de año. A todo ello se le une la continuidad de la rebaja del IVA del 21% al 10% hasta final de año. Conjuntamente, se limita la subida de la tarifa regulada del gas natural (TUR) para las familias y las pymes, provocando que este trimestre crezca un 4,4% en vez de un 28%.

Asimismo, para blindar a los consumidores, prologan el Suministro Mínimo Vital que prohíbe el corte del servicio por impago a los beneficiarios del Bono Social Eléctrico durante seis meses adicionales a los cuatro ya existentes. Una herramienta beneficiosa con carácter temporal.

Positivas, a priori, para los ecologistas

El G5 de las organizaciones ecologistas españolas (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF) ha dado luz verde a la medida. En el comunicado conjunto que hicieron público se congratulaban de que “finalmente se empiecen a tomar medidas reales ante los abusivos beneficios “caídos del cielo” de las nucleares e hidroeléctricas, de los que se han aprovechado las grandes compañías eléctricas para incrementar sus ganancias.” Aunque están preocupados “por la campaña que las compañías verticalmente integradas están realizando contra la tarifa PVPC del mercado regulado, empujando a la ciudadanía a caer en falsas ofertas”.

En la Fundación Renovables son más críticos. Están a favor del contenido de las medidas, numerosas veces reclamadas por ellos, pero no en las formas legislativas ni en la temporalidad de las más destacadas. Habiéndose podido aprobar muchas de ellas meses antes, vía Real Decreto Ley, destacan que estamos en un ciclo de política de parches que puede acarrear una inseguridad jurídica que no puede permitirse, otra vez más, el sector de las renovables. Por este motivo, reclaman una reforma integral de la Ley del Sector Eléctrico 24/2013 que permita democratizar la energía y que la política energética se estructure en torno a la reducción del precio de la electricidad como vector energético de un futuro sin emisiones de gases de efecto invernadero.