Mejor infraestructura y una entidad reguladora para hacer más eficiente la gestión del agua

Por sus características geográficas y meteorológicas, España tiene un déficit hídrico estructural que se ve agravado durante los periodos de sequía. Estos, además, son cada vez más intensos y prolongados debido a los efectos del cambio climático. A todo ello, hay que sumar una población urbana que incrementa cada año su gasto de agua por persona y un campo en el que se están generalizando determinados cultivos de regadío para atender a las necesidades de los consumidores. Los interrogantes que surgen ante esta situación son numerosos: ¿Cómo se puede garantizar el abastecimiento para todas estas demandas de una forma sostenible en su triple dimensión: económica, social y medioambiental? ¿Puede la Administración pública hacer frente a esta coyuntura sin el apoyo del sector privado? ¿Serán determinantes los fondos de la Unión Europea?

Dar respuesta a estas preguntas no es sencillo, por esta razón El Confidencial organizó una mesa redonda a la que fueron invitados representantes de las distintas partes implicadas con el objetivo de arrojar luz ante una cuestión tan delicada. Bajo el título Los retos de la gestión del agua en España, en la tertulia participaron Pascual Fernández, presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS); Andrés del Campo, presidente de la Federación Nacional de la Comunidad de Regantes (Fenacore); Fernando Cortabitarte, director del Ciclo del Agua de Acciona, y Santiago Otero, socio de Strategy de PwC.

Santiago Otero declaró que “en España se invirtieron 4.000 millones de euros de media en infraestructura hídrica en la década del año 2000, gracias a los fondos europeos, principalmente”. Sin embargo, esta cifra descendió a 1.700 millones justo antes de la pandemia, según detalló. “Los que han mantenido la inversión estable han sido los operadores, pero con su aportación no se llega a cubrir los 5.000 millones al año que se necesitan. En nuestro país se invierte casi cuatro veces menos en agua que en otros países porque aquí no se adoptan medidas hasta que las infraestructuras fallan”, se quejó el socio de Strategy de PwC.

En la misma línea, Fernando Cortabitarte subrayó que “para modernizar el sistema se necesitan inversiones multimillonarias, algo que está muy lejos de ser una realidad en España, donde la tarifa media del agua no solo no ha subido en décadas, sino que ha bajado en algunos casos. De hecho, siendo uno de los estados con mayor estrés hídrico, tenemos la sexta tarifa más baja de la UE”.

A estos postulados se sumaron los otros participantes en la mesa redonda, aportando la visión particular de cada uno de los sectores que representan. De esta forma, Pascual Fernández matizó que “en el caso del consumo urbano, el abastecimiento está garantizado y solo existen incidencias puntuales cuando hay sequía en zonas muy concretas. Tanto es así que no habrá problema ni siquiera en las cuencas de Andalucía y Cataluña, las más afectadas por la actual escasez de lluvias”. Respecto al problema de las infraestructuras, remarcó que “el déficit de inversión no para de acumularse debido a unas tarifas inadecuadas. Las familias españolas no saben ni cuánto pagan por el agua. Por ejemplo, en el norte de Europa pagan el doble que en España y recordemos que allí no escasea”, advirtió.

"En el norte de Europa pagan el doble por el agua que en España y recordemos que allí no escasea", Pascual Fernández (AEAS)

Caso bien distinto es el de los agricultores, quizá el sector más afectado por la sequía, ya que es el que más consume (el 80%, frente al 20% urbano). Desde el punto de vista de Andrés del Campo, “la población mundial creciente exige aumentar la producción de alimentos en un 55% antes del año 2050, según la FAO. Esto solo se puede conseguir con cultivos de riego y aplicando la biotecnología”, afirmó.

Para matizar esta tesis, el representante de Fenacore expuso que “el riego eficiente basado en biotecnología es la opción más sostenible según las investigaciones más recientes y respetuosa con el medio ambiente: una hectárea con este modelo de cultivo equivale a 40 de secano en la costa y a seis en el interior. Si, por el contrario, se incrementaran las superficies de secano, sería siempre en detrimento de selvas y bosques. La biotecnología nos permite trabajar la tierra con menos agua, con especies más resistentes a las plagas, que necesitan menos productos fitosanitarios, a menor coste y generando menor contaminación”, precisó.

Regulación y colaboración público-privada

No obstante, para modernizar la infraestructura “necesitamos facilitar la inversión privada, lo que, a su vez, requiere mejorar la regulación y las figuras legales que supervisen el desempeño y optimización del uso del agua tanto en la agricultura, como en el sector urbano e industrial”, explicó Fernando Cortabitarte. Pero ¿existe algo parecido en los países del entorno europeo? Santiago Otero admitió que “la coexistencia entre lo público y lo privado en materia de agua es habitual en otros estados de la UE, siempre acompañada de un regulador imparcial que ejerce de observador, aporta información transparente a todo el sistema y tiene un rol determinante a la hora de aprobar las tarifas con base en unas metodologías específicas establecidas previamente”. Y puso un ejemplo: “Si el alcalde de un municipio lleva a cabo una acción inapropiada, este regulador emite un informe desfavorable, siempre con la mirada puesta en la gestión eficaz”, puntualizó el consultor.

En la misma línea, Pascual Fernández insistió en que “no debemos olvidar que el agua es un sector básico que no tiene regulador, como sí sucede en nuestro país con las telecomunicaciones o la energía”. “Lo necesitamos para llevar a cabo todos estos procesos de forma ordenada, transparente y eficiente”, sugirió. Al hilo, su compañero de tertulia Andrés del Campo fue tajante: “Sufrimos las consecuencias de una planificación deficiente, como son los planes hidrológicos. En muchas ocasiones es peor la contaminación política que la medioambiental, ya que se recogen medidas que no tienen sentido y, por el contrario, no se llevan a cabo obras absolutamente necesarias”, se lamentó.

"Sin obra de regulación, en España solo podrían vivir en verano entre cuatro y cinco millones de personas", Andrés del Campo (Fenacore)

Entre las propuestas concretas que sacaron a colación los participantes en la mesa redonda, Fernando Cortabitarte destacó “la desalación como una solución a largo plazo que convertirá el agua en un recurso fiable, con un precio conocido y competitivo”. Además, aclaró que “actualmente el consumo energético de este proceso ya no es tan elevado como lo era hace unos años y, si conseguimos combinarlo con el uso de renovables, la ecuación será perfecta”.

Planificación, infraestructuras y tarifas

Pascual Fernández incidió en la importancia de la planificación: “Gracias a iniciativas como las campañas de concienciación se ha conseguido reducir el consumo de agua urbana per cápita en casi el 25%. A esto habría que sumar la necesaria modernización de 100.000 kilómetros de red de distribución —algo que es aconsejable hacer cada 50 años, aproximadamente— y el uso de desaladoras y la reutilización de agua”. Sobre este último aspecto, recalcó que “España es una verdadera potencia internacional en materia de reutilización, aunque todavía hay mucho margen de crecimiento. Gestionando bien el agua, fomentamos la economía circular, algo especialmente sostenible y que tiene un impacto muy positivo en el medioambiente. Esto hay que trasladárselo al ciudadano”, enfatizó el representante de AEAS.

Cuando se habla de agua, uno de los temas más polémicos en materia medioambiental es la obra de regulación, es decir, los sistemas artificiales de canalización, conducción o captación. Sobre este aspecto, Andrés del Campo señaló que “en nuestro país aprovechamos el 44% del agua gracias a este tipo de infraestructuras. Tanto es así que, si no existieran, en España solo podrían vivir en los meses de julio y agosto entre cuatro y cinco millones de personas a merced de los cauces naturales”. Para evidenciar la importancia que tiene la obra de regulación, recordó que “en nuestro territorio el 11% de la superficie —la franja cantábrica y atlántica del norte de la península— recibe el 40% de la lluvia, mientras que el 60% de precipitaciones se reparte en el 89% de territorio restante”.

Para cerrar el coloquio, Santiago Otero sintetizó en dos las iniciativas que se deben adoptar, según su punto de vista: “Mejorar la financiación con mecanismos que nos ayuden a atraer más fondos de Europa y crear algún tipo de estructura regulatoria nacional que establezca una metodología más clara para el cálculo de tarifas”. De esta forma, “podremos revertir un problema que es de primer nivel en un país que tiene un sector agrícola y turístico muy potentes, pero también muy dependientes del agua”, apuntó. Sin embargo, aseguró que “el modelo administrativo produce un cuello de botella porque no se ejecuta correctamente, es decir, los procesos administrativos son lentos y hay que reconocer que, para un alcalde de municipio pequeño o mediano, cambiar un colector no tiene retorno político”.

Finalmente, el experto de PwC concretó que “la subida de precio de la que estamos hablando para financiar la mejora de las infraestructuras no es dramática y, pasado un tiempo, la tarifa se estabilizaría. Pero el consumidor tiene que entender que habría que hacer un esfuerzo económico en el corto plazo”, previno el consultor para dar por concluido el coloquio.