Greenpeace denuncia "tintes casi criminales" en la mala gestión del agua

Durante la presentación del informe 'El crimen del agua', el responsable de residuos en Greenpeace España, Julio Barea, ha acusado a "la oligarquía agropecuaria, los lobistas de la industria agrícola y ganadera, los gobiernos a nivel regional, el Ministerio del Medioambiente, las grandes constructoras de trasvases, embalses y desaladoras y el sector de distribución" como causantes conjuntos de la actual situación.

La mala gestión del agua ha producido fenómenos como "la sopa verde de Murcia, que es la punta del iceberg dentro de la gestión del agua en España" y que se reproduce no solo en la cuenca del Segura, sino también en muchos otros sistemas hidrográficos del país como los del Parque Nacional de Doñana o las Tablas de Daimiel.

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Como geólogo y especialista en hidrogeología, Barea ha pedido el final del trasvase Tajo-Segura a la zona del Mar Menor y una moratoria sobre la ganadería industrial intensiva en la región de Murcia, donde las explotaciones "están concentradas en manos de unos pocos".

En la presentación también ha estado la responsable del departamento jurídico de la ONG ecologista, Lorena Ruiz, quien se ha referido al conocido como caso Topillo, que investiga a decenas de empresas agrícolas y dos ex altos cargos del gobierno de Murcia, Antonio Cerdá y Manuel Aldeguer, por la extracción ilegal de agua subterránea y por los vertidos de contaminantes.

"Reclaman una mayor responsabilidad al Gobierno central y a los autonómicos"

Ruiz ha explicado que, "después de tres años, el caso se ha dispersado entre instancias judiciales de diversas comunidades autónomas, lo que ha llevado a perder la visión de conjunto en una causa en la que participan múltiples actores", por lo que "será difícil condenar a cada una de las empresas por separado".

Greenpeace participa a día de hoy solo en diez de las causas judiciales "por falta de medios y recursos" y la abogada se ha mostrado escéptica ante la lentitud de los procesos y, además, "aunque acaben con condenas de los responsables, ello no servirá para revertir el estado de los ecosistemas".

Por ello, los ecologistas reclaman "una mayor responsabilidad" al Gobierno central y a los autonómicos para evitar esta mala gestión, aplicando más "políticas activas decididas" que "dejen de velar por los intereses de las grandes corporaciones y apuesten por los intereses de los pequeños agricultores, el medioambiente y los derechos de la ciudadanía".