Balance tras un año de la ley de 'startups': "Es como un brindis al sol"

Después de meses de tramitación, y retrasos por los últimos retoques, hace poco más de un año la Ley de fomento de empresas emergentes, más conocida como la ley de startups, entró en vigor. Una norma que en su momento los fondos de inversión y el ecosistema inversor aplaudieron de manera generalizada por la mejora del tratamiento fiscal y de las condiciones para invertir, pero que, sin embargo, otro tanto la criticó sobremanera por dejar otros factores clave de lado. De esta forma, algunos abogados han hecho un balance sobre la normativa al transcurrir un año de su puesta en marcha y, al igual que durante todo el proceso de su implementación, esto también ha generado opiniones opuestas.

"Todo esto de políticas públicas y promesas de ‘promoverán’, ‘impulsarán’, entre otras, es absolutamente un brindis al sol, igual que la normativa en carácter general. No se ha hecho nada ni se va a hacer nada, ni tampoco está en la actividad del Gobierno porque está en otros asuntos", comenta el socio en el departamento de M&A de Osborne Clarke, David Miranda. El letrado, que también se especializa en capital riesgo, ha trabajado desde hace años en programas de financiación, tanto pública como privada, de startups vinculadas a los sectores de IT, cleantech y healthtech, y con la normativa no ha visto grandes cambios.

"Yo seguramente soy la otra cara de la moneda. Primero porque yo no trabajo mucho con empresas que están en fases tan iniciales, y no me dedico a pedir certificaciones", sin embargo, el experto pone en duda este último concepto y asegura que sigue siendo “escéptico” al respecto y cuestiona su funcionalidad. La duda está en que este mecanismo funciona mejor para empresas que son de muy reciente creación, porque a los cinco años — tras haberse inscrito en el Registro Mercantil— pierde el sello startup en caso de haberlo solicitado. En este sentido, si una startup que se registró hace cuatro años recibe el sello, perderá su condición al siguiente año. "No acabo de entender muy bien para qué sirve, porque en la web de Enisa ponen una fecha estimada de desertificación, y algunas de las que lo obtuvieron en los próximos cuatro o cinco meses perdían la condición de empresa emergente. ¿Para qué lo han pedido?, ¿para qué gastarse ese dinero?, no lo sé", incide Miranda.

Además, existen varias condiciones para poder mantener la certificación, y, en caso de obtenerla, se puede perder en cualquier momento. Por ejemplo, si la startup llega a una facturación de 10 millones de euros o más, automáticamente pierde el sello. Mismo caso en que el emprendimiento deje de tener al 60% de empleados en España, o si llegasen a tener deudas con la Seguridad Social o con Hacienda. Aun así, hay quienes lo ven desde el lado más positivo: "Es cierto que se retrasó todo, pero hasta que se implementa realmente, pues necesita un tiempo y, aunque parezca mucho, seis meses, para este tipo de procesos, no es tanto. Nosotros sí que la hemos visto una muy buena acogida por parte del mundo emprendedor e inversor, sobre todo en temas fiscales", apunta Gonzalo García-Valdecasas, partner de Fintech & Corporate de CYSAE.

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Marcos Lema

En cuanto a la certificación, lo que comenta García-Valdecasas es que, como firma, observan que están apareciendo intermediarios, como los despachos o las consultoras, que son las que se están encargando de realizar estos trámites de certificación por las startups, porque al final "una empresa como esta se tiene que centrar en su modelo de negocio e intentar que crezca sin perder el foco". Aunque el abogado sabe que esta normativa aún tiene mucho camino por recorrer, zanja que es muy bueno de cara al entorno emprendedor "ver que se implemente o no de forma correcta y que haya un incentivo por parte del Estado de intentar ayudar o facilitar las cosas como emprendedor".

De forma numérica, la ley certificó a 604 startups en el primer año, y aspiraba a ayudar a 10.000 en total; es decir, solo consiguieron cerrar un 6% de su objetivo. Sin embargo, este número podría haber sido mayor en caso de que su puesta en marcha hubiese sido antes: estuvo casi siete meses paralizada para cerrar detalles de funcionamientos y en julio recién se dio el campanazo para que la vía única para registrar empresas emergentes (para verificarlas y acreditarlas). Esta parte del proyecto está en manos de la Empresa Nacional de Innovación (Enisa), dirigida por José Bayón, que es la ventanilla única para dar el sello startup. La entidad recibió 1.100 solicitudes, de las cuales 180 están todavía en cola y otras 300 fueron denegadas por no cumplir con los requisitos.

Beneficios fiscales

En esta categoría, que fue una de las más celebradas por los emprendedores, se realizaron diferentes cambios. En primer lugar, elevan el mínimo exento de 12.000 euros hasta 50.000 euros, manteniendo el 30% del tipo de declaración para las empresas. En segundo lugar, está el devengo de los rendimientos de trabajo, que, al igual que los rendimientos de capital, van a retrasarse hasta el evento de liquidez, antiguamente el emprendedor debía pagar por anticipado este movimiento y ahora con la nueva normativa el emprendedor "no va a cotizar cuando se las den ni cuando las compre, sino que las va a liquidar cuando las venda".

Otro de los beneficios para empresas inversoras será la reducción del 15% del tipo aplicable de impuesto de sociedades, desde el 25% que existía anteriormente. Sin embargo, este punto fue bastante cuestionado y reclamado por el sector, ya que los primeros años de vida de las startups no les permite cobrar el impuesto al casi no tener beneficios. En cuanto a la extensión de la tributación del carried interest o interés transportado, es de hasta 50%.

"La reducción de impuesto de sociedades es absolutamente inocua porque estas empresas no lo pagan porque no ganan ese dinero"

"Quitando el tema de los business angels en los beneficios fiscales, la reducción de impuesto de sociedades es absolutamente inocua, porque estas empresas normalmente no pagan— o rara vez pagan— el impuesto de sociedades, porque no ganan dinero para pagarlo", indica Miranda. En cuanto a lo de las stock options, el abogado de Osborne Clarke manifiesta que, teóricamente, era muy buena idea y que se hizo con buena intención, pero la regulación ha sido "muy defectuosa".

"Al final son metodologías que no son novedosas en ámbitos fiscales, sino que son de muy de toda la vida en el mundo startupero, pero que tienen un reflejo, por fin, en la parte legal. Y es curioso como en esta normativa española empiezan a aparecer estos términos ingleses, que no son propios del lenguaje jurídico nacional, y que han llegado para adaptarse a la realidad de lo que sucede en las startups", añade el letrado de CYSAE.

A pesar de que el análisis general lleva a pensar que aún queda mucho por avanzar, especialmente en ámbitos de políticas públicas (como fomentar el emprendimiento en universidades o la creación del Foro Nacional de Empresas Emergentes), Gacía-Valdecasas llama a ser pacientes, ya que por "algo hay que partir. Nunca se dará que todos estén contentos. En este sentido, la normativa europea va evolucionando para una primera línea, y luego podemos ir introduciendo nuevas medidas que se vayan adecuando al sector. Ojalá pudiésemos tener una normativa que de primeras solucionara todo. Pero, como mínimo, han incluido detalles importantes en el tratamiento fiscal", finaliza el abogado.