El Gobierno certifica 604 'startups' en el primer año de la ley que aspira a ayudar a 10.000

Como si de una maldición se tratase, la ley de startups ha acabado con sus tres principales impulsores fuera del Gobierno en solo un año. En febrero, se suprimió el Alto Comisionado para España Nación Emprendedora, que hasta entonces había ocupado Francisco Polo, al considerarse que había "alcanzado los objetivos que motivaron su creación", entre ellos, la aprobación de la norma para dar facilidades a las empresas emergentes. La hasta ahora secretaria de Estado de Transformación Digital, Carme Artigas, acaba de abandonar su puesto para regresar al sector privado, mientras que la ministra de Economía, Nadia Calviño, lo hará en los próximos días camino de la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Pero la obra de los tres permanece gracias a la ley, que pretende incrementar un 25% la cifra de startups que se crean anualmente en nuestro país.

Para poder acceder a las ventajas que otorga, es necesario que las compañías reciban una certificación pública. El encargado de expedirla es la Empresa Nacional de Innovación (Enisa), que depende del Ministerio de Industria. Y, según los últimos datos, el proceso está todavía muy lejos de los objetivos iniciales establecidos por el Gobierno. El 21 de diciembre, día en que se cumplía un año de la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE), Enisa reportaba 604 certificaciones; el Ejecutivo siempre ha insistido en que su objetivo es que 10.000 empresas se acojan a la medida, por lo que de momento solo lo han hecho el 6% de las que se prevén.

El principal motivo de este retraso no es tanto el ritmo de las certificaciones como la tardía puesta en marcha del sistema para acceder a las mismas, que no comenzó hasta el 21 de julio, es decir, siete meses después de la entrada en vigor de la ley. En los 150 días que han pasado desde entonces, Enisa ha recibido 1.100 solicitudes, de las cuales 180 están en cola y 300 han sido denegadas, según las cifras proporcionadas por la compañía. En otras palabras: una de cada tres peticiones no pasa el filtro.

Aunque las propias empresas pueden rellenar la solicitud a través de la página web de Enisa, cada vez son más las que recurren a un intermediario que les facilite los trámites. Uno de ellos es la consultora financiera Andseed. Su CEO, Javier Sánchez, recuerda los numerosos requisitos que exige la ley para no quedarse fuera: ser un proyecto de nueva creación o tener menos de cinco años de vida (en algunos sectores, como la biotecnología, la energía o la industria, el máximo son siete años), no haber surgido de la fusión, escisión, transformación o segregación de otras empresas (excepto que estas fueran, a su vez, startups), no haber distribuido dividendos, no cotizar en un mercado regulado, tener la sede o el domicilio social en territorio español y al menos un 60% de la plantilla en nuestro país, no pertenecer a un grupo empresarial, contar con un volumen de negocio inferior a 10 millones de euros y estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

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Cuando les llega un cliente, explica, realizan un análisis de viabilidad para ver si es posible obtener el certificado, y el porcentaje de éxito es muy elevado. Uno de los criterios clave para obtener la certificación, añade, es haber recibido financiación pública en los últimos dos años. Una vez obtenido el sello público, las empresas pueden disfrutar de las ventajas fiscales de la ley mientras sigan cumpliendo los requisitos. “Lo raro es que el certificado se retire cuando se da, porque al final está acotado, generalmente, a cinco años de vida. Estadísticamente, es difícil que las compañías crezcan tan rápido como para incumplir los criterios”, añade Sánchez.

El CEO de Anseed corrobora la versión de Enisa, según la cual el tiempo medio desde que se solicita la certificación hasta que se autoriza ronda el mes y medio. Y considera adecuado el ritmo actual: "Me ha sorprendido para bien. Estamos hablando de que, si sigue la tendencia, podría haber certificadas más de 1.000 startups a mediados del año que viene. Realmente cuando se van a ver los datos para sacar conclusiones es a finales de 2024". En cualquier caso, las empresas que han solicitado el sello hasta la fecha son muchas menos de las 1.900 que se había interesado antes de que se pusiera en marcha la plataforma, según los datos que comunicó entonces la propia Enisa.

El nivel de exigencia de los criterios está frenando que algunas startups puedan acogerse a los beneficios de la ley, especialmente las que ya tiene un cierto tamaño, realizan una parte importante de su actividad fuera de España o no están al corriente de los pagos, algo muy habitual en las compañías emergentes. "Muchas empresas desconocen los requisitos", añade Sánchez como otra de las posibles explicaciones. De ahí el creciente interés en recurrir a un intermediario.

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De momento, el Gobierno está satisfecho con los resultados. José Bayón, consejero delegado de Enisa, resalta que la empresa pública también ha gestionado cerca de 1.500 peticiones de visados de emprendedores extranjeros que quieren vivir y trabajar en nuestro país: "La ley de startups es un elemento que, unido a otras herramientas, como la Ley Crea y Crece [aprobada en 2022, y que simplifica los trámites para la creación de empresas], hace destacar a España, como nunca antes, como un país que favorece el clima empresarial, la cualificación profesional y facilita el emprendimiento innovador en todos sus ámbitos".

Las ventajas de la ley

La principal ventaja que ofrece la norma es de carácter fiscal. Las empresas certificadas pueden acceder a un tipo máximo del 15% para el impuesto de sociedades, están exoneradas de su pago fraccionado y gozan de la posibilidad de aplazamiento de las deudas tributarias. Este último constituye un punto muy importante, ya que su flujo de caja para afrontarlas suele resultar muy limitado. Además, sus propietarios están exentos de tributar sobre los primeros 50.000 euros de las opciones sobre acciones (stock options), lo que facilita la atracción de talento: estas compañías no pueden competir en sueldos con las multinacionales, pero utilizan el gancho de hacer partícipes a sus empleados del capital de la empresa.

Gracias a la ley, los inversores extranjeros no están obligados a poseer un número de identificación (NIE) para poder entrar en el capital de las startups, algo que hasta ahora resultaba un escollo burocrático insalvable. Muchos de ellos, conocidos como business angels, están especializados en arriesgar su dinero en este tipo de compañías emergentes. En el caso de las certificadas, tienen un potente incentivo para hacerlo, ya que la norma les permite deducirse hasta el 50% de la inversión, con un máximo de 100.000 euros.

“La ley es un marco inicial que puede mejorarse, pero las ventajas que acarrea desde el minuto cero son notables, sobre todo potenciando la inversión de business angels”, concluye el CEO de Andseed. De momento, sola las disfrutan 604 empresas, pero el ritmo va in crescendo. En el sector, nadie duda de que hay 10.000 compañías en el ecosistema startup. El objetivo del Gobierno es poder certificarlas a todas, para que, con la ayuda de los beneficios que ofrece la ley, los proyectos se acaben consolidando. Su mortalidad suele ser muy alta. De momento, resulta demasiado pronto para saber si la normativa será capaz de evitar que muchas desaparezcan, como han hecho sus impulsores del Gobierno de España.