Intrahistoria del KO legal a la UEFA: abogados top españoles, un juez del Atleti y un golpe de suerte

Como en todas las grandes victorias, también en las legales, la historia judicial de la Superliga es fruto de horas de intenso trabajo y de una importante dosis de suerte en el momento oportuno. En términos del sector jurídico, la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que ayer daba la razón a la entidad impulsada por Florentino Pérez frente a las todopoderosas UEFA y FIFA tiene nombre propio: Clifford Chance. Y dentro del despacho inglés, una de las firmas más prestigiosas del mundo y con mayor reconocimiento en nuestro país, un equipo conformado por seis abogados de élite españoles, que ha sido capaz de aunar solidez técnica, visión estratégica y la paciencia necesaria para actuar con precisión en el momento oportuno. "Es una sentencia histórica", valoraba ayer el bufete en un comunicado, reacción poco habitual en los grandes despachos y que da buena muestra de lo que ha supuesto este litigio también para Clifford.

Los seis letrados son Luis Alonso, Fernando Irurzun y Miguel Odriozola, socios directores, respectivamente, de Mercantil, Litigación y Competencia en la oficina española de Clifford Chance, y sus counsels Pablo Murcia, Fernando Giménez-Alvear y Belén Irissarry. "Hoy es un día histórico para el deporte europeo y, muy especialmente, para los clubes de fútbol, que podrán trabajar en libertad para decidir su destino", señaló Luis Alonso, figura de la máxima confianza del presidente del Real Madrid. "Celebramos que nuestros clientes verán reconocidos sus derechos al confirmar la Unión Europea que no hay espacios excluidos de la aplicación del derecho", se sumaba Irurzun. El equipo del bufete inglés ha contado con la asistencia del of counsel de RocaJunyent Jean-Louis Dupont, uno de los grandes especialistas del derecho del deporte, con experiencia en asuntos tan relevantes como el caso Bosman o el caso Meca-Medina.

La Superliga, como proyecto, vio la luz en 2021. El trabajo jurídico para su defensa, sin embargo, había empezado con mucha anterioridad; en concreto, dos años antes. Sus promotores, de hecho, ya sabían que el primer gran partido que se disputaría en el marco de esta nueva competición no sería en los terrenos de juego, sino en los tribunales. La Superliga, en resumidas cuentas, no era otra cosa que la construcción de un gran pleito diseñado para derribar el monopolio de UEFA y FIFA sobre las competiciones de fútbol. Un litigio en el que los poderes en contra eran tales que nadie, ni siquiera entre los más convencidos, daba la victoria por segura. Porque la en los debates y en la decisión final no solo iban a influir razones jurídicas y el derecho de la competencia.

En el plano estrictamente legal, la demanda presentada por Clifford Chance en abril de 2021 constaba de dos elementos fundamentales con los que se pretendía invitar a la Justicia a actuar con celeridad. En primer lugar, una solicitud de medidas cautelares inaudita parte —esto es, que son adoptadas por el juez sin escuchar los argumentos de la parte demandada—. Y, en segundo término, la invitación al juez a que planteara una cuestión prejudicial de urgencia ante el TJUE, incluso antes de proceder a las fases de alegación y prueba. Pero a partir de aquí, el siguiente paso no estaba en manos de los abogados del bufete inglés. Y ahí es donde aparece el golpe de suerte.

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Por la aplicación de las reglas de reparto establecidas en la legislación procesal, la demanda recayó sobre el Juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid. Un órgano judicial que, sin embargo, en aquel momento se encontraba sin titular. Mientras se resolvía la designación del nuevo magistrado asignado al mismo, el juez Manuel Ruiz de Lara se hallaba asumiendo los casos que correspondían al juzgado en comisión de servicios. Así que, especulaciones al margen, fue el azar —en forma de reglas de reparto—, el que quiso que este asunto recayera sobre un juez que, a la postre, ha resultado decisivo en el devenir de los acontecimientos por la contundencia y celeridad de sus decisiones, y por su sintonía con la interpretación jurídica que el equipo legal de Florentino Pérez había realizado de la actuación de UEFA y FIFA. Se da la circunstancia de que Ruiz de Lara es un conocido hincha del Atleti, equipo que fue de los que inicialmente se sumó al proyecto.

Si alguien en el entorno de Florentino Pérez dudaba de si Ruiz de Lara podía dejarse llevar por la animadversión que los colchoneros sienten por el presidente de su máximo rival, la cuestión prejudicial que el magistrado elevó al TJUE a comienzos de mayo de 2021 disipó cualquier suspicacia. En un auto de 32 páginas, con razonamientos más parecidos a los de una sentencia, el juez expuso que los reglamentos de UEFA y FIFA presentaban indicios de vulnerar la normativa y la jurisprudencia europeas en materia de competencia. Un razonamiento que le llevaba a plantear al tribunal europeo seis cuestiones tan concretas que difícilmente el TJUE podría dar una respuesta vaga o imprecisa sobre la validez legal del modelo de fútbol vigente en el Viejo Continente.

La celeridad en llevar el asunto al TJUE fue determinante para la supervivencia del proyecto, pues era clave elevar el caso a escala europea

Esa celeridad en elevar el asunto al TJUE y en dictar medidas cautelares que prohibían a UEFA y FIFA sancionar a los clubes integrantes de la Superliga fue determinante para la supervivencia del proyecto. Todos eran conscientes de que las decisiones adoptadas por un juez español no alterarían en demasía el autoritario y arbitrario proceder de las organizaciones que presiden Aleksander Ceferin y Gianni Infantino, que no iban a tardar en reaccionar contra los promotores del proyecto. Las presiones iban a ser enormes. Solo conseguirían que los máximos organismos del fútbol se tomaran el asunto en serio si lograban que el conflicto legal ascendiera hasta instancias continentales, pues este ya tendría incidencia en un territorio tan grande y relevante como el europeo. La audacia y determinación jurídica de Ruiz de Lara sorprendió incluso a alguno de los integrantes del equipo legal, pues no todos la esperaban.

Una vez alojado en el TJUE el pleito, la fase de alegaciones sirvió para comprobar la dimensión del conflicto planteado. El de la Superliga ha sido el asunto en el que más países de la Unión Europea se han servido de la facultad que les concede la legislación comunitaria de presentar observaciones. Prácticamente, todos los Estados tomaron la palabra en este momento procesal y, por si quedaba alguna duda de cuántos intereses había en contra del proyecto, todos menos uno lo hicieron a favor de la UEFA. Sin embargo, incluso ante tanta presión, los asesores de Florentino Pérez siempre confiaron en la posición del presidente del TJUE, el belga Koen Lenaerts, un convencido de la libre competencia, tal y como ha dejado constancia en sus resoluciones durante toda su trayectoria en el órgano judicial europeo. Solo faltaba que su capacidad de seducción fuera lo suficientemente intensa para atraer a su posición a la mayoría de los magistrados, como así ha sido.

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¿Y ahora qué? La sentencia, a pesar de que eran muchos quienes esperaban un pronunciamiento más tibio o interpretable, es clara y contundente: el monopolio arbitrario y discrecional de la UEFA sobre las competiciones de fútbol ha tocado a su fin. Ahora bien, que nadie espere que, desde hoy, empiecen a florecer competiciones alternativas de forma pacífica. No solo es probable, sino también previsible, que los máximos organismos del fútbol europeo y mundial busquen la manera de torpedear o, al menos, poner trabas a todos aquellos que quieran iniciar otros torneos. Es ingenuo pensar que Ceferin, Infantino y el resto de dirigentes de UEFA y FIFA vayan a permitir que debiliten sus multimillonarios negocios sin defenderlos con uñas y dientes, y contraatacar. La Superliga ha concluido con éxito su particular desembarco de Normandía, el combate más duro y relevante, pero aún tendrá que ganar algunas batallas más para alcanzar Berlín.

¿Quiénes han sido los abogados del caso?

Además de Clifford Chance, que ha pilotado la dirección letrada de European Superleague Company y la coadyuvante A22 Sports Management, la UEFA se puso en manos de Ashurst, con José Antonio Rodríguez y Alberto Manzanares, socio y asociado sénior de Procesal de su oficina de Madrid, y Denis Waelbroeck y Donald Slater, socios del Departamento de Derecho de la UE de su sede en Bruselas. El equipo, asimismo, contó con el respaldo de dos asesores externos, Benoît Keane (experto en derecho deportivo europeo) y Sarah Love, así como del socio director de Martínez-Lage Helmut Brokelmann, especialista en competencia y con experiencia en el derecho deportivo. La FIFA ha sido asesorada por Álvaro Pascual, socio del bufete Baño León, y el barrister inglés Mark Hoskins, ambos expertos en derecho de la competencia. Ambos organismos recibieron el apoyo de los abogados de la RFEF y LaLiga. La primera está asesorada por Tomás González Cueto, socio director de GC Legal, y el experto en Competencia Pedro Callol. La segunda, por un equipo de Marimón Abogados que conforman Marcelino Pajares, socio de Procesal; Stefan Rating, codirector del Departamento de Competencia, y Yolanda Martínez Mata, asociada sénior de la misma área. Asimismo, en una fase inicial, intervinieron en la cocción de la demanda Allen & Overy, como representante de Liverpool y Manchester United; Freshfilds, asesorando a Tottenham, Chelsea, Arsenal y Manchester City; Ecija, junto al Atlético de Madrid, y Cleary Gottlieb, con la Juventus.