Los directivos se pegan por venir a España a teletrabajar... y Hacienda se frota las manos

España cuenta, según algunos informes y webs especializadas, con varios de los destinos preferidos por los nómadas digitales para establecer su lugar de teletrabajo. El portal Nomad List, por ejemplo, sitúa entre las diez mejores ciudades del mundo para instalarse si eres un profesional que trabaja en remoto a Las Palmas de Gran Canaria, sexta. Algo más abajo en la clasificación, también figuran Fuerteventura y Palma de Mallorca. Otros foros señalan las virtudes de Málaga, Barcelona o Alicante. Las razones del atractivo español son evidentes: buen clima, rica y variada gastronomía, precios asequibles y una calidad de vida difícil de encontrar en otras grandes capitales europeas.

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A pesar de que en los últimos meses son muchas las compañías que están tratando de traer de vuelta a sus plantillas a las oficinas, lo cierto es que en otras organizaciones el teletrabajo realmente ha venido para quedarse. Bien porque ha arraigado la cultura de la flexibilidad; bien porque han logrado un sustancial ahorro de costes gracias al trabajo a distancia, o bien porque cuentan con un perfil de profesionales con un gran poder de negociación. En algunos de estos casos, además, el perfil de quien solicita el trabajo en remoto empieza a escalar hasta el de los directivos. En algún caso, incluso, el CEO. Esta tendencia, sin embargo, está disparando el riesgo fiscal de las empresas, tal y como alerta Enric Girona, socio del bufete Osborne Clarke, quien incide, además, en que "cuanto más alto es el cargo del profesional, mayor es el peligro que asume la corporación".

"Hasta hace no demasiados años, el empleado que se desplazaba a trabajar a otro país lo hacía para enrolarse en una filial con sede física, establecimiento que era el que le pagaba la nómina y era el sujeto pasivo de las cargas impositivas en dicha jurisdicción", expone el letrado. Actualmente, sin embargo, el empleado o directivo ya no necesita una oficina o centro de trabajo, sino que puede moverse él solo y actuar desde su portátil. "Y aquí surge el riesgo real de que, a efectos fiscales, se considere que esa presencia individual se trata de un establecimiento permanente", continúa Girona, convirtiéndose así en un objetivo idóneo para la Agencia Tributaria (AEAT), quien puede sorprender a la compañía con la reclamación de una cuantía muy elevada.

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La AEAT precisa que se entenderá que una persona física que realiza actividades económicas opera mediante establecimiento permanente en España cuando disponga, en nuestro territorio, de manera continuada o habitual, de instalaciones o lugar de trabajo de cualquier índole, en donde realice toda o parte de su actividad. Una definición en la que, atendiendo a las circunstancias particulares del profesional o directivo, cabría que se incluyera a quien trabaja en remoto de forma estable en un destino del país, incluso aunque sea desde su domicilio. "La Agencia Tributaria está poniendo cada vez más medios para detectar personas en situaciones como esta", advierte el socio de Osborne Clarke, "pidiendo los consumos domésticos de no residentes y empleando para ello medios tecnológicos y big data".

¿Por qué el riesgo es mayor si se trata del CEO o de un directivo? Porque los establecimientos permanentes tributan por la totalidad de la renta imputable a dicha sucursal, "cualquiera que sea su lugar de obtención", incide la AEAT. Así, cuando no exista una facturación derivada de la venta de productos o servicios, la corporación deberá estimar el valor que dicho establecimiento aporta a la compañía.

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En términos generales, las sucursales tributan sobre la base de su renta neta al mismo tipo que las sociedades españolas; es decir, al 25%. Por ello, cuanto mayor sea el papel y el valor que el profesional aporta a la compañía, más alta puede ser la reclamación que realice Hacienda. "No existe una regla general, así que habrá que analizar caso por caso el papel de dicho directivo para estimar su valoración, pero si se trata de un cargo muy importante en una multinacional muy relevante, podemos estar hablando de varios cientos de miles de euros o incluso millones", remarca Enric Girona.

El teletrabajo internacional es una de las materias fiscales en las que más está creciendo el número de consultas, aseguran desde Osborne Clarke, y la previsión es que aún vaya a más en algunos sectores en los que ha sido imposible poner freno al teletrabajo. "El vive donde quieras puede ser una gran política de recursos humanos, pero desde el punto de vista legal se convierte en un infierno si no se hace con cierto control y estableciendo las pautas adecuadas", manifiesta Girona. Un problema que se vuelve aún más difícil de gestionar si la organización da libertad a su plantilla para establecerse donde quieran en el mundo sin tener que pedir permiso o si es el trabajador el que se desplaza sin comunicárselo a la corporación. "En alguna empresa se han enterado de que tenían a un profesional viviendo en otro país al cabo de dos años", revela el letrado.

Girona prevé que situaciones como las descritas van a suscitar, más pronto que tarde, la atención de la Agencia Tributaria, especialmente en perfiles elevados, en donde se eleva el margen recaudatorio. Asimismo, alerta de algunos problemas regulatorios, derivados de los convenios de doble imposición, que tardarán en solucionarse, pues la reforma de este tipo de normas es mucho menos ágil que la de la legislación nacional.