Crisis e inflación hunden la rentabilidad de los bufetes por debajo de la crisis financiera

Nuevo aviso para los grandes despachos de abogados. Vienen curvas y las amenazas para su rentabilidad pueden ser incluso peores a las que experimentaron durante lo peor de la crisis financiera de 2008. Los negros augurios los trae el Índice Financiero de los Despachos de Abogados (LFFI, por sus siglas en inglés), métrica elaborada trimestralmente por Thomson Reuters y que, por primera vez en su historia, cae por cuarto trimestre consecutivo. Si en los primeros tres meses del año se había desplomado hasta los 46 puntos, en junio rebajó su suelo hasta los 36. Alerta roja.

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"Al igual que un sistema de alerta de salida de carril de un automóvil, el LFFI no advierte cuando el vehículo ya ha colisionado, sino que actúa como un instrumento de alerta temprana cuando empieza detectarse que las firmas se están alejando del objetivo de incrementar su rentabilidad", subrayan los autores del informe, que no esconden la paradoja de que el índice esté en su nivel más bajo y, a la vez, el mercado siga transmitiendo señales de intensa actividad. "El incremento de las tarifas se mantiene robusto, la 'realization' [es decir, las horas efectivamente facturadas respecto de las horas ya trabajadas] ha mejorado y, en lugar de apretarse el cinturón, los bufetes han elevado su inversión en tecnología. Esto no parece una industria en crisis. Entonces, ¿qué está pasando?", se preguntan.

El problema, responden, es que todos los indicadores que amenazan la rentabilidad de los bufetes se encuentran disparados. Hasta hace unos meses, la intensísima carga de trabajo actuaba de contrapeso a estos peligros, pero el enfriamiento de la economía ha eliminado ese dique de contención. A la tremenda alza de los salarios registrada durante todo 2021 y hasta bien entrado 2022, hay que sumar una inflación disparada en los últimos 12 meses y, ahora también, una menor actividad en las áreas transaccionales. Una "desaceleración" que no se ha visto compensada por otros departamentos, lo que está hundiendo la puntuación del índice, explica Thomson Reuters.

No todo son nubarrones, no obstante. Los autores ven, entre tantas malas previsiones, algún brote verde. El primero es el gasto en tecnología, que crece por encima de los 10 puntos porcentuales, "un indicador de que no se trata solo de un efecto de la inflación, sino de que los bufetes están haciendo inversiones a medio y largo plazo". El segundo son las alzas salariales, que ya antes del verano empezaron a mostrar ciertos signos de moderación. "Si bien quedan dos trimestres más para determinar la rentabilidad con la que se cerrará el año, la tendencia que marca el LFFI debe servir como seria advertencia", expone el documento, que recomienda a los despachos "mantener un firme control del volante" en los próximos meses.

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Pedro del Rosal

Si bien el monitor elaborado por Thomson Reuters se basa exclusivamente en datos de Estados Unidos, lo cierto es que sus augurios no pueden ser del todo ignorados por el sector legal europeo y español. A menor escala que en Londres o Nueva York, los grandes despachos de nuestro país también han tenido que acometer importantes subidas salariales en los últimos 12 meses para no perder comba en la batalla por el talento, y la inflación en España se encuentra también en cifras récord. Falta por comprobar cuál es el auténtico impacto de la crisis económica que todos los analistas prevén tras el oasis del verano, que puede afectar a la carga de trabajo y a la presión a la baja que sobre los honorarios pueden trasladar los clientes.

Como resumían Ignacio Ruiz-Cámara y Antonio Vázquez-Guillén, socios codirectores de Allen & Overy en España, en una entrevista en El Confidencial el pasado mes de mayo, la subida de los precios hace muy difícil la cuadratura del círculo que suponen salarios, rentabilidad y honorarios. "Los despachos sufrimos el efecto de la inflación, pero no nos resulta sencillo repercutírselo a unos clientes que, a su vez, tienen sus propios problemas", explicaba el primero, quien auguraba, no obstante, que a la larga las firmas acabarían repercutiendo el IPC en sus 'rates'. En el mismo sentido, Vázquez-Guillén agregaba: "La situación actual lo que nos obliga es a ser aún más cuidadosos en la búsqueda de aquel negocio o aquel cliente menos sensible al incremento de los 'fees' y las tarifas horarias, y eso lo conseguimos cuando estamos en los asuntos más sofisticados o en aquellas operaciones con un mayor componente internacional".