Cientos de denuncias y un puñado de inspecciones: la respuesta de Trabajo a los abusos en las VTC

Registros de jornada defectuosos, ERE encubiertos, cambios súbitos en las condiciones de trabajo, horas extra no abonadas o sanciones injustificadas. Las empresas que operan con Uber y Cabify en Madrid (Moove Cars, Vecttor, Gescab o Auro, entre muchas otras) acumulan decenas de denuncias ante la Inspección de Trabajo. "En los últimos tres años habremos interpuesto más de un centenar", estiman los representantes sindicales de estas compañías. La reacción que han obtenido hasta ahora por parte de la Administración madrileña, sin embargo, es prácticamente nula. Únicamente un puñado de las quejas interpuestas ha dado lugar a una actuación del organismo y apenas un par se han materializado en sanción, aunque de muy poca cuantía. En la mayoría de ocasiones, la respuesta es el silencio.

"Para algunas denuncias, han llegado a tardar un año en dar una respuesta. Pero la mayoría de veces no nos dicen nada. Es un agujero negro", lamenta Juan Fernández, secretario general de la sección sindical de CCOO de Ares Capital, una de las compañías que pertenecen al Grupo Moove, el gigante de las VTC español. En la misma línea se pronuncian otros representantes de conductores en este tipo de empresas, como Jesús Sánchez (delegado sindical de UGT en Ares Capital), Miguel Muñoz (delegado de CCOO en Clematis y Auro) o Santiago Robledo (secretario del comité de empresa de Aliallemar, perteneciente a Moove Cars).

Este medio ha tenido acceso a más de una treintena de denuncias presentadas en los últimos tres años. Los motivos son diversos: no informar a los sindicatos sobre decisiones que afectan a la plantilla, no haber aprobado un calendario laboral o modificaciones de las condiciones laborales de la plantilla sin cumplir con los requisitos legales para hacerlo. La más reciente, presentada en febrero de este año, surgió después de que Moove Cars empezara a sancionar a chóferes por no cumplir con su horario. Por el momento, la inmensa mayoría siguen sin respuesta. Un silencio llamativo, teniendo en cuenta que los tribunales ya han condenado a muchas de estas compañías por exigir jornadas de 12 horas diarias (sin pagar las horas extra), ejecutar ERE ilegales o sancionar sin base legal, entre otros motivos.

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Consultada por este medio, desde la Inspección madrileña aseguran que todas las denuncias que se presentan ante el organismo dan lugar a una actuación "siempre que [la denuncia] haya sido presentada conforme a la normativa reguladora", matizan. Asimismo, descartan pronunciarse sobre los expedientes relacionados con el sector de las VTC. "La Inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene un deber legal de sigilo sobre el contenido de los mismos, salvo para atender una petición judicial o ante comisión parlamentaria de investigación", concretan.

"Para la mayoría de denuncias no obtenemos ninguna respuesta. Es un agujero negro"

Ahora bien, nuestro ordenamiento sí recoge el derecho de los denunciantes (ya sean trabajadores o los representantes sindicales) a ser informados del estado de su denuncia, "así como de los hechos que se hayan constatado y de las medidas adoptadas al respecto".

Reuniones infructuosas

Por otro lado, desde la ITSS de Madrid descartan que exista pasividad y subrayan que en septiembre de 2021 mediaron entre el Grupo Moove y los sindicatos más representativos, UGT, CCOO y SLT. "En ese acuerdo figuran puntos conflictivos como registro de jornada, sanciones por facturación y protocolo covid", aclaran a El Confidencial.

Ahora bien, Santiago Robledo relata que lograr sentarse a negociar con las compañías y la Administración madrileña no fue en absoluto sencillo. Durante 2020, CCOO se reunió hasta en dos ocasiones con la Inspección para tratar su aparente indiferencia hacia los atropellos del sector. "La respuesta fue la misma: lo miraremos. Pero la situación seguía igual", describe. Así las cosas, el sindicato convocó una concentración en noviembre de 2020 frente a la sede de la Inspección.

La Administración reaccionó y se juntó de nuevo con los representantes legales de todas las empresas del sector a cambio de cancelar la manifestación. "En esa reunión, nos trasladaron que no daban abasto. Dijeron que iban a asignar dos inspectores única y exclusivamente para las VTC porque les generaba un gran volumen de denuncias y de esta forma se les daba salida. Pero, de nuevo, nada cambió", evoca el chófer. El acuerdo de mediación logró ciertos avances, señala, pero los atropellos continuaron —y siguen presentes en la actualidad, matiza—.

Falta de seriedad en las inspecciones

¿A qué se debe entonces la falta de respuesta por parte de la Inspección? Una de las causas que alega la Administración madrileña es la alta carga de trabajo. En un correo remitido en febrero a Muñoz, delegado de CCOO, y al que ha tenido acceso este diario, el organismo indica que, "dado el volumen de expedientes asignados por inspector y la calidad que merece la atención a cada uno de ellos, no es posible, a día de hoy, indicarle cuándo se tramitará el suyo". La Inspección madrileña contestaba así a la consulta del conductor sobre el estado de una denuncia presentada siete meses antes, en julio de 2021. Asimismo, en el 'e-mail' hacen referencia al ciberataque que sufrió el departamento en junio de ese mismo año.

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Los trabajadores, por su parte, añaden otra razón, y es la falta de seriedad en las inspecciones que sí se llevan a cabo. En este sentido, relatan que, en las pocas ocasiones en que sí han acudido a la sede de una de estas compañías a investigar, suelen encontrarse con problemas. "Pasa a menudo que no pueden hacer la inspección porque ese día hay un fallo casual en los terminales y la empresa no les puede enseñar la documentación", critica Sánchez.

Una realidad que confirman los abogados Sergio y Antonio Alcalá, especializados en el sector de las VTC. "En una ocasión, la Inspección nos informó de que iban a hacer una investigación a raíz de una denuncia que habíamos presentado. Pero cuando fueron, los ordenadores estaban desconectados y no funcionaban, así que no pudieron comprobar nada. Después de eso, no tuvimos más información sobre el procedimiento", evocan.

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Los letrados califican de llamativo el comportamiento del organismo madrileño, al que consideran especialmente pasivo en lo que respecta a las denuncias del sector de las VTC. "Entiendo que la Inspección está hasta arriba, pero tienen que valorar que es un sector grande donde los atropellos son habituales y los trabajadores son especialmente vulnerables. Deberían poner más medios e incrementar las sanciones para que de verdad sean disuasorias", insisten.