El 'modelo Arriaga' llega a las reclamaciones por el cártel de coches

El cártel de coches está generando un gran interés en el sector legal. Después de seis años desde que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) confirmara la existencia de un acuerdo entre la mayoría de fabricantes de turismos que operan en España para fijar precios, muchos despachos están tomando posiciones y ofreciendo sus servicios a los afectados. No es para menos: se estima que entre 2006 y 2013 —tiempo en el que estuvo vigente el cártel— llegaron a venderse en torno a diez millones de vehículos. Por cada uno, el comprador perjudicado podría llegar a reclamar entre un 10 y un 15% del valor total, lo que se traduce en indemnizaciones individuales de entre 2.000 y 9.000 euros.

El perfil de las entidades que se están especializando en este ámbito es variado: desde asociaciones de consumidores hasta bufetes de abogados y plataformas. Entre este último grupo, muchos son los que se están decantando por imitar el 'modelo Arriaga'. Es decir, buscan aglutinar a un gran número de afectados para poder tramitar sus recursos de forma más o menos automática, colectiva y a un coste bajo.

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Bajo denominaciones muy específicas como Agrupación de Afectados del Cártel de Coches, Cártel Coche Asturias o Compensación del coche, ofrecen condiciones que a menudo coinciden. Presumen de eliminar cualquier riesgo de la ecuación, ya que si el asunto se desestima y el juzgado rechaza la reclamación, es la organización quien asume el coste. Además, solo cobran al cliente en caso de éxito. A cambio, las entidades se quedan con un porcentaje de lo que reclama a los fabricantes que oscila entre el 10% y el 50%, dependiendo de la plataforma.

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Ahora bien, ¿qué recorrido tienen estas reclamaciones? A pesar de que no existe ninguna garantía de éxito, sí hay muchas posibilidades de que todos estos recursos acaben llegando a buen puerto y los perjudicados por el cártel vean reconocidas sus indemnizaciones. Sobre todo teniendo en cuenta que, en los últimos meses, el Tribunal Supremo ha dictado una veintena de sentencias confirmando la resolución de la CNMC y dando vía libre a que los afectados interpongan sus reclamaciones.

Este tipo de litigios, no obstante, presentan un extra de complejidad que no existía en los pleitos sobre las preferentes o las cláusulas suelo. "Es un tema de Derecho de la competencia, y eso conlleva ciertas peculiaridades. En el caso de los camiones, por ejemplo, hay muchísimas desestimaciones y hay casos perdidos por periciales mal hechas", detalla Andoni de la Llosa, abogado de Redi Abogados, el despacho que se encuentra detrás de una de estas plataformas, Compensación del Coche.

Las plataformas asumen los riesgos y, a cambio, se quedan con entre el 10 y el 50% de la cantidad reclamada

Así, entre los requisitos para poder reclamar, el afectado no solo debe acreditar que se ajusta a los criterios de tiempo y forma (es decir, que el coche que compró fue adquirido entre 2006 y 2013 y pertenece a alguna de las marcas involucradas en el cártel), sino que es necesario un informe pericial elaborado por expertos para cuantificar el daño sufrido y calcular de este modo la indemnización.

30% de la reclamación y costas al cliente

Una de las plataformas que sigue este modelo de negocio es la Agrupación de Afectados del Cártel de Coches (AACC). Como indican en su página web, la asociación está formada por un "grupo de amigos y conocidos, que un día compramos un coche y nos enteramos con posterioridad que habíamos pagado de más. Entonces nos juntamos para ver qué se podía hacer". La parte jurídica de la asociación la lleva el despacho Cremades & Calvo Sotelo, especializado en reclamaciones masivas.

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El 'pack' que ofrecen incluye el asesoramiento jurídico por parte de profesionales colegiados, la llevanza del procedimiento extrajudicial y judicial (en caso de no llegar a un acuerdo) y el proceso de peritaje. En la web se especifica todos estos servicios son de coste gratuito al cliente, ya que solo serán cobrados de ganar el pleito. En ese caso, la plataforma se lleva un 30% de la indemnización reclamada.

Pero ello no quiere decir que el consumidor no incurra en gastos si pierde el pleito. En este escenario, y si así lo decide el juez, el cliente podría estar obligado a abonar las costas judiciales; es decir, los costes asociados al procedimiento judicial. La organización subraya que es una posibilidad remota, ya que lo habitual es que las costas no sean cargadas sobre ninguna de las partes, pero de forma velada obliga al cliente a asumirlo.

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Por el contrario, Compensación del Coche, una plataforma formada por Redi Abogados y la sociedad Cartel Damage Claims, cuenta con un plan por el que el riesgo de las costas queda totalmente eliminado (aunque el cliente pierda el pleito y sea condenado a asumirlas, el despacho se hace cargo), pero se queda con el 50% de la indemnización reclamada más una prima de riesgo que asciende a 600 euros.

Falta de transparencia

'A priori', este tipo de modelos no generan ningún enfrentamiento desde el punto de vista ético de la profesión. Como recuerdan desde el departamento de deontología del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, el sistema de 'cuota litis' (generar honorarios solamente en caso de éxito) "no contraviene norma alguna". De hecho, el Tribunal Supremo ya confirmó en 2005 el encaje jurídico de estos sistemas.

Ahora bien, sí recuerdan que la normativa en esta materia (el Estatuto General de la Abogacía y el Código Deontológico) "prevé determinadas obligaciones tanto en el tratamiento de los honorarios profesionales como en las políticas publicitarias de quienes ejercen la abogacía". En esta última materia, por ejemplo, hay muchos límites que no pueden pasarse. El Código prohíbe expresamente la publicidad encubierta o engañosa y establece que anunciar servicios jurídicos es posible siempre y cuando sea de forma "objetiva, veraz y digna, tanto por su contenido como por los medios empleados".

Otra de las obligaciones deontológicas viene recogida en el artículo 12 b. del Código. Obliga a los letrados a "identificarse ante la persona a la que asesora o defiende, incluso cuando lo hiciere por cuenta de un tercero a fin de asumir las responsabilidades civiles y deontológicas que correspondan". Un precepto que no solo obliga a los letrados a identificarse cuando publicitan sus servicios de manera presencial, sino también cuando lo hacen a través de otros soportes como teléfono o página web.

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Esta carencia está presente en una de las plataformas dirigidas a afectados por el cártel, Reclamaciones Zero. Esta entidad, que antes de especializarse en coches estaba enfocada a tarjetas de crédito, préstamos rápidos, comisiones y registro de morosos, también sigue el modelo de cobrar únicamente en caso de éxito, llevándose entre un 10% y un 20% de la cantidad reclamada. Sin embargo, no identifica en ningún momento ni el despacho ni los abogados que están detrás de la plataforma.

Por otro lado, no todas las plataformas son tan transparentes sobre sus condiciones. Es el caso de la Plataforma de Perjudicados por el Cártel de Coches, una entidad respaldada por el bufete Law Consulting y el Grupo de Investigación, Economía Política y globalización de la Universidad de Granada.

En su página web, anuncian que trabajan a éxito y que asumen los gastos por adelantado, lo que incluye el envío de burofax, análisis de documentación, honorarios del procurador, del abogado, el informe pericial general y específico, la representación legal en las negociaciones y la asistencia a juicio del letrado y el perito. Sin embargo, no especifican en ningún momento cuál es el porcentaje que se llevan en caso de ganar el pleito, y se limitan a explicar que "nuestros honorarios son exclusivamente a éxito, garantizando al cliente el no desembolso de ninguna cantidad previa bajo nuestra política de total transparencia".