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El opaco negocio de plataformas y bufetes que amasan reclamaciones contra la banca
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Una forma encubierta de captar negocio

El opaco negocio de plataformas y bufetes que amasan reclamaciones contra la banca

Se multiplican las webs de plataformas de víctimas bancarias. Muchas de ellas, sin embargo, no identifican con claridad a sus gestores, lo cual puede incumplir la ley y el Código Deontológico de la Abogacía

Foto: Manifestación de afectados por preferentes, cláusulas suelo y otros productos financieros. (EFE/Cabalar)
Manifestación de afectados por preferentes, cláusulas suelo y otros productos financieros. (EFE/Cabalar)
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Los abusos que durante años han perpetrado la banca y otras entidades financieras sobre los consumidores han dejado un reguero de cientos de miles de afectados con derecho a recuperar su dinero. O, lo que es lo mismo, cientos de miles de potenciales clientes de pleitos con altas probabilidades de victoria, un importantísimo nicho de negocio para los despachos de abogados. Eso sí, con un volumen tal de reclamaciones y demandas que ha obligado a muchos bufetes a adaptar su oferta y forma de gestionar los servicios legales, hasta entonces diseñados para otro perfil de defendidos y flujo de asuntos.

Jesús María Arriaga fue el primero en nuestro país en innovar para aprovechar la oportunidad que se abría con las reclamaciones bancarias masivas. Para ello, diseñó e implantó un revolucionario —también discutido— modelo de gestión industrial de la abogacía: honorarios muy competitivos, apoyando la rentabilidad del despacho en el altísimo volumen de asuntos que podían tramitar gracias a una fórmula de trabajo basada en la sistematización y no en la artesanía. Todo ello, acompañado de una ambiciosa campaña publicitaria, que rompía el tabú que rodeaba la promoción comercial del asesoramiento legal. Tras Arriaga Asociados, han sido muchos los que se han embarcado en la búsqueda de su particular 'fórmula de la Coca-Cola' para pescar en este caladero de potenciales litigantes contra la banca, eso sí, con internet como principal vía de captación de negocio.

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Para comprobar este 'boom' basta con poner en Google frases como "recuperar dinero 'revolving" o "reclamar gastos hipoteca". El buscador responde con centenares de resultados, entre anuncios y páginas web. Las primeras posiciones las ocupan despachos, plataformas y otras entidades que ofrecen analizar "gratis" el caso; "solo cobramos si ganamos"; "un 99% de éxito", o que la gestión se hará "sin anticipar dinero alguno y sin riesgo". Algún portal, incluso, se atreve con compromisos más trascendentales como "¡Recupera tu vida hoy!".

Sin embargo, el análisis de un importante número de ofertas de estos servicios, revela una paradoja: que los servicios que ofrecen muchas de estas entidades a las víctimas de los abusos bancarios presentan indicios de dos de los 'pecados capitales' que condenaron a las entidades financieras: falta de transparencia y la imposición de condiciones abusivas a sus clientes. Características que pueden chirriar con las exigencias de la legislación de privacidad y la prestación de servicios en Internet, así como con las de la normativa deontológica de la abogacía.

Despachos tras plataformas

La mayoría de webs destinadas a captar víctimas de los abusos bancarios presentan, entre otras, dos características generalizadas. La primera es un apartado muy destacado que busca recoger los datos de los potenciales reclamantes (nombre, apellido, teléfono, 'e mail', motivo de la consulta, etc.), junto con un compromiso de devolver la llamada a la mayor brevedad posible. Y la segunda es que resulta difícil (en algunos casos relativamente, en otros extremadamente) saber quién hay tras cada una de ella.

En un importante número de ellas no se identifica de forma clara quién es su gestor (persona física o sociedad), ni cuál es la actividad principal de la misma. De tal modo que es difícil detectar si tras ella se encuentra un despacho, una auténtica plataforma, una empresa dedicada a fines no jurídicos o un grupo de expertos en SEO que pretenden a recoger datos de afectados que después ofrecen a bufetes ávidos de captar negocio, un elemento esencial porque solo a quienes ejerzan la abogacía les serán aplicables las exigencias del código deontológico de la profesión. A los demás, eso sí, se les aplicarán los requerimientos legales en materia de protección de datos y de prestación de servicios en Internet.

Foto: Foto: iStock.

Así sucede, por ejemplo, con NoRevolving.com, una autodenominada plataforma ("La plataforma nº1 en reclamaciones de deudas producidas por las tarjetas 'revolving", según reza su portal) tras la cual en realidad se encuentra la letrada Rocío Roque Guevara. Sin embargo, en ningún sitio de la portada de la web se identifica que tras ella hay un bufete. Solo accediendo a las políticas de privacidad, en el apartado en el que se detalla la finalidad del tratamiento de los datos personales que recaba, es posible encontrar que el responsable del mismo es Vires Abogados, firma radicada en Málaga.

"Los despachos de abogados son percibidos por la gente de a pie como algo demasiado formal. Sin embargo, la sociedad identifica las plataformas como un colectivo que tiene vocación de ayudar al consumidor", indica a este diario Roque Guevara, explicando la razón por la que abrió este portal, diferenciado y sin conexión a la vista con del de Vires Abogados. "No hay publicidad engañosa", continúa, "porque en cuanto un afectado llama al teléfono quien lo coge soy yo y, en el momento de la contratación, se le proporciona toda la información necesaria: mi identificación, número de colegiada o el seguro de responsabilidad civil. La web actúa a modo de cartel publicitario para atraer a la gente, pero es lo que hacen todos; tras toda plataforma, hay un despacho de abogados", justifica.

Los abogados que se esconden tras las plataformas admiten que si se anuncian como abogados, los afectados no les contratan

El artículo 6 del Código Deontológico de la Abogacía establece que es legal la publicidad en la profesión siempre que esta sea "objetiva, veraz y digna, tanto por su contenido como por los medios empleados". Además, entre otros requisitos, en ella deberá incluirse el Colegio Profesional al que se pertenezca, y no podrá incitar directa o indirectamente a pleitear ni prometer unos resultados que no dependan exclusivamente del que la realiza. Asimismo, el código prohíbe la publicidad encubierta.

No es el único caso similar, en el que la apariencia de una plataforma parece un mecanismo para captar clientes. Afectadosrevolving.es también se presenta como una "plataforma de afectados por la mala praxis bancaria" que cuenta con el respaldo jurídico de la firma Rúa Abogados. Sin embargo, al consultar la política de privacidad, el titular responsable del tratamiento es directamente Rúa Abogados. Asimismo, entre las finalidades no se menciona ninguna que guarde relación con una comunidad de víctimas, sino todas están vinculadas con los objetivos del bufete, entre ellas "gestionar la contratación de servicios que realice a través de esta página web, así como la facturación y entrega correspondiente". El Confidencial ha contactado con la firma para consultar sobre su relación con Afectadosrevolving.es sin que desde la misma se haya obtenido respuesta.

En opinión de Javier Rodellar, abogado de RecuperaRevolving.com, la huida de la identificación como despacho o como abogados se debe a que son términos "anticuados" y que la captación de clientes, en la actualidad, requiere una presentación "más moderna y fresca". En su caso, solo al pie de la portada de su web, en la nota legal aparece algún tipo de identificación como tal, al referirse a Recupera Revolving Abogados y Economistas. "Al contratar es el momento en el que damos toda la información", explica.

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Tampoco se identifican como despacho en Solucionamideuda.es, aunque, como relata uno de sus integrantes, Carlos Loza, cuentan con letrados propios que conducen los pleitos en caso de tener que ir a juicio. Tampoco el objeto social de la sociedad tras la entidad, The Fintech Laboratory SL, se refiere al asesoramiento jurídico, sino a "otras actividades de consultoría de gestión empresarial". ¿La razón? "Al inicio nuestro modelo de negocio era la negociación extrajudicial, no podíamos identificarnos como abogados. Ahora ya lo tenemos incluido como servicio, pero hemos optado por mantener el 'branding' inicial", explica Loza.

El artículo 7 del Código Deontológico de la Abogacía prohíbe la "captación desleal de clientes", una práctica que se dará cuando se contravengan las disposiciones contenidas en la Ley General de Publicidad y en las normas específicas de publicidad contenidas en el código. Además, el artículo 10 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico establece una serie de obligaciones de información a los prestadores de servicios, a la que se debe poder acceder "por medios electrónicos" y "de forma permanente, fácil, directa y gratuita". Entre ellas, si el prestador ejerce una profesión regulada, deberá indicar los datos del Colegio al que pertenezca y su número de colegiado, el título académico oficial o profesional; el Estado en el que se expidió dicho título, y las normas profesionales aplicables al ejercicio de su profesión.

Captadoras de negocio para bufetes

No todas las autodenominadas plataformas tienen detrás un despacho. Otras están constituidas por empresarios o emprendedores que buscan aglutinar afectados y actuar como intermediarias entre ellos y los abogados a cambio de una comisión (que cobran directamente al cliente o al despacho). Es el caso de Loreclamamos.com, gestionada por el especialista en publicidad digital Alejandro Izquierdo. Este portal contiene dos puntos de recogida de datos: una para afectados por los abusos bancarios y otro para abogados que quieren captar clientes (como puede verse en la captura).

placeholder Pantallazo de Loreclamamos.com antes de que la web fuera suspendida por 'mantenimiento'.
Pantallazo de Loreclamamos.com antes de que la web fuera suspendida por 'mantenimiento'.

Los letrados que se inscriben en el segundo apartado reciben un mensaje de WhatsApp y un correo electrónico que contiene un 'Contrato de Colaboración Jurídica' cuyo objeto es "suministrar clientes potenciales a la empresa firmante" a cambio de una "contrapartida" consistente en "1.000 euros por 50 potenciales clientes con una o varias tarjetas 'revolving' en España". A cambio de esa cantidad, la plataforma Lo Reclamamos se compromete a poner a disposición del abogado los datos de potenciales clientes captados a través de su web y a no vender ni ceder los datos de los contactos a otros letrados o profesionales. Por el contrario, no se hace responsable del contacto del abogado con el cliente potencial, "limitándose su deber a poner los datos del potencial cliente a disposición del abogado".

El artículo 18 del Código Deontológico de la Abogacía prohíbe "pagar, exigir ni aceptar comisiones, ni ningún otro tipo de compensación a terceros por haberle enviado un cliente o recomendado a posibles clientes futuros, salvo que se informe al cliente de esta circunstancia". El Confidencial ha contactado con Alejandro Izquierdo, sin que este haya aceptado responder las preguntas de este diario, y desde la comunicación remitida al empresario, la web de la plataforma se encuentra en "mantenimiento".

Foto: ¿Negociaste con el banco tu cláusula suelo y firmaste no ir a juicio? Puedes reclamar. (iStock)

También actúa como intermediaria la Plataforma Apoteca, aunque su modelo de negocio, como explica su director Anás Bakali, es diferente. Ellos no venden los contactos de los potenciales clientes a los despachos, sino que cobran directamente del letrado cuando este percibe sus honorarios. "Normalmente, el defendido paga todo al despacho y este, fruto del contrato interno que tiene suscrito con la plataforma, nos abona una parte", detalla Bakali a este diario.

El director de Apoteca, asimismo, expone que la plataforma juega un papel activo en la reclamación. "Asumimos el trabajo administrativo y las reclamaciones extrajudiciales, pero nosotros no hacemos de abogados. En caso de que haya que demandar, contactamos con algunos de nuestros despachos colaboradores". ¿Cuándo sabe el cliente quién es su abogado? "En el momento de presentar la demanda. Se identifica cuando van a hacer el poder", detalla Bakali, que defiende este 'modus operandi' "porque si no me quedo sin trabajo". Es decir, trata de alargar al máximo el punto en el que desvela la identidad del despacho para que el cliente no le 'puentee'. "Soy el que pacta las condiciones, consigue los clientes, busco el abogado que mejor se ajusta... es lógico que quiera garantizarme cobrar", subraya.

Algunas plataformas venden directamente los contactos por una cantidad; otras se llevan un porcentaje de lo que cobra el abogado

El artículo 12.b.1 del Código Deontológico de la Abogacía obliga a los letrados a "identificarse ante la persona a la que asesora o defiende, incluso cuando lo hiciere por cuenta de un tercero a fin de asumir las responsabilidades civiles y deontológicas que correspondan". Este deber también existe "el supuesto de consulta telefónica o por red informática con un despacho o asesoría cuyos integrantes sean desconocidos para el comunicante". Finalmente, el precepto señala que la identificación, "así como la del Colegio al que se pertenece, es su primera e inmediata obligación antes de la prestación de servicios y, en todo caso, antes de solicitar el abono de contraprestación alguna".

Asimismo, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) exige que el responsable del tratamiento informe al interesado, cuando obtiene sus datos directamente de él mismo, "del destinatario o las categorías de destinatarios de los datos personales". Esta obligación debe efectuarse "en el momento en que estos [los datos] se obtengan".

Cambios por "transparencia"

Tras recibir la llamada de El Confidencial el miércoles de la pasada semana, la Plataforma Apoteca ha llevado a cabo una importante reforma de su página web. Entre otros cambios, la organización ha incluido quién es el responsable del tratamiento de los datos (Iberley Capital SL, sociedad que aún no figura en el Registro Mercantil pero que Bakali asegura que ya ha sido constituida ante notario), una nueva dirección, los despachos con los que colabora la plataforma y algunos de sus miembros. Antes de estas modificaciones, no se identificaba quién era el responsable del tratamiento ni los miembros que conformaban la plataforma. El director de Apoteca asegura que eran cambios ya previstos por la organización en aras a ofrecer "la máxima transparencia".

Foto: Primer juicio plenamente telemático en Galicia.

El bufete Torval Asesores es uno de los que aparece como colaborador de la Plataforma Apoteca. Su responsable, el letrado Martín Garrido, explica la razón que lleva a muchos abogados a crear estas aparentes plataformas. "En vez de colaborar con ellas, muchos de mis compañeros han preferido crearlas ellos mismos. Y es lógico, porque es una opción más rentable que si recibes los clientes que ellas te derivan, porque cobras íntegramente los honorarios, no tienes que compartirlos", explica. Él, sin embargo, siempre ha preferido trabajar y anunciarse como despacho de abogados, aunque eso implique perder trabajo. "Mucha gente ve 'abogado' y huye, ya no quieren contratarte".

Según explica Garrido, en Torval cuentan ya con una cartera de clientes propia suficiente para subsistir sin estas derivaciones de clientes, pero no todos los pequeños despachos pueden decir lo mismo. "Las pymes o los autónomos de la abogacía tienen que preocuparse de muchas cosas. Primero, de captar clientes. Segundo, de hacer el trabajo. Tercero, cobrarlo. La cuarta preocupación es cumplir con Hacienda; la quinta, la protección de datos; la sexta, el 'compliance', y ya la séptima, el código deontológico. Es imposible hacerlo todo a la perfección y a veces solo se aprende a base de palos", resume.

Los abusos que durante años han perpetrado la banca y otras entidades financieras sobre los consumidores han dejado un reguero de cientos de miles de afectados con derecho a recuperar su dinero. O, lo que es lo mismo, cientos de miles de potenciales clientes de pleitos con altas probabilidades de victoria, un importantísimo nicho de negocio para los despachos de abogados. Eso sí, con un volumen tal de reclamaciones y demandas que ha obligado a muchos bufetes a adaptar su oferta y forma de gestionar los servicios legales, hasta entonces diseñados para otro perfil de defendidos y flujo de asuntos.

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