La Justicia blinda los contratos públicos de una de las acusadas del cártel radiofármaco

"La verdad es que estar en monopolio me gusta”. "He quedado en que Oviedo es nuestro". “¡Toma! Pa ellos Salamanca”. Estos fueron algunos de los wasaps que recogió en febrero la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en la resolución de su expediente contra las dos principales empresas de radiofármacos PET en España. En este, dictaba una multa de 5,7 millones de euros contra Curium Pharma y AAA y sus directivos por un cártel que supuestamente se repartió, al menos desde 2014 hasta 2018, los contratos para el suministro de este medicamento. Esta conducta habría afectado a hospitales públicos y privados, derivando en un encarecimiento del servicio prestado a los pacientes. Estas dos compañías son las grandes empresas que ofertan este producto en España.

Como suele hacer en estos casos, el regulador también consideró la posibilidad de prohibir a estas empresas firmar contratos con la Administración pública. Sin embargo, en vez de dictarlo ella misma, la CNMC delegó la tarea a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado (dependiente del Ministerio de Hacienda) de decidir sobre la duración y alcance de esta prohibición. Mientras que AAA decidió asumir la decisión de la CNMC, Curium Pharma recurrió la multa. Como parte de este proceso, la Audiencia Nacional le ha concedido ahora que los trámites sobre la prohibición de sus contratos públicos queden congelados hasta que no haya una decisión firme, blindándose de momento ante la decisión del organismo de Hacienda.

Tanto Curium Pharma como AAA (que en 2018 cerró su venta a la francesa Novartis) pueden seguir contratando con el Estado hasta que el organismo de Hacienda tome su decisión. Es más, según los últimos contratos publicados en el portal de Transparencia, el Hospital Doce de Octubre de Madrid cerró el mes pasado un contrato con Curium para el suministro de fluorodesoxiglucosa 18-FDG con un valor estimado de 2,5 millones de euros. En 2021, la farmacéutica también había cerrado contratos millonarios con el servicio de salud de las Islas Baleares, el Departamento de Salud de la Comunidad Valenciana o con el Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

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Agencias

Lo que pasa es que ahora la Audiencia blinda a Curium bajo el amparo del proceso judicial que se desencadenó tras recurrir a la CNMC. La tramitación de Hacienda queda demorada hasta que se termine el procedimiento judicial o hasta que, por otra razón, se levante la medida cautelar adoptada. Esta es una medida habitual entre las empresas afectadas por las multas de la CNMC para intentar frenar la prohibición de contratación. No en vano, según la ley, el periodo máximo de prohibición es de tres años a contar desde que se dicta la resolución. Después, esta medida prescribe.

“Los efectos de la prohibición de contratar solo se producen, y la limitación solo es ejecutiva, desde el momento en que se concreta el alcance y duración de la prohibición, bien en la propia resolución sancionadora bien a través del procedimiento correspondiente y, en este último caso, una vez inscrita en el registro, pero ello no impide que el órgano judicial, por vía cautelar, pueda suspender la remisión a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado cuando, entre otros supuestos, haya considerado necesario suspender cautelarmente la sanción a la que va anudada”, explica el juez de la Audiencia en su auto.

El magistrado considera que, aunque la prohibición de contratos públicos no sea efectiva hasta que Hacienda se manifieste, la multa de la CNMC ya tiene consecuencias para Curium. “Si no se acordara la suspensión, ocasionaría perjuicios a la recurrente a la hora de presentarse a determinadas licitaciones sobre todo en el ámbito europeo, perjuicio que, insistimos, apreciamos como difícilmente reversible”, explica.

Fuentes de AAA explican que la empresa no comparte la decisión de la CNMC, pero que no recurrió la multa. Desde la compañía, aseguran que no tienen constancia de que Hacienda haya emitido ninguna prohibición de contratos públicos todavía. Desde la Junta Consultiva, no ha habido comentarios.

Por qué importan los radiofármacos

El caso de la contratación pública cobra especial importancia en el caso de estos radiofármacos. Estos productos de la medicina nuclear se utilizan para poder sacar una foto de las posibles patologías del cuerpo de un paciente sin tener que abrirlo o hacerle otro tipo de perforaciones. Asimismo, los radiofármacos se introducen en el cuerpo del paciente (por inyección, deglución o inhalación) y, una vez dentro, generan emisiones radioactivas que permiten mejorar la calidad de la imagen producida por el equipo de radiodiagnóstico a través de sus pantallas del ordenador.

En el ámbito de este cártel, se trata de radiofármacos PET que contienen fundamentalmente 18-DFG (fluorodesoxiglucosa), un producto genérico que se utiliza habitualmente para el diagnóstico del cáncer. En la actualidad, los clientes públicos representan, en valor, el 85% de la demanda. A su vez, Curium y AAA son las principales compañías que suministran este radiofármaco de fluorodesoxiglucosa a nivel nacional, un mercado con fuertes barreras de entrada, según queda reflejado en el informe de la CNMC. Solo en 2018, el Institut de Radiofarmàcia Aplicada de Barcelona entró en la región de Cataluña con este fármaco.

Estas dos empresas son las únicas que venden este radiofármaco en España

La industria farmacéutica lleva más de una década en el foco por sus prácticas en el mercado. Según un informe publicado en 2019 por la Comisión Europea al respecto, las autoridades de competencia habían adoptado hasta 29 decisiones contra empresas de esta industria entre 2009 y 2017. En 2019, todavía había más de 20 investigaciones en curso. Por ejemplo, en marzo de 2021, la Comisión anunció un expediente sancionador contra la israelí Teva por un supuesto abuso de posición de dominio que consistía en retrasar la entrada de medicamentos que pudiesen competir con su fármaco contra la esclerosis múltiple. Por otro lado, en marzo del año pasado, la Comisión aceptó los compromisos presentados por Aspen tras su investigación sobre precios excesivos en 2017.

En su plan estratégico presentado en mayo, la CNMC ya señalaba la industria farmacéutica como una de las que tenía bajo su radar más atento. La entidad presidida por Cani Fernández dijo que mantendría “una estrecha vigilancia en todos los sectores productivos, con especial atención al digital, y a otros afectados por la crisis del covid-19 (farmacéutico, asegurador, funerario o financiero)”. Sin embargo, el organismo ya lleva varios años detrás del sector. En 2019, abrió investigaciones al mercado de inhaladores, inmunosupresores y anticonceptivos.