Ofrecer 100 € por llevar el caso: el reclamo de un bufete para los afectados por el cártel de coches

"Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puedes reclamar por el sobreprecio que pagaste. Si te unes a nosotros, te adelantamos 100 euros. Si no lo haces, tendrás que soportar muchos: '¡Te lo dije!". Este es uno de los mensajes que lanza Compensación del coche, una plataforma enfocada en canalizar las reclamaciones de los afectados por el cártel de coches. Aunque no es la única que ha decidido embarcarse en este nicho de negocio, la oferta de esta entidad destaca entre las demás. El motivo es su 'Plan 100 €', una propuesta por la que ofrecen al potencial cliente un adelanto de 100 euros por el mero hecho de firmar con ellos. A cambio, y en caso de ganar el pleito, la plataforma se queda el 50% del importe neto de la indemnización reclamada. De perder el litigio, sin embargo, el consumidor no correría ningún riesgo, como así indican en la página web.

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Tras Compensación del coche se encuentran dos sociedades. Por un lado, Cartel Damage Clains (CDC), una compañía europea con más de 20 años de experiencia en compensaciones por infracciones del derecho de la competencia. Por el otro, el bufete Redi Abogados, especializado en grandes litigios y reclamaciones contra cárteles y liderado por dos abogados catalanes: Albert Poch y Andoni de la Llosa. "Fundamos el despacho en 2017. Ambos estábamos en ese momento en Pérez-Llorca y salimos para poner en marcha este proyecto", explica a El Confidencial De la Llosa.

La idea de la iniciativa surgió de forma natural. "Era un momento en el que empezaban a surgir temas de reclamaciones de daños por cárteles. El despacho creó un equipo mixto liderado por Albert con especialistas en competencia y procesal civil para llevar estos procedimientos", detalla. Por el perfil de la firma, los abogados defendían únicamente a las empresas demandas; los cartelistas. Al elaborar los informes, tendían a ser muy pesimistas y auguraban un buen número de reclamaciones, "pero luego nuestras previsiones no se cumplían", recuerda el letrado. En su opinión, una de las razones era la ausencia de bufetes especializados, por lo que decidieron abandonar el despacho y fundar su propio proyecto, dirigido únicamente a los afectados.

Su primer objetivo fueron los perjudicados por el cártel de la leche, pero luego le siguieron el de camiones, el de pañales y el de la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB). Ahora, se lanzan al de coches con el respaldo de CDC y con el apoyo financiero de un fondo de inversión suizo. Además del anteriormente descrito 'Plan 100', la plataforma ofrece otro plan llamado '75-25', por el que no se ofrece ninguna cuantía por el hecho de contratar los servicios. En este caso, si se gana el litigio, el afectado recibe el 75% de la reclamación neta, mientras que el despacho recibe el resto.

En ambas propuestas, hay una prima de riesgo que se descuenta de la compensación, que asciende a 600 euros. Así, ejemplifica De la Llosa, un particular que reclama 5.000 euros, incluyendo los intereses y costes asociados, tendría que restar esa cuantía del total en caso de éxito. Esos 4.400 restantes se repartirían entre el afectado y la plataforma según el servicio que se haya contratado (2.200 para el reclamante del Plan 100 € y 3.300 para el Plan 75-25).

El modelo en el que se apoya su plan de negocio es la adquisición de las acciones de los afectados. "Existe la idea de que, cuando hay un problema de este tipo, el perjudicado tiene dos acciones: litigar o no. Pero hay otra vía, y es la de ceder esa acción", detalla el abogado. En este caso, el consumidor que contrata a Compensación del coche transfiere su derecho a ejercitar una reclamación a CDC, quien se persona ante los tribunales como legítimo propietario de las acciones de los perjudicados reales. De este modo evita el riesgo de ser condenado en costas si pierde el pleito, ya que quien asume esa responsabilidad es CDC.

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¿Publicidad engañosa?

Aunque de momento ha pasado moderadamente desapercibida, la oferta de la plataforma ha despertado algunas críticas entre los expertos en deontología del sector. Especialmente, el reclamo de ofrecer 100 euros simplemente por el hecho de contratar el servicio. "De primeras, chirría", comenta Fernando Candela, presidente de la Comisión de Deontología del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), y agrega que va a trasladar este asunto al Colegio de Abogados competente para que lo investigue.

Ahora bien, el profesional admite que tanto el Estatuto de la Abogacía como el Código Deontológico no prevén ninguna prohibición expresa al respecto. Sin embargo, considera que hay algunos artículos que podrían chocar con este sistema para atraer clientela. Se refiere en concreto al 125 del Estatuto, que tipifica como falta grave el "pago, cobro, exigencia o aceptación de comisiones u otro tipo de compensación de otro profesional o de cualquier persona, infringiendo las normas legales sobre competencia o las reguladoras de la deontología profesional". Este precepto no se ajusta exactamente al modelo que sigue la plataforma, ya que se refiere a los supuestos en los que un tercero recibe una cuantía por derivar clientes. Aun así, Candela opina que algún Colegio podría apoyarse en esta definición para sancionar la conducta de Redi Abogados.

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Por otro lado, el experto del CGAE señala que el modelo que sigue la plataforma podría ser considerada publicidad engañosa. "Según el Código Deontológico, la publicidad de los despachos debe estar sometida a unos estándares mínimos", describe. Algunas de las condiciones que se le exigen, agrega, es que sea clara y no induzca a error. Por ejemplo, si un despacho asegura que el reclamante no asume ningún tipo de coste, pero luego no es así. O si, simplemente, no hay transparencia con la letra pequeña de la contratación. En este sentido, Candela considera que, al repartir las ganancias de un pleito al 50%, se podría estar induciendo a error al reclamante, ya que hay una asimetría entre la información que tiene el ciudadano y la del profesional, que solo aceptaría casos en los que haya una clara victoria.

"Con nuestro modelo, los consumidores no asumirán costes a cambio de perder una parte importante de la reclamación"

Un extremo que rechaza de pleno De la Llosa. "En nuestra página afirmamos que no hay riesgo para el consumidor porque, si el pleito sale mal, lo asumimos nosotros", razona. Asimismo, explica que nunca hay una garantía de éxito absoluto en los pleitos que aceptan, algo que trasladan al cliente. "Les informamos de que, con nuestro modelo, no asumirán costes a cambio de perder una parte importante de la reclamación", asegura.

La controversia de comprar litigios

La propuesta de contratación no es la única cuestión que plantea dudas. Para Rafael del Rosal, el modelo basado en la compra de litigios y la cesión de los derechos "infringe todas las normas básicas deontológicas de la abogacía". Como recuerda el experto, esta práctica no es novedosa, sino que se remonta a la Antigua Roma. En aquella época, estas conductas fueron estrictamente prohibidas, pero, a día de hoy, el marco jurídico de la profesión no establece ninguna restricción al respecto. Una 'laguna legal' que lamenta el profesional. "Después de 2.000 años, estamos recorriendo el camino de vuelta", critica.

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A pesar de que se trate de un modelo legalmente permitido, Del Rosal considera que adquirir acciones para litigar en nombre de un consumidor atenta contra principios deontológicos como la obligación de independencia del abogado. Al fin y al cabo, razona, al adquirir el asunto, el letrado se convierte en parte interesada. Del mismo modo, opina supone un choque contra la dignidad que se exige a la profesión, ya que este sistema implica especular por causa de la justicia. "Se compra el dolor ajeno. Y encima no lo hacen por su precio, sino por unas condiciones draconianas", asevera.

Cártel de coches

El cártel de coches fue destapado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En una resolución dictada en 2015, el organismo confirmó la existencia de un acuerdo entre varios fabricantes para fijar precios que se alargó entre 2006 y 2013. Durante siete años, este grupo autodenominado El Club de las Marcas realizó intercambios estratégicos y comerciales de información sensible para hacerse con el control del mercado en el sector de la automoción. La entidad impuso una multa de 171 millones de euros, que ha sido ratificada por el Tribunal Supremo en varias ocasiones a lo largo del último año.