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Los transportistas inician un macropleito contra Repsol, Cepsa y BP por inflar el gasoil
  1. Jurídico
El litigio puede superar los 1.000 millones

Los transportistas inician un macropleito contra Repsol, Cepsa y BP por inflar el gasoil

El 29 de diciembre se presentaron en Madrid y Castellón las reclamaciones de 3.500 afectados, por valor de 100 millones de euros, por los daños causados por el pacto para fijar el precio del combustible

Foto: Cartel de precios de una gasolinera Cepsa en Madrid. (EFE/Chema Moya)
Cartel de precios de una gasolinera Cepsa en Madrid. (EFE/Chema Moya)
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El macropleito de los transportistas contra Repsol, Cepsa y BP por el encarecimiento artificioso del precio del combustible da su primer paso judicial. Según ha podido saber El Confidencial, el pasado 29 de diciembre, la plataforma Afectados por las Petroleras (APP) interpuso las primeras demandas en los juzgados de lo Mercantil de Madrid (ciudad en la que tienen su sede Repsol y Cepsa) y Castellón (en donde radica la de BP) en las que se reclama a las tres compañías una compensación por los daños y perjuicios sufridos por el pacto a través del cual inflaron durante más de una década los precios del gasóleo. Estas acciones dan el pistoletazo de salida a unos litigios, los derivados del mal llamado 'cártel de las petroleras', que en suma pueden conllevar una reclamación de más de 1.000 millones de euros.

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El mecanismo empleado por las principales petroleras, según determinó la CNMC en 2009 —por aquel entonces, CNC— y ha ratificado en resoluciones posteriores, fue la imposición de una serie de cláusulas contractuales a los propietarios de las estaciones de servicio que, en la práctica, conducían a la fijación indirecta del precio del combustible. Los contratos cuestionados desincentivaban que las gasolineras aplicaran descuentos en la venta del gasóleo, lo que, al final, les forzaba a someterse al precio fijado por las petroleras. Esta práctica se ha mantenido hasta 2020, año en que la Comisión ha admitido, finalmente, que las modificaciones introducidas por Repsol, Cepsa y BP en sus disposiciones legales remediaban las causas que motivaron la infracción.

El cambio en los contratos, en todo caso, no extingue el derecho de los afectados a reclamar por el sobreprecio pagado durante los más de 10 años en los que la competencia en el mercado del gasóleo se vio alterada. De ahí que, desde hace meses, algunas plataformas y despachos de abogados traten de aunar potenciales perjudicados para impulsar acciones legales contra las petroleras.

Foto: Un surtidor de gasolina 95, en una gasolinera. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)

En este sentido, las demandas presentadas por APP acumulan las reclamaciones de 3.500 perjudicados y suman una cuantía conjunta de más de 100 millones de euros —el impacto correspondiente al encarecimiento de unos 4.000 litros de combustible—, tal y como confirman desde la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer). La otra gran asociación implicada en esta acción es la Federación Andaluza de Transportes (Fatrans). Fuentes conocedoras del proceso señalan, en todo caso, que estas reclamaciones no suponen ni tan siquiera el 5% de los potenciales demandantes, por lo que la cuantía final del macropleito podría superar ampliamente los 1.000 millones de euros.

Además de por la materia, estas primeras demandas son interesantes por la sofisticación de la reclamación y del vehículo articulado para llevarlas a cabo. La plataforma APP ha sido constituida por la firma especializada en litigación masiva compleja Outliers, fundada por Javier Vasserot, con el respaldo financiero de un fondo de inversión. La entidad ha diseñado un esquema de reparto del éxito con los asociados (los perjudicados) en el que el 60% de lo recuperado sería para estos y el 40% para el fondo, un porcentaje que se explica por lo novedoso y complejo del asunto.

Foto: El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, a la izquierda de la foto y el presidente de la petrolera, Antonio Brufau, a la derecha. (Foto cedida por Repsol)

Para la cuantificación del daño, la plataforma se ha apoyado en un informe pericial elaborado por los profesores de la Universidad de Barcelona Joan Ramon Borrell y Jordi Perdiguero, así como una base de datos específica desarrollada para ordenar y procesar la ingente cantidad de datos que han aportado Fatrans y Fenadismer. Por su parte, entre los despachos que han participado en la construcción de la argumentación jurídica se encuentra Almoguera Abogados, encabezado por Jesús Almoguera.

"Es la demanda más grande que se ha interpuesto en nuestro país en materia de petróleo", explica Blas A. González, letrado experto en competencia que colabora con Almoguera Abogados en la defensa del caso. Según detalla González, cada reclamación requiere ir acompañada de un análisis económico y econométrico que determine "con precisión" el precio que el perjudicado debería haber pagado en caso de que el mercado no se encontrara "contaminado" por las prácticas colusorias de las petroleras. Un trabajo en absoluto sencillo que explica la tardanza de muchas otras plataformas en interponer sus acciones.

Foto: Imagen: Irene de Pablo.

Las petroleras, por su parte, aguardan acontecimientos. Fuentes de BP señalan a este diario que aún no han recibido notificación alguna de las demandas, por lo que desde la compañía aún no pueden realizar una valoración "en profundidad" sobre la situación. Sí señalan, en todo caso, que la entidad "se rige por el cumplimiento de la legalidad vigente y conforme a los estándares del mercado". Y rematan: "En BP estamos fuertemente comprometidos con las normas de defensa de la competencia y su debido cumplimiento es para la compañía y todos sus empleados inexcusable".

Desde Cepsa, subrayan que en junio de 2020 la CNMC concluyó que sus prácticas "se ajustaban exactamente a lo exigido en sus anteriores resoluciones", por lo que, a día de hoy, no tienen abierto ningún expediente ante el organismo regulador. Finalmente, Repsol ha declinado hacer comentarios al respecto.

El macropleito de los transportistas contra Repsol, Cepsa y BP por el encarecimiento artificioso del precio del combustible da su primer paso judicial. Según ha podido saber El Confidencial, el pasado 29 de diciembre, la plataforma Afectados por las Petroleras (APP) interpuso las primeras demandas en los juzgados de lo Mercantil de Madrid (ciudad en la que tienen su sede Repsol y Cepsa) y Castellón (en donde radica la de BP) en las que se reclama a las tres compañías una compensación por los daños y perjuicios sufridos por el pacto a través del cual inflaron durante más de una década los precios del gasóleo. Estas acciones dan el pistoletazo de salida a unos litigios, los derivados del mal llamado 'cártel de las petroleras', que en suma pueden conllevar una reclamación de más de 1.000 millones de euros.

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