Así han evolucionado las solicitudes de asilo de los afganos en la última década

España ya ha comenzado a recibir peticiones de protección internacional por parte de ciudadanos afganos que huyen del régimen talibán recientemente instaurado en Kabul. Se trata de una docena de colaboradores de la embajada y de la Unión Europea que viajaron el pasado jueves en el avión preparado por el Ministerio de Defensa para evacuar a españoles y civiles relacionados con los organismos internacionales que operan en la región. El Gobierno tiene previsto empezar a derivar a centros de acogida a quienes han solicitado asilo en nuestro territorio, mientras que el resto serán trasladados a otros países comunitarios.

A pesar de ser las primeras motivadas por la llegada de los talibanes al poder, las peticiones recibidas recientemente no son las únicas que ha registrado nuestro país en lo que va de año. Según los datos publicados por el Ministerio del Interior, entre enero y julio de 2021 llegaron 48 formularios de protección procedentes de Afganistán. En los últimos cinco años, además, las solicitudes han aumentado progresivamente, alcanzando un pico histórico en 2019 al superar las 180. La única excepción fue 2020, cuando el número se desplomó a 34 por causa del Covid y el cierre de fronteras generalizado.

España, no obstante, recibe una ínfima parte de las peticiones de refugiados procedentes de Afganistán. Según datos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO, por sus siglas en inglés), la Unión Europea en su conjunto registró solo en junio de este año más de 6.000 solicitudes de protección internacional, el número más alto desde que comenzó la pandemia. Además, el país asiático fue el segundo que más formularios envió a la UE en 2020. En total, se registraron cerca de 50.000, solo superadas por las más de 70.000 de Siria.

Ahora bien, al contrario que en España, la comunidad europea ha experimentado un descenso paulatino de las reclamaciones afganas en los últimos cinco años. Mientras que las cifras más elevadas se registraron en 2015 y 2016 (193.000 y 187.000 respectivamente), en los años siguientes las solicitudes se desplomaron más de un 50%, con una media de 50.000 al año.

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Grecia recibió la mayoría de estas peticiones debido a su posición geográfica, ya que se erige como principal frontera entre el continente europeo y el asiático. La ciudadanía afgana también es mayoría entre los que piden amparo en países cercanos como Bulgaria, Rumanía, Hungría, Eslovaquia y Croacia, entre otros. En nuestro país, en cambio, la mayoría provienen de Venezuela (32%) y Colombia (31%) y otros países de habla hispana. Por el contrario, Afganistán se sitúa en el puesto 54.

Por otro lado, la EASO alerta de que el número de peticiones de menores no acompañados que buscan auxilio europeo ha aumentado en los últimos meses. En 2020 representaron el 4% del total. La mitad de estos niños eran afganos (5.825).

Los afganos, entre los más probables de recibir protección

A pesar de ser los que más solicitudes envían, los afganos son los que ostentan una mayor tasa de reconocimiento de la condición de refugiado. En Europa, el porcentaje de conclusiones favorables de 2020 fue del 59%, superado tan solo por Venezuela (95%), Siria (85%), Eritrea (84%) y Somalia (61%). En ese periodo, los países comunitarios otorgaron 8.760 concesiones de asilo a civiles de Afganistán, además de 12.900 protecciones subsidiarias y 4.325 humanitarias. Del mismo modo, denegaron un poco más de 17.600 peticiones.

El mayor pico de resoluciones favorables tuvo lugar en 2017, cuando se concedió amparo a más de 85.000 civiles. Una cifra que, sin embargo, no llegó a superar las reclamaciones rechazadas, que ese año rozaron las 94.000.

En España, por su parte, la probabilidad de los afganos de recibir protección es aún mayor. La tasa de reconocimiento de nuestro país supera con creces a la europea, alcanzando el 95% en 2021 (la segunda más alta de todos los países que envían peticiones) y el 75% en 2020. De media, nuestras autoridades ofrecieron amparo en el 8% de los casos. Además, los datos de Interior ponen de manifiesto que el número de afganos que recibieron un resultado favorable a sus formularios ha aumentado progresivamente en los últimos diez años, aunque con ligeros descensos en 2013 y 2016.

El amparo legal se ha otorgado a través de dos vías: el derecho de asilo y la protección subsidiaria. Ambas se ofrecen a aquellas personas que son o tienen temores fundados de ser perseguidas por motivo de su raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, género, orientación sexual o pertenencia a un determinado grupo social. En los dos casos, el país que concede el auxilio se compromete a no expulsar ni devolver al ciudadano solicitante y está obligado a adoptar las medidas contempladas tanto en su normativa como a nivel internacional.

La diferencia principal entre estos modelos son los requisitos que se exigen. Así, para acceder al asilo, la persecución debe ser ejecutada por parte del Estado de manera individualizada. Es decir, debe realizarse directamente sobre el solicitante, como puede ocurrir en el caso de un político opositor al régimen o un periodista amenazado por ejercer su profesión. En cambio, las condiciones para verse beneficiado por la protección subsidiaria son más flexibles, ya que se aplica en aquellos casos en los que está en riesgo la vida de la población civil, directa o indirectamente.