Los notarios han detectado más de 7.300 operaciones sospechosas de blanqueo

Desde enero de 2006 hasta ahora, el Órgano Centralizado de Prevención (OCP) de blanqueo de capitales de los notarios ha informado de 7.313 operaciones sospechosas ante el Sepblac. De ellas, aproximadamente el 80% han ayudado a prevenir o descubrir delitos de este tipo, que suelen ser la derivada de otras infracciones más graves, como tráfico de drogas, financiación del terrorismo, estafas, fraude fiscal, delincuencia organizada o corrupción, entre otros.

En un acto celebrado esta mañana con motivo del 15 aniversario del OCP, Pedro Galindo, su director, ha reseñado el “papel imprescindible” que juegan los notarios dentro de la lucha contra el blanqueo. De hecho, ha indicado que, hoy en día, “no existe investigación patrimonial vinculada a estos delitos en la que, de una u otra forma, no colabore el OCP”.

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En este sentido, las principales operaciones que han levantado las sospechas de los fedatarios son la compraventa de inmuebles, de acciones y participaciones, el nombramiento de cargos públicos como testaferros, la constitución de sociedades y determinados actos societarios, como ampliaciones de capital y poderes.

Bases de datos contra el blanqueo

El OCP es órgano que fue creado en 2006 y está integrado por expertos en la lucha contra el blanqueo y se nutre de dos fuentes principales: las sospechas registradas por los notarios y la búsqueda de información en el Índice Único Informatizado. Este último es una base de datos en la que los fedatarios guardan todos los documentos autorizados en las notarías para que se distribuyan a otros organismos públicos.

El índice ha dado lugar a dos herramientas que Galindo ha calificado de esenciales para la investigación de delitos económicos. Una de ellas es la base de datos de titularidad real. Creada en abril de 2012, permite que cualquier juez, fiscal u otro organismo interesado en la persecución del blanqueo pueda consultar en tiempo real quién es el titular de una sociedad. Desde su creación, se han realizado tres millones y media consultas.

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La segunda es la base de datos de personas de responsabilidad política, que recoge datos sobre todos los individuos que ostentan un cargo público, sea por elección (diputados del Congreso, por ejemplo) o por designación. Además, incluye información de sus "allegados", entendiendo por ello a familiares o personas con las que tienen un negocio o comparten la titularidad de una sociedad. La utilidad, ha explicado Galindo, es abrir los ojos de los jueces, fiscales y otras personalidades como la policía "para orientar una investigación".

La amenaza de las criptomonedas

Por otro lado, Galindo ha analizado cómo se ha sofisticado el 'modus operandi' de estas infracciones. Así, los primeros años tras la creación del OCP, la actividad que hacía saltar las alarmas de los notarios era, principalmente, las grandes transacciones en efectivo. Por ejemplo, una compraventa de un inmueble en la que el comprador abonaba la cuantía o gran parte de ella en metálico.

Ahora, en cambio, la forma de delinquir se ha sofisticado y los delincuentes cuentan con otro tipo de medios. En este sentido, el director ha señalado las criptomonedas como una amenaza para la lucha contra el blanqueo. Para combatirlo, ha relatado que los fedatarios reciben formación específica par entender estas divisas digitales y cómo se podrían usar para blanquear capitales.

Por último, Galindo ha rechazado que la pandemia haya provocado un aumento de los delitos de esta tipología. En primer lugar, porque la actuación de los fedatarios no ha cambiado a raíz de la crisis sanitaria. Y, segundo, "porque la evolución de cómo se efectúan estos delitos es lenta", por lo que, de existir un cambio, se podrá percibir transcurrido un tiempo.