La última bala que guarda Trinitario Casanova en operación Chamartín

Una de cal y otra de arena. Este mes de marzo, con apenas días de diferencia, el empresario Trinitario Casanova se ha llevado un serio revés en su batalla por hacer valer los derechos de reversión de Operación Chamartín, un tesoro que cifra en 713 millones de euros, pero también ha conseguido un importante balón de oxígeno, que le da aire para seguir peleando.

El golpe en contra le ha llegado del Tribunal Supremo y su decisión de inadmitir a trámite el recurso de casación de Baraka, hólding de Casanova, contra Crea Madrid Nuevo Norte, concesionaria del desarrollo urbanístico a la que reclama la citada lluvia de millones por los derechos de reversión de los terrenos que expropió el Estado para construir la estación de Chamartín.

Sin embargo, el dueño de Grupo Baraka ha conseguido que, por orden del Juzgado de Primera Instancia del número 31 de Madrid, el registrador de la propiedad incluya una anotación preventiva de demanda en la finca que Adif prevé vender a Crea para arrancar definitivamente la Operación Chamartín.

Se trata de una bala que permite a Casanova seguir alegando que sus derechos de reversión continúan vivos, porque todavía hay procesos judiciales abiertos en torno a ello, como el procedimiento contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

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La consecuencia directa que tiene esta anotación es que ningún potencial comprador podrá declararse en el futuro tercero de buena fe y, en el supuesto de que Baraka consiga alguna vez hacer efectivos sus derechos de reversión, deberá devolverle los terrenos o indemnizarle proporcionalmente.

Desde Crea han asegurado a este medio no tener "constancia de la inscripción de medida cautelar alguna, tratándose de un acto competencia del Registrador de la Propiedad" y que "tal inscripción no supondría el reconocimiento de derecho alguno en relación con estos terrenos y se trataría únicamente de una medida cautelar para hacer constar en el Registro la interposición de una demanda, solicitando la inscripción de la posible existencia de derechos de reversión".

La concesionaria participada por BBVA, Merlin y San José insiste en que "en ningún caso supondría el reconocimiento de derecho alguno a favor de Baraka ni, por tanto, derecho alguno a su inscripción. Derechos, por otra parte, cuya inexistencia ha sido expresamente declarada por sentencias firmes tanto en el ámbito contencioso-administrativo como ahora en el civil".

En la primavera de 2018, Casanova llegó a un acuerdo para comprar sus derechos de reversión a los propietarios originales de los terrenos, a quienes el Estado expropió sus tierras para construir la estación de Chamartín, actual epicentro de la mayor operación inmobiliaria de España

En alianza con la sociedad No Abuso, que lleva décadas defendiendo los intereses de los reversionistas, el empresario firmó una escritura de compraventa por la cual se comprometía a pagar hasta 1,3 millones de euros en función del número de antiguos propietarios que aceptaran su propuesta.

Pero esta incluía un importante matiz: el grueso del pago quedaba pospuesto al ejercicio de los derechos de reversión, es decir, a que se reconociera a Casanova como dueño de los terrenos, quedara así recogido en el Registro de la Propiedad, y se aprobara de manera definitiva la Operación Chamartín.

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Seis años después, estos tres hitos siguen pendientes de resolverse. Adif y Crea continúan sin cerrar la venta de los terrenos y firmando prórrogas que, por el momento, se extienden hasta el próximo mes de noviembre. Casanova, por su parte, sigue peleando que los tribunales le reconozcan su titularidad sobre los derechos de reversión. De hecho, uno de los pilares en su contra del procedimiento que acaba de dar por zanjado el Supremo es que los expropiados no transmitieron "derecho de reversión concretado y reconocido plenamente", según la resolución que impugnó sin éxito Baraka.

Pero el empresario tiene todavía abierta la vía del TSJM, tribunal al que la Audiencia Nacional remitió, el pasado mes de octubre, las actuaciones que deberán determinar si Baraka tiene derecho a ser reconocido como heredero de los propietarios originales de los terrenos de Chamartín y si el Estado, por tanto, debe restituirle la propiedad de estos suelos. Un litigio que, gracias a la anotación preventiva, emplaza a cualquiera que compre esos suelos a darse por enterado si, finalmente, Casanova consigue que algún tribunal le dé la razón.