Pardo de Vera renuncia a presidir el 'lobby' de los fondos inmobiliarios por las presiones recibidas

Por segunda vez en menos de un año, las presiones políticas han obligado a Isabel Pardo de Vera, exsecretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a renunciar a un puesto profesional. Tras haber sido, el pasado febrero, la cabeza ofrecida en bandeja de plata para resolver la crisis de los trenes en Asturias y Cantabria, ahora ha decidido renunciar a la presidencia de Asval, la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler.

Como ha adelantado hoy este medio, la también expresidenta del operador púbico de la red ferroviaria española, Adif, había llegado a un acuerdo con Asval para tomar el relevo al expolítico socialista Joan Clos en la presidencia.

Tras el acuerdo firmado entre las dos partes, el nombramiento definitivo ya solo estaba pendiente de someterlo a la Junta General de Asval, prevista para el próximo día 20 de diciembre, y de recibir el visto bueno de la Oficina de Conflictos de Interés.

Aunque todas las partes daban por descontado que este organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda, iba a dar la luz verde al nombramiento, el vendaval desatado tras adelantar este medio la noticia ha dado la vuelta a la situación. Ante la amenaza de recibir un informe de incompatibilidad con el cargo, Pardo de Vera ha optado por tomar la iniciativa y, a través de un portavoz, ha comunicado a los medios que ha decidido renunciar al cargo.

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Aunque se trata de una organización con más de 6.000 miembros, la inmensa mayoría particulares y pequeños propietarios de pisos en renta, a nadie se le escapa que es una iniciativa capitaneada por grandes fondos internacionales como Blackstone, Castlelake y Ares, que lideraron su creación para defender los intereses del sector patrimonialista residencial ante las administraciones

De hecho, el fichaje de Pardo de Vera como presidenta buscaba tener un representante institucional de primer nivel que pudiera abrir puertas en Moncloa y tender puentes para desarrollar las necesarias políticas de colaboración público-privada y sentar las bases del incipiente sector de la vivienda asequible y social, donde está todo por hacer y donde van a necesitarse el suelo de las administraciones y el dinero de los grandes inversores institucionales privados.