El impuesto vasco a los ricos: descafeinado, con un año de retraso y en el aire en Álava y Guipúzcoa

Primero, en diciembre de 2022, fue un no. El PNV y el PSE, los dos partidos que sustentan las tres diputaciones vascas, acordaron que el impuesto a las grandes fortunas no se aplicaría en el País Vasco. La polémica estaba servida, era el mejor argumento al que podían agarrarse las comunidades del PP, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, para rebelarse y sustentar los recursos ante el TC. Luego llegó la matización. Se incluiría en el concierto económico como tributo concertado, según se acordó con el Ministerio de Hacienda, no se bonificaría al 100%, la primera posibilidad que barajaron las instituciones vascas para dejarlo sin efecto, pero sí se compatibilizaría con el impuesto de patrimonio para no castigar por partida doble a los contribuyentes. Y casi un año después, las tres diputaciones han presentado por fin su propuesta, descafeinada respecto al impuesto nacional ―en el conjunto de España, el gravamen comienza a aplicarse a partir de los tres millones; en el caso vasco, será a partir de los 3,2― y con la acusación de Bildu y Podemos de que todo ha sido una estrategia de los jeltzales para no aplicar el gravamen.

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En el mejor de los escenarios, el impuesto se aplicará en el País Vasco con un año de retraso ―las diputaciones confían en tenerlo aprobado justo a finales de año―, en el peor, nunca. El PNV y el PSOE, que gobiernan en coalición las tres diputaciones, tienen mayoría en las Juntas Generales de Vizcaya, el Parlamento provincial que deberá dar luz verde a la norma foral por la que se aprobará el tributo, pero necesitan el apoyo de una tercera formación en las cámaras de Álava y Guipúzcoa. Bildu, que respaldó la aprobación del impuesto en el Congreso y fue uno de los votos clave para que la medida saliera adelante, ya ha advertido de que no respaldará la propuesta de las diputaciones. Tampoco Podemos está dispuesto si se mantiene la actual redacción y el PP se opone de manera frontal al gravamen.

¿Qué hará Vizcaya si ve que en Guipúzcoa y Álava no se aprueba?, ¿asumirá el PNV una desarmonización entre las tres provincias? “Todavía no se ha contemplado ese escenario”, apuntan a El Confidencial fuentes de la Diputación de Vizcaya. “El escenario está totalmente abierto. Todavía es demasiado pronto. Tenemos la confianza en que vamos a poder aprobarlo. Ahora empieza la negociación y hay mucho margen”, defienden en Guipúzcoa. No obstante, las fuentes consultadas en esta última provincia conceden que si finalmente no consiguen los apoyos necesarios, “habrá que ver qué se hace, si se armoniza o cómo se gestiona”. Por su parte, fuentes del Ministerio de Hacienda conceden que si finalmente no sale a la luz, “no tendría ninguna repercusión legal”, solo “consecuencias políticas”.

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No sería la primera vez que las tres provincias vascas, cada una con su propia Hacienda, tienen una fiscalidad diferente. Pero el motivo sería distinto. En la legislatura 2011-2016, Guipúzcoa tuvo su propio impuesto a los ricos, pero fue gracias a un pacto urdido entre Bildu, entonces al frente de la Diputación, y el PSOE. En las otras dos provincias —Vizcaya, gobernada por el PNV, y Álava, por el PP—, la medida se rechazó. En la legislatura siguiente, los socialistas pasaron a ser socios del PNV y en las Juntas Generales anularon lo que habían aprobado con la coalición abertzale.

El no de Bildu y Podemos

“El PNV ha ido tarde de forma premeditada para perder un año y así, con un poco de suerte, a ver si no se aplica”, denunció este martes Iker Casanova, juntero de Bildu en Vizcaya. Para el partido, la propuesta de las diputaciones rompe con el espíritu de la ley que se aprobó en el Congreso y “vacía de contenido” el impuesto. “Todos los tipos son coincidentes con el impuesto de patrimonio. No hay presión sobre las rentas altas, el impuesto a las grandes fortunas no tendrá incidencia”, expuso, y precisó que de las 17.000 personas que pagan el impuesto de patrimonio en el País Vasco, 16.700 quedarán exentas del de grandes fortunas, por lo que solo repercutirá en unos 300 contribuyentes, según cálculos de la coalición.

Opinión

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La propuesta de las tres diputaciones contempla que lo que se abone por el impuesto a las grandes fortunas se descuente del de patrimonio. El tributo vasco comenzará a aplicarse a partir de los 3,2 millones, frente a los tres del resto del país, y el tipo máximo, a partir de los 16 millones, frente a los 10,7 del nacional, de ahí las críticas de Bildu. El trámite para su aprobación acaba de empezar con el periodo de alegaciones y luego deberá refrendarse en las Juntas Generales de cada territorio, la prueba de fuego. A la negativa de Bildu se suma la de Podemos. “El impuesto a las grandes fortunas tenía como objetivo evitar la competencia entre comunidades autónomas, contra el dumping fiscal de comunidades como Madrid, Murcia o Andalucía, pero este movimiento de los gobiernos forales convierte Euskadi en el nuevo paraíso fiscal del Estado”, criticó David Soto, parlamentario morado.

Deflactación del IRPF

Por su parte, el Consejo Vasco de Finanzas, en el que tienen asiento las tres diputaciones, el Gobierno vasco y Eudel, la asociación de municipios vascos, acordó ayer una deflactación del 2,5% en el IRPF para el próximo año. Supondrá una recaudación de 100 millones menos y la medida se suma a los ajustes aplicados en los últimos años para paliar las consecuencias de la inflación, con un porcentaje global del 7,5%. Y al igual que sucede con el impuesto a los ricos, la medida también deberá ser refrendada en las Juntas Generales, bien a través del proyecto de presupuestos o en una norma fiscal.

El Ejecutivo regional y las diputaciones, además, actualizaron las previsiones de cierre del ejercicio y las del año que viene. Las instituciones vascas esperan recaudar este 2023 18.100 millones, un 5,7% más que el año pasado. En 2024, si se cumplen los cálculos, serían 19.000 millones. Esta es la cifra con la que las administraciones comenzarán a preparar ahora sus presupuestos.