DECRETO QUE REGULA EL USO DE LAS LENGUAS

El Gobierno vasco da cobertura legal a los municipios para relacionarse solo en euskera

La nueva normativa refuerza la plena autonomía de los ayuntamientos para decidir la lengua a utilizar a nivel interno y en sus comunicaciones con la ciudadanía y otras administraciones vascas

Foto: El portavoz del Gobierno vasco y consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka. (EFE)
El portavoz del Gobierno vasco y consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka. (EFE)

El Gobierno vasco ha dado "plena cobertura jurídica" a los ayuntamientos para que puedan utilizar únicamente el euskera en sus comunicaciones internas y externas, si bien en el caso de las relaciones con la población deben continuar garantizando el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en castellano “de forma inexorable” y “sin ninguna discriminación”. No obstante, los consistorios no tendrán la obligación de dirigirse en lengua española a otras administraciones vascas a pesar de que estas así se lo requieran.

Comunicarse en exclusiva en euskera con otras administraciones públicas vascas es una de las facultades que otorga con garantías legales a los ayuntamientos el nuevo decreto sobre normalización del uso de las lenguas oficiales en las instituciones locales del País Vasco, aprobado este martes por el Consejo de Gobierno, y que “reconoce y refuerza la plena autonomía municipal para decidir cómo ordenar la utilización del idioma vasco interna y externamente para atender a la realidad sociolingüística de su ámbito geográfico”.

El decreto ofrece "cobertura jurídica efectiva" a los ayuntamientos de cara a poder cerrar la vía judicial por no utilizar el castellano en sus comunicaciones

El uso en exclusiva del euskera en las comunicaciones externas es una práctica habitual en muchos ayuntamientos euskaldunes, que actúan amparados en la ley básica de normalización del uso de la lengua vasca de 1982, si bien en los últimos años diversas actuaciones lingüísticas a nivel municipal han conocido la vía judicial por excluir el castellano de sus comunicaciones, con pronunciamientos de los tribunales que han obligado a la utilización del idioma español.

Ante esta judicialización de determinadas actuaciones lingüísticas municipales, que hasta hace unos años ha sido una práctica habitual por parte del Gobierno central del PP, el decreto aprobado por el Gobierno vasco da ahora "cobertura legal" a los ayuntamientos que decidan utilizar solo el euskera en sus comunicaciones internas y/o externas. “Esto ocurre hoy en día sin toda la cobertura jurídica efectiva que sí les empieza a dar la ley, y ahora con más claridad con el decreto”, resalta el portavoz del Gobierno vasco y consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka.

Con el decreto, cada municipio tendrá que decidir el régimen lingüístico a aplicar en la contratación pública, que podría ser únicamente en euskera

Hasta ahora, todas las administraciones locales tenían una regla “básica, única y común” de normalización del uso del euskera que “no distinguía espacios geográficos ni realidades sociolingüísticas diferentes” y que presentaba un contenido “muy exiguo” en su regulación, lo que ha generado en los últimos años “problemas y conflictos, algunos de ellos judicializados”. Se refiere Erkoreka, en esencia, al elevado listado de recursos que interpuso ante los tribunales contra la política lingüística de numerosos ayuntamientos vascos el que fuera delegado del Gobierno en el País Vasco entre los años 2012 y 2016, Carlos Urquijo, quien con su actuación se convirtió en el enemigo público número uno del nacionalismo —el PNV llegó a pedir su cese en el Congreso de los Diputados por “pirómano” y el Gobierno de Mariano Rajoy le cesó el 31 de diciembre de 2016 para facilitar el acuerdo presupuestario de 2017 con los 'jeltzales'—.

El nuevo decreto “resuelve las disfunciones” que generaba la norma de 1982, de modo que a partir de ahora cada ayuntamiento tendrá autonomía plena y deberá fijar, ya sea mediante ordenanza, reglamento o plan de gestión, las directrices y criterios de uso oral y escrito de ambas lenguas en su funcionamiento interno, en su relación con la ciudadanía y las demás instituciones —notificaciones y comunicaciones individuales o generales—, en el formato lingüístico de los documentos estandarizados o en los actos públicos y comunicaciones. Asimismo, deberán establecer las reglas lingüísticas en la rotulación interior y exterior de los edificios e instalaciones municipales, en el uso de la traducción y la interpretación, en los anuncios, publicidad y campañas de comunicación, y en la contratación administrativa —los pliegos de condiciones u otras cuestiones—, que podría ser únicamente en euskera. "Cada ayuntamiento tendrá que decidir el régimen lingüístico a aplicar en la contratación pública", afirma, al respecto, Erkoreka.

"No hay necesidad de que la comunicación sea bilingüe necesariamente", aunque se deberá garantizar el derecho que se tiene a elegir la lengua

El nuevo decreto, en la práctica, como evidencia el portavoz del Gobierno vasco, equivale a que “no hay necesidad de que la comunicación que reciba el ciudadano sea bilingüe necesariamente”. En todo caso, la regulación aprobada, según remarca Erkoreka, no implica ningún cambio en el derecho “innegable” que tiene todo ciudadano a elegir en cuál de las dos lenguas oficiales quiere relacionarse con la Administración, y que sigue siendo la “regla inexorable” que atraviesa toda la normativa.

El derecho de los ciudadanos a ser atendidos en castellano “sin ninguna discriminación”, y que obliga a los ayuntamientos a “adoptar todas las medidas necesarias” para ello, no les asiste, por contra, a las administración públicas en sus relaciones entre ellas. “La Administración pública no tiene derechos lingüísticos”, asevera Erkoreka, que argumenta que los entes públicos “tienen que estar habilitados y capacitados” para conocer las dos lenguas oficiales del País Vasco porque “están obligados a responder al derecho de los ciudadanos a ser atendidos tanto en castellano como en euskera”.

De este modo, si un ayuntamiento remite a otra Administración pública una comunicación exclusiva en euskera, esta “se la tiene que aceptar”, ya que “ahora hay un marco jurídico” que ampara al emisor. Con ello, sostiene el Gobierno vasco, se pretende cerrar la puerta a la vía judicial ante estas actuaciones, que con anterioridad habían dado lugar a pronunciamientos de los tribunales que obligaban a consistorios a relacionarse en modo bilingüe con otras instituciones vascas que se negaban a recibir y atender escritos formulados únicamente en euskera. A día de hoy, estos conflictos “se habían corregido en parte por la jurisprudencia, pero ahora la ley los resuelve”, según recalca Erkoreka. “Los documentos y copias enviadas a alguna Administración por un ayuntamiento que haya elegido relacionarse en euskera se deberán cursar en dicha lengua”, subraya.

Si un municipio remite a otra Administración una comunicación solo en euskera, esta "se lo tiene que aceptar" y no podrá exigir que sea en castellano

En esta línea, el consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, destaca que el objetivo principal del nuevo decreto es impulsar el uso del euskera para que se convierta en lengua de trabajo interna y de servicio al ciudadano en el ámbito local. Con su aprobación, se impulsa la lengua vasca “en ámbitos hasta ahora poco frecuentes”. La regulación del uso oral y escrito del euskera afectará igualmente a todas las entidades locales, organismos y sociedades que dependan de los ayuntamientos y a las empresas contratadas o adjudicatarias que presten un servicio municipal. "Las entidades locales pueden y deben jugar un papel fundamental en la promoción del euskera", señala.

A nivel interno, la nueva regulación obliga a los ayuntamientos a “tomar decisiones tendentes hacia una progresiva y creciente” utilización de la lengua vasca. Así, el consistorio “podrá establecer el uso del euskera como lengua de trabajo en los puestos que tengan un perfil lingüístico obligatorio”. Además, tendrá facultad para exigir la lengua vasca en el tratamiento de los expedientes, en la puesta en marcha de procedimientos o en el inicio de las relaciones con el ciudadano. “Hay administraciones en las que el personal que acredita un perfil lingüístico elige la lengua en la que quiere trabajar, y ahora la Administración determinará qué idioma se debe utilizar. El trabajador está hablando en nombre de la Administración, y la Administración decide en qué lengua debe expresarse quien habla en su nombre”, defiende Erkoreka.

El ayuntamiento "podrá establecer el uso del euskera como lengua de trabajo en los puestos que tengan un perfil lingüístico obligatorio"

El decreto también impulsa la adaptación digital progresiva. La adaptación lingüística de cada ayuntamiento será "paulatina", si bien todos los consistorios vascos deberán adoptar las medidas que garanticen que su material de ofimática esté disponible en euskera. En concreto, tanto el 'sofware' como el 'hardware' que utilice el sector público local deberán estar disponibles en lengua vasca, al igual que las aplicaciones, las redes de internet e intranet, y la página web, que deberá estar redireccionada a la versión en euskera por “defecto”. Lo mismo pasa con los mensajes grabados en dispositivos automáticos, servicios de información telefónica, altavoces o megafonía, que “realizarán, en primer lugar, el mensaje en euskera”.

Este “nuevo tiempo” en el que cada entidad local decidirá “libre e individualmente” el idioma en el que trabajar internamente y relacionarse de forma pública hará que “no haya dos ayuntamientos iguales” en sus políticas lingüísticas, expone el portavoz del Gobierno vasco, que celebra que “se ha puesto fin a la etapa en la que todas las administraciones tenían una norma única y común para el uso de las lenguas oficiales con independencia del marco sociolingüístico en el que se movieran”.

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