Varapalo judicial a Pamplona por imponer el euskera en dos escuelas infantiles

La Justicia ha vuelto a dar un varapalo al Ayuntamiento de Pamplona en su intento de imponer el euskera en las escuelas infantiles. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado la sentencia que revocó la decisión adoptada por el Ejecutivo de Joseba Asirón (EH Bildu), que cambió el modelo lingüístico en las escuelas infantiles de Donibane y Fuerte del Príncipe (ahora Printzearen Harresi) para implantar el euskera como lengua de enseñanza.

La decisión adoptada por el Ayuntamiento en febrero de 2016 fue recurrida por cerca de un centenar de familias de niños afectados por la medida y que tuvieron que llevar a sus hijos a otros centros educativos para que pudieran estudiar en castellano. En un primer momento, en febrero de 2017, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Pamplona dio la razón a los padres afectados y ahora el TSJN ha confirmado la sentencia que anula el cambio de modelo lingüístico introducido en estas dos escuelas infantiles al desestimar el recurso interpuesto por el ayuntamiento.

En la sentencia, que solo puede ser recurrida en el caso de que concurra “algún supuesto de interés casacional”, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra establece de forma contundente que “no puede sino ratificar” el criterio del anterior fallo de que se produjo “un cambio en la ordenación y planificación de la oferta educativa” en el ciclo de 0-3 años en las escuelas del Ayuntamiento de Pamplona, y “no una mera reestructuración” como sostiene el consistorio.

Pamplona acometió "un cambio en la ordenación y planificación de la oferta" en el ciclo de 0-3 años en las escuelas y "no una mera reestructuración"

En su argumentación, el tribunal sostiene que si se acude al diccionario de la Real Academia de la Lengua (R.A.E.) por reestructuración “ha de entenderse la reordenación de las partes de un conjunto, pero sin variar el conjunto”, y “eso no es, desde luego, lo hecho” por el Ayuntamiento de Pamplona, que con su actuación “modifica ostensiblemente el conjunto de la oferta educativa municipal”, ya que supuso un “cambio en la configuración” en cinco de las doce escuelas de titularidad municipal para imponer el euskera en los dos centros aludidos. Y, como asevera, estos cambios no se produjeron “en aspectos secundarios o de escasa trascendencia”, sino en un “extremo tan esencial como el modelo lingüístico”.

A este respecto, alude a las propias consideraciones del Organismo Autónomo de las Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona (OAEIMP), que en los informes previos de cara al cambio del modelo lingüístico en los dos centros “reconoce” que se van a producir “importantes modificaciones en la oferta”, siendo la “más importante” el incremento de las plazas en euskera de 164 a 408 y la supresión de 255 plazas en castellano y castellano-inglés (con su cohorte de cambios físicos y de personal e incluso de denominación de algún centro). De este modo, sentencia, “se modifica así un elemento sustancial y no accidental de la planificación de la oferta pública de plazas”.

La decisión del consistorio supuso el aumento de las plazas en euskera de 164 a 408 y la supresión de 255 plazas en castellano y castellano-inglés

Asimismo, entre los argumentos, el TSJN señala además que la normativa señala que este tipo de modificaciones es “competencia exclusiva” del Gobierno de Navarra y su Departamento de Educación, de modo que la actuación municipal es “contraria a derecho”. En este caso, el ayuntamiento alegó que el primer ciclo de educación infantil no es obligatorio (ni gratuito), por lo que “no han de tener en él las normas reguladoras de la enseñanza en general, y las de carácter lingüístico en particular, el mismo alcance que para los restantes niveles educativos, que a diferencia de aquel tienen establecido en “currículo” y someten al alumnado a evaluación”. Sin embargo, el tribunal replica de forma “concluyente” que la Ley Foral 18/1986 del Vascuence “reserva” al Gobierno de Navarra la incorporación de la lengua vasca a los planes de enseñanza “sin distinción del grado o nivel”.

También apela en este sentido al Decreto Foral 159/1988 por el que se regula la incorporación y uso del euskera en la enseñanza no universitaria de Navarra, que remite a “la Administración la autorización de la implantación en la zona mixta (la de Pamplona), remisión que ha de entenderse hecha a la Administración de la Comunidad Foral”. Así, concluye que “a la vista de estas normas, y dado que los acuerdos recurridos inciden, modificándolo sustancialmente, en el régimen de enseñanza del vascuence en el ámbito al que se dirigen, es claro que han vulnerado el régimen competencial establecido al no contar con la autorización de la Administración foral”.

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Igualmente, la sentencia refleja que este Decreto Foral 159/1988 "obliga a la Administración educativa a garantizar la continuidad en el mismo centro y modelo elegido por los alumnos hasta el final de su escolarización, condicionando los posible cambios a solicitud de parte y previa autorización". Por ello, la "vulneración de esta previsión" es "otro de los motivos" en que se basa la sentencia para anular los acuerdos impugnados "dado el alcance de los mismos, que impuso a los recurrentes la necesidad de cambiar a sus hijos de centro o sujetarlos al cambio de modelo lingüístico o de lengua vehicular".

Con motivo de la primera sentencia a su favor, los padres afectados celebraron la “victoria moral” que suponía el fallo, ya que, a pesar de que “el daño ya está hecho”, daba razón a su denuncia de que el Ayuntamiento de Pamplona había “expulsado” a sus hijos de las Escuelas Municipales Infantiles. “Esperamos que esta sentencia sirva para que este tipo de atropellos que vulneran los derechos fundamentales del menor no vuelvan a repetirse, que ningún niño más se vea expulsado de su escuela ni su ciclo educativo se vea interrumpido”.

"No queremos que se expulse a las familias que optaron por la enseñanza en euskera en esos centros porque supondría cometer el mismo atropello", dicen los padres afectados

Ante la inicial resolución del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2, las familias de los niños que tuvieron que abandonar estos dos centros para seguir estudiando en castellano ya dejaron constancia de que “no queremos que, de hacerse firme la sentencia, se expulse a las familias que optaron por la enseñanza en euskera en esos centros”. Esta situación, según expusieron, “supondría cometer el mismo atropello que el ayuntamiento cometió con nosotros, y no estamos dispuestos a mostrar la misma falta de empatía y solidaridad que el Gobierno municipal”. “Estamos a favor de la reintroducción progresiva de las líneas en castellano y en castellano con inglés que el consistorio eliminó, y su posible convivencia con las líneas en euskera en los mismos centros”, medida que solicitaron en vano antes de que el Gobierno municipal adoptara su decisión de implantar el euskera. “Esta sentencia no es contra la enseñanza en euskera sino contra el modo de imponerla”, señalaron para reclamar que “las trabajadoras temporales expulsadas por el ayuntamiento se reincorporasen a sus puestos”, ya que “desempeñaban excelentemente su trabajo”.

"Sectarismo puro y duro"

Ante este varapalo judicial a los intereses del Gobierno municipal de EH Bildu, el PP de Navarra (PPN) ha denunciado que "ha quedado demostrado que el cambio de modelo a euskera en dos escuelas infantiles fue sectarismo puro y duro". A través de un comunicado, los populares han censurado que "lo único que quería Asirón era introducir la lengua vasca a toda cosa, y por eso lo hizo de un día para otro y sin estudios que avalaran" la decisión adoptada. "Desde el principio denunciamos que el alcalde de Pamplona y su equipo cometían un grave atropello, guiados única y exclusivamente por una ciega devoción al euskera capaz de barrer con todo", ha criticado el PPN. "Poco le importó el grave perjuicio que causaba a decenas de padres que se vieron obligados a cambiar de escuela infantil", ha remarcado.