Cuestionan por "discriminatoria" la exigencia del euskera en la función pública de Barkos

El Consejo de Navarra ha determinado que el decreto foral que el Gobierno de Uxue Barkos ha elaborado para regular el uso del euskera en las administraciones públicas de Navarra "no se ajusta a la legalidad" en algunos de sus artículos, al sostener que la aplicación imperativa de la valoración del euskera como mérito para acceder a cualquier puesto de trabajo que no tenga perfil obligatorio en todo el territorio puede ser “discriminatoria” y contraria a los principios de “racionalidad y proporcionalidad”.

Este órgano, de carácter consultivo, asegura en su dictamen que el decreto elaborado por el cuatripartito (Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra) no se ajusta a la legalidad en relación a la consideración y puntuación que se le da al euskera como mérito para acceder a la Administración pública en las zonas mixta y no vascófona y en los servicios centrales. El Consejo de Navarra cuestiona determinados puestos bilingües y la valoración de esta lengua como mérito para poder acceder a la función pública.

La aplicación imperativa del euskera como mérito en todo el territorio puede ser "discriminatoria" y atentar contra la "racionalidad y proporcionalidad"

En su dictamen, de 56 páginas y fechado este lunes 3 de octubre, refleja que la aplicación imperativa de la valoración del euskera como mérito para cualquier puesto de trabajo puede conllevar la aplicación de “criterios discriminatorios” en el acceso a la Administración pública de Navarra que “no se correspondan con los principios de racionalidad y proporcionalidad, en la valoración del conocimiento del idioma, en relación con puestos de trabajo en los que este mérito pueda no ser relevante, en atención a las funciones a desempeñar y a la realidad sociolingüística del ámbito territorial en el que radiquen”.

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El decreto foral, que el Ejecutivo de Barkos quiere aprobar en breve tras un año de tramitación, ha suscitado el rechazo de la mayoría de los sindicatos, que denuncian que el texto quiebra el principio de igualdad y no discriminación en el acceso a la función pública y concurso de traslados en las administraciones públicas de Navarra. Ante estos argumentos, el Consejo de Navarra estima que la ponderación del euskera como mérito para la zona vascófona es “entendible” pero, por el contrario, no hay “razones que justifican la proporción” fijada para la zona mixta ni su “consideración y extensión” para la zona no vascófona, “dada la determinación legal de la realidad sociolingüística de esta”.

"No hay razones que justifican la proporción" fijada para la zona mixta ni su "consideración" para la no vascófona, dada la realidad sociolingüística de esta

Ante esta situación, este órgano constata la “difícil consideración de la legalidad” de las valoraciones del euskera como mérito recogidas en varios artículos, en los que “la puntuación se establece sin posibilidad de graduación y, por lo tanto, sin ajustarse a los criterios de funcionalidad, razonabilidad y proporcionalidad”, toda vez que “no parece correcto que todos los puestos se valoren con la misma puntuación, independientemente de las funciones que deban desempeñar”. Por ello, recomienda para “la corrección legal de los preceptos”, que los porcentajes de puntuación “se establezcan como máximos, permitiendo a la Administración graduar la puntuación en atención a las funciones del puesto de trabajo y a la realidad sociolingüística del lugar en el que se vaya a desempeñar”.

El Consejo de Navarra, integrado por cinco miembros nombrados “entre juristas de reconocido prestigio y experiencia” y cuya función es asesorar al Gobierno foral, ya dio en marzo un tirón de orejas al Ejecutivo de Navarra en otra de sus pretensiones de corte nacionalista: la oficialidad de la ikurriña en la comunidad. Este órgano alertó de que la derogación de la Ley de Símbolos que pretendía llevar a cabo el Ejecutivo de Barkos, y que finalmente ejecutó, para permitir que la ikurriña ondee en las instituciones navarras sin temor a exponerse a sanciones, no avalaba la bandera vasca, ya que “puede resultar contrario al ordenamiento jurídico”.

Ahora, ante el decreto foral del euskera, el Consejo de Navarra ha establecido que siete de sus 41 artículos (25.2, 30.2, 31, 34.2, 35, 38.2, 39) y la disposición transitoria cuarta “no se ajustan a la legalidad”, según se refleja en el dictamen, que ha contado con el voto particular discordante de uno de sus cinco miembros.

Cuestiona la obligatoriedad para plazas sin perfil lingüístico obligatorio radicadas en la zona mixta, en la zona no vascófona y los servicios centrales

Este organismo alude a jurisprudencia del Tribunal Superior de Navarra sobre la valoración del mérito del conocimiento del euskera en la zona mixta como “referencia” para la determinación de la no legalidad de estos preceptos. En varias sentencias, se refleja que la valoración del euskera como mérito “debe estar en relación con los caracteres y funciones de cada puesto de trabajo”. Por ello, el Consejo de Navarra señala que la adecuación a derecho de algunos artículos del decreto “requiere la exclusión de cualquier referencia que conlleve la obligatoriedad de la valoración como mérito del conocimiento del euskera para plazas sin perfil lingüístico obligatorio radicadas en la zona mixta, en la zona no vascófona y los servicios centrales”.

El Consejo de Navarra establece que en los términos en los que el decreto está redactado “no existe ninguna diferencia a la hora de regular los puestos de trabajo que, prioritariamente, deberían tener perfil obligatorio de conocimiento de euskera en la zona vascófona, en la zona mixta y en la zona no vascófona”, cuando "la realidad sociolingüística y los objetivos son diferentes en atención al uso y conocimiento de las lenguas”. En el caso de la provisión de plazas en la zona mixta, en que se le atribuye al euskera una ponderación mínima obligatoria de un 7% o 6%, según se trate de concurso oposición o de méritos, así como la posibilidad de incrementar dicha valoración hasta el 14% o 12%, “sin que se aporte razón que aconseje esa variación en la puntuación”, hace “dudar” a este organismo de que “se cumpla con el criterio de razonabilidad y proporcionalidad que demanda para ello la doctrina constitucional y la jurisprudencia citada”. En el caso de la zona no vascófona, el texto prevé que “obligatoriamente en los concursos oposición el euskera tenga una ponderación de un 7%, mientras que en los concursos de méritos habrá de tener un peso necesario de un 6%”, lo que “supone extender también el régimen previsto para la zona mixta a la zona no vascófona”.

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Conocido el dictamen, la consejera de Relaciones Institucionales del Gobierno foral, Ana Ollo, ha afirmado “no compartir” el cuestionamiento que el Consejo de Navarra hace de determinados puestos bilingües y la valoración del euskera como mérito para poder acceder a la Administración pública. "No compartimos que se pondere el euskera sin contar con el contexto global", ha señalado Ollo, quien ha rehusado concretar si el Ejecutivo de Barkos modificará el contenido del texto para ajustarse a las recomendaciones de este órgano consultivo. A este respecto, se ha remitido a un análisis “más pausado y completo” del dictamen para decidir qué medidas se adoptan, aunque ha dejado claro que la aprobación del decreto llegará en “no mucho tiempo”.

UPN y PP han exigido al Gobierno foral que retire el decreto tras este dictamen, si bien el Ejecutivo de Barkos pretende aprobarlo en "no mucho tiempo"

Desde la oposición, UPN y el Partido Popular de Navarra han exigido la retirada del decreto. El presidente de UPN, Javier Esparza, ha asegurado que el dictamen del Consejo de Navarra "nos da la razón cuando afirmamos que el decreto impone el bilingüismo, que no respeta la realidad sociolingüística de Navarra y que, si se aprobaba este decreto, muchos navarros que no hablan euskera iban a tener muy difícil trabajar en la Administración, especialmente de la Ribera y de la zona mixta". Según ha denunciado, el texto "contraviene la legalidad” y "va contra la igualdad de oportunidades de todos los navarros”. Por su parte, la presidenta del Partido Popular de Navarra, Ana Beltrán, ha asegurado que la “oposición” del Consejo de Navarra al decreto foral “es una muestra más de que es un decreto injusto, quizás incluso anticonstitucional, pues supone una discriminación de las personas castellanoparlantes de Navarra, que son la inmensa mayoría”.