en la comisión de derechos humanos del Parlamento vasco

El PSE exige a Sánchez acercar a los presos once días después de su toma de posesión

Los socialistas vascos se suman a las fuerzas nacionalistas y avalan una propuesta para exigir al Gobierno una “nueva política penitenciaria” que acabe con las “medidas excepcionales de aislamiento”

Foto: Reunión de la comisión de Derechos Humanos en el Parlamento vasco. (EC)
Reunión de la comisión de Derechos Humanos en el Parlamento vasco. (EC)

Los socialistas vascos apenas han tardado once días desde la toma de posesión de Pedro Sánchez en demandar a nivel institucional al nuevo Gobierno el acercamiento de los presos de ETA a cárceles próximas a sus domicilios. El PSE se ha sumado este miércoles al PNV, EH Bildu y Podemos en el Parlamento vasco para exigir al Ejecutivo español una “nueva política penitenciaria” que “evite un cumplimiento de penas privativas de libertad lejos de los lugares de arraigo social y familiar” y que acabe con las “medidas excepcionales de aislamiento”.

No es la primera vez que los socialistas vascos avalan en la Cámara de Vitoria una política penitenciaria más flexible de acuerdo a "los nuevos tiempos", con las armas de la banda terrorista silenciadas desde 2011, si bien se trata del primer posicionamiento con la gestión de Prisiones en manos del nuevo Ejecutivo del PSOE, por lo que tiene un fuerte contenido simbólico. Su reclamación llega con Pedro Sánchez recién instalado en La Moncloa. El presidente del Gobierno tomó posesión de su cargo el pasado 2 de junio y desde las filas del PSE ya le han puesto deberes a corto plazo con la exigencia de modificar una política penitenciaria de alejamiento de los presos de ETA con la que está en “desacuerdo”.

El PSE es partidario de transferir la competencia de Prisiones al País Vasco y, de hecho, otorga carácter “prioritario” a lograr la que es una histórica reivindicación nacionalista en el acuerdo de gobierno suscrito con el PNV. En este acuerdo se reclama un total de 37 transferencias que “quedan pendientes de materializar” para completar lo recogido en el Estatuto de Gernika, con Prisiones y la gestión del régimen de la Seguridad Social como objetivos inmediatos. A este respecto, el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ya se ha puesto en contacto telefónico con la ministra de Administraciones Públicas, Meritxell Batet, para activar la negociación de cara a obtener estas dos competencias. Para ello, el gabinete de Iñigo Urkullu confía en que los socialistas vascos hagan presión en Madrid.

De momento, los socialistas vascos han consensuado con el PNV y Podemos en la comisión de Derechos Humanos del Parlamento una enmienda de adición a una propuesta original de EH Bildu que defiende que la modificación de la política penitenciaria se sustancie en la “individualización” y el “reconocimiento del daño causado”. La coalición ‘abertzale’ se ha sumado finalmente a esta propuesta que reclama a los presos de ETA que den pasos de forma individualizada para lograr beneficios penitenciarios. El reconocimiento del daño causado, según ha querido precisar el líder de la antigua Batasuna, Arnaldo Otegi, es algo asumido desde “hace tiempo” por el colectivo de presos y por la izquierda ‘abertzale’. En todo caso, la inclusión del "reconocimiento del daño causado" fue el motivo que esgrimió EH Bildu hace un mes para impedir que saliera adelante una declaración institucional con motivo de la disolución de ETA. Entonces, defendió que estas cuestiones se deben abordar en la Ponencia de Memoria y Convivencia de la Cámara.

EH Bildu respalda que los cambios en la política penitenciaria se sustenten en el reconocimiento del derecho causado por parte de los presos de ETA

La parlamentaria socialista Rafaela Romero ha rechazado que el acercamiento de los presos suponga una “rendición” del Estado de Derecho ya que “cumplir la ley nunca lo es” sino que es “pasar de la excepcionalidad al tratamiento ordinario”. Romero ha defendido que no se actúe con los presos de ETA desde la “venganza” y ha incidido en que se ha abierto “otra época” en la que es necesario dar “pasos importantes”. A este respecto, ha pedido que los gobiernos español y vasco trabajen con “complicidad” de cara a flexibilizar la política penitenciaria. Los socialistas vascos avalan la propuesta de los ejecutivos de Iñigo Urkullu y de Uxue Barkos de articular un grupo de trabajo con el Gobierno español para abordar la situación de los presos de la banda terrorista.

El PP ha sido el único partido que se ha opuesto a esta iniciativa, presentada por EH Bildu a raíz de que el pasado 6 de marzo el preso de ETA Xabier Rey fuera hallado muerto en su celda de la prisión gaditana de Puerto III. El parlamentario popular Carmelo Barrio ha denunciado que en la propuesta no se haya incluido la exigencia a los etarras encarcelados de que colaboren con la Justicia para poder resolver los cerca de 400 crímenes que aún continúan por resolver. Además, ha reprochado al PSE que defienda los “atajos” en la Justicia, la cual “no es una cuestión de nuevos escenarios”.

Visita a los políticos catalanes presos

La comisión de Derechos Humanos también ha abordado la situación de los políticos independentistas catalanes que están en prisión por su papel en el desafío soberanista del Govern para exigir su “inmediata” puesta en libertad. El PSE se ha desmarcado de esta propuesta, que ha salido adelante con el voto del PNV, EH Bildu y Podemos. Los tres grupos han avalado además que una delegación de esta comisión acuda a visitar a los políticos encarcelados a sus respectivas cárceles para “estudiar su situación y comprobar si se respetan sus derechos fundamentales”. Tanto el PSE como el PP han censurado la "injerencia" del Parlamento vasco en el Poder Judicial.

Al debate han asistido la presidenta de la Asociación Catalana de Derechos Civiles, Meritxell Lluis, y la secretaria de esta entidad, Diana Riba. Una vez concluida la votación, Lluis, pareja del ex conseller Josep Rull, y Riba, de Raúl Romeva, han agradecido el apoyo y la solidaridad del Parlamento vasco con los políticos catalanes que se encuentran en prisión, flanqueadas por los dirigentes de EH Bildu Jone Goirizelaia y del PNV Iñigo Iturrate. "No hay ningún elemento objetivo para mantener la prisión preventiva y el alejamiento de las familias", han censurado.

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