El abogado adalid de la violencia de género, a juicio por romper la orden de protección

El abogado Miguel Alonso Belza, imputado por supuesto maltrato habitual a su excompañera sentimental, va a ser también juzgado por un delito continuado de quebrantamiento de la orden de protección dictada como medida cautelar a favor de la presunta víctima después de que la Audiencia Provincial haya ordenado de forma definitiva la continuación del procedimiento y la celebración de un juicio por estos hechos.

La Sección Tercera de la Audiencia de Guipúzcoa ha confirmado "íntegramente" el auto dictado por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de San Sebastián que acordó seguir las diligencias previas abiertas por quebrantamiento de forma continua de la orden de protección, al desestimar el recurso de apelación presentado por la defensa de Belza en una sentencia contra la que no cabe impugnación. De este modo, quien fuera adalid en el País Vasco de la lucha contra la violencia de género a nivel judicial y mediático se enfrentará a una posible segunda condena, al margen de la pena que le puede ser impuesta por la causa principal que se sigue contra su persona por maltrato y acoso en el ámbito de la violencia machista. Por estos hechos, la Fiscalía solicita 10 años de prisión como presunto autor de un delito de maltrato habitual, cinco de maltrato no habitual, uno de lesiones y otro de coacciones leves hacia su excompañera sentimental, después de que ella le comunicara en agosto de 2015 su intención de romper la relación que habían iniciado medio año antes.

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Belza, quien fuera un reconocido abogado del turno de oficio de Violencia sobre la Mujer de Guipúzcoa hasta que fue retirado "cautelarmente" del mismo a raíz de su imputación por un presunto delito de maltrato habitual a su expareja, representó a la familia de Nagore Laffage en el juicio por el asesinato de esta joven de Irún durante los Sanfermines de 2008 —el autor del crimen, Diego Yllanes, se encuentra ya en libertad condicional tras ser condenado a 12 años y medio de prisión por homicidio—. Asimismo, ha sido profesor de Derecho Penal en la Universidad del País Vasco y ha llevado numerosos casos penales en Guipúzcoa.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer dictó el 16 de enero de 2017 una orden de protección a favor de la expareja sentimental de Belza, a quien se le impuso la prohibición de aproximarse a la denunciante a una distancia inferior a 100 metros, a su domicilio, lugar de trabajo y lugares frecuentados por ella de modo habitual, así como también la prohibición de comunicarse por cualquier tipo de medio. A pesar de ser “plenamente consciente” de la vigencia de estas prohibiciones judiciales, al letrado se le acusa de haber llamado en cuatro ocasiones a su expareja desde diferentes cabinas telefónicas de San Sebastián —ciudad de residencia de ambas partes—, en las que realizaba “varias y consecutivas manifestaciones de amor” en francés, así como de comunicarse con la víctima a través del procurador de ella en la causa.

Se acusa a Belza de haber llamado cuatro veces a su expareja desde diferentes cabinas telefónicas para realizar "manifestaciones de amor" en francés

A esta persona le pidió que le transmitiera de forma expresa a la denunciante mensajes como “dile que sigo enamorado de ella, que la quiero mucho y que me iría con ella a cualquier parte” o “dile que me ha hecho mucho daño, que ya he dejado mi puesto en el Colegio de Abogados y que me han obligado a dejar otro puesto en la ONU, que me está haciendo mucho daño”. Incluso, Belza le llegó a enviar mensajes telefónicos vía WhatsApp, con textos tales como “dile que la quiero”, según se acredita en la sentencia dictada en noviembre de 2017 por el mismo Juzgado de Violencia sobre la Mujer de San Sebastián que ahora ha ratificado la Audiencia de Guipúzcoa para ordenar la celebración de un juicio por estos hechos.

El tribunal considera que de los datos resultados de las diligencias de investigación “resulta razonable inferir, al menos indiciariamente y sin perjuicio de lo que se haya de dilucidar tras el enjuiciamiento de los hechos denunciados, la existencia de un delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar”. Según sostiene, existe “base indiciaria de suficiente intensidad” para ordenar la continuación del procedimiento y la celebración del juicio.

Hay "base indiciaria de suficiente intensidad" para ordenar que haya juicio por un delito continuado de quebrantamiento de la orden de protección

La Audiencia Provincial señala que en la resolución recurrida por Belza se “desgranan y explicitan de manera rigurosa y pormenorizada los fundamentos en los que se asienta” la “imputación objetiva” del letrado. Desmonta así los argumentos de la defensa de Belza, que aseguraba que no había “ninguna prueba testifical contundente” que corroborara que su cliente fuera el que efectuaba las llamadas telefónicas, máxime cuando “desconoce el idioma francés”. Sin embargo, la denunciante aportó diversas pruebas que acreditan que el denunciado conoce esta lengua, entre ellas mensajes telefónicos del investigado en los que reconoce haber leído un poema en francés o una grabación en la que Belza recibe instrucciones de vuelo en este idioma, tal y como remarca el tribunal.

La sentencia de la Audiencia de Guipúzcoa, fechada el 9 de abril, también apela que la mujer “reconoce la voz” del acusado en las grabaciones, lo que constituye un dato que “por sí solo ya bastaría para legitimar la imputación”. “Resulta plenamente verosímil que reconozca por la voz de la que fue su pareja afectiva”, expone. Además, el auto alude a que en una de las llamadas el varón mencionó el libro ‘El Principito’, lo que “confirma” que se trataba de Belza, ya que “sabía que era uno de los libros preferidos de la denunciante”.

El procurador de la mujer transmitió a su defendida en tres ocasiones los mensajes que le hacía llegar Belza "con indicación expresa de que así lo hiciera"

Asimismo, el tribunal incide en el presunto quebrantamiento de la prohibición judicial cautelar de comunicarse por cualquier medio con la denunciante a través del procurador de ella, quien en tres ocasiones transmitió a su defendida los mensajes que le hacía llegar Belza “con indicación expresa de que así lo hiciera”. Estos mensajes no solo evidencian su “deseo, voluntad e intención de entablar contacto con la denunciante y de hacerle llegar sus manifestaciones amorosas” sino que además “refuerzan la provisional afirmación de que las llamadas las efectuó el investigado por proximidad de las fechas y por su propio contenido, ya que en definitiva el investigado trataba de hacer llegar” a la presunta víctima “sus aspiraciones y manifestaciones de índole afectiva”.

El procesamiento por un delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar se suma a la causa principal abierta contra Belza por supuestos malos tratos continuados. El letrado, que se significaba por sus contundentes intervenciones en medios de comunicación contra la violencia de género y los maltratadores —son seres “abominables”, llegó a declarar—, protagonizó “numerosos episodios de agresividad física, psíquica y ambiental” hacia su expareja, según se refleja en el auto del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de San Sebastián, que hace un relato pormenorizado de las supuestas agresiones cometidas y que le dejaron secuelas físicas y psicológicas: “Se le ha encarado, le ha gritado a la oreja y a la cara, la ha agarrado de las solapas empujándola contra la pared o lanzándola al suelo o al sofá, la ha agarrado del cuello, de los brazos, de las muñecas, la ha propinado patadas, la ha escupido, la ha agarrado del cabello, arrastrado, apretado la mano…”.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer relata las agresiones: "La ha empujado contra la pared o lanzado al suelo, propinado patadas, escupido..."

En este sentido, la Fiscalía incide en su escrito de acusación que el imputado mantuvo un actitud “autoritaria y agresiva” hacia la mujer una vez que le comunicó su intención de acabar con la relación que mantenían con el objetivo de “doblegar su voluntad” para que “continuara su relación”. El Ministerio Público detalla diferentes episodios violentos cometidos a lo largo de 2016, como en el domicilio de su exnovia, en un hotel donostiarra o en unas vacaciones en Francia, que provocaron en la supuesta víctima “una situación de gran temor hacia el encausado”. Todos estos hechos motivaron que se dictara en enero de 2017 un auto de orden de protección de la presunta víctima respecto de quien es miembro de honor del Instituto Vasco de Criminología, que ahora tendrá que ir a juicio por quebrantar esta medida cautelar.